Por Dalila Tealdi. Licenciada en Comunicación Social – UNLP. Integrante de RESET
La madrugada del 16 de abril de 2016, cinco personas murieron durante el evento Time Warp, en Costa Salguero, Buenos Aires. Lo hicieron prácticamente a la misma hora, entre las 6 y las 6 y media de la mañana, no tenían más de 25 años. El predio estaba preparado para recibir a 13.000 personas, pero esa noche ingresaron más de 20.000. Las condiciones de hacinamiento, la falta de agua, la desinformación, la falta de profesionales de la salud para abordar consumos problemáticos y el consumo de una sustancia adulterada fueron las causas de los decesos y de la internación de otras cinco personas.
No hay desinformación sin negación; ni droga adulterada sin mercado clandestino; ni abordajes erráticos sin políticas de salud pública nulas sobre los consumos problemáticos; ni hacinamiento o falta de agua sin un estado que controle a los privados y les exija cumplir con las leyes y reglamentaciones. No habría consumo de droga contaminada sin una política de reducción de riesgos y daños que testee las sustancias, eduque en su consumo y prevenga cualquier problemática que pueda devenir de su mal uso. Porque si vamos a hablar de “buenos y malos”, no adjetivemos a la sustancia en ello que nada puede hacer para cambiar su forma. En cambio, una práctica, sí puede hacerlo, siempre y cuando se eduque al respecto.
No se trata de apología, sino de aceptación. No educamos en el uso de las sustancias porque nos parece bueno que se haga, sino que entendemos que va a consumirse de igual forma y que lo mejor es hacerlo con toda la información necesaria que cuide de nuestra salud frente a una práctica que no es inocua. Brindar toda la información basada en evidencia científica que tenemos al alcance de nuestras manos es uno de los caminos más llanos para la prevención. Ocultarla, tergiversarla y negarla es poner en jaque la vida de las personas usuarias de drogas ilegalizadas. Quitar la sustancia, prohibirla, negar la información y/o evitar la aplicación de políticas que garanticen la salud y la libertad de las decisiones de las personas usuarias, dejó de ser alternativa.
Algo pasó después de Time Warp. La tragedia no sólo hizo que las empresas organizadoras cumplan, al menos, con los requisitos mínimos para la realización de sus eventos, sino que los grupos sociales más vinculados a los consumos de sustancias ilegalizadas comiencen a preocuparse por su salud, por la de sus amigxs y, por tanto, comiencen a informarse y educar respecto al uso de estas sustancias. Es así como nacieron distintas organizaciones -además de las que ya venían trabajando- enfocadas en construir una política de drogas que sea más respetuosa de los derechos humanos de las personas usuarias. Quizás este sea uno de los motivos por los cuales las muertes relacionadas al consumo de estupefacientes y sustancias de uso indebido (Informes SEDRONAR, 2017, 2018, 2019), hayan disminuido -salvo con un aumento en 2017-, pero probablemente no sea lo único.
Dos aclaraciones respecto a esto, por un lado, el informe del año 2019 fue el último en publicarse, pero podemos mencionar algunos casos de muertes vinculadas al consumo de sustancias que resonaron en los medios de comunicación, y que dan cuenta de la necesidad de seguir construyendo una política más eficaz, entre otras: las 24 personas fallecidas en febrero de 2022, el fallecimiento de una joven de 28 años tras consumir éxtasis ese mismo año o, en enero de 2024, la muerte de una joven de 26 años en Mar del Plata por intoxicación luego de consumir una sustancia psicoactiva. Por otro lado, dichos informes distinguen entre mortalidad directa e indirecta relacionada al consumo de sustancias legales o ilegalizadas, entendiendo que los consumos están atravesados por otros condicionantes y que el consumo de determinada sustancia no siempre es la causa directa de la muerte.
Recientemente, la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas (CND) cambió su postura tradicional para apoyar las políticas enfocadas en reducir los riesgos y daños asociados al consumo de drogas. Esto se da en un contexto de crecimiento de las muertes por consumo de sustancias ilegalizadas -principalmente, en Estados Unidos y Canadá que atraviesan la crisis de los opioides iniciada en los 90 y que ya supera el medio millón de muertos- y de aumento de la criminalización y violencia vinculadas al narcotráfico y la falsa lucha contra este en distintos países.
¿Qué significa esto para Argentina? Puede significar, por ejemplo, que el Plan Integral para el Abordaje de los Consumos Problemáticos (Plan IACOP) aprobado con calidad de ley (26.934) en 2014, comience efectivamente a ser aplicado y deje de estar archivado. Diez años después de su sanción tenemos la oportunidad y el aval internacional para incorporar el modelo de reducción de daños, tal y como se plantea en su art. 10, entendiéndose como “aquellas acciones que promuevan la reducción de riesgos para la salud individual y colectiva y que tengan por objeto mejorar la calidad de vida de los sujetos que padecen consumos problemáticos, disminuir la incidencia de enfermedades transmisibles y prevenir todo otro daño asociado, incluyendo muertes por sobredosis y accidentes”.
Es lamentable que estas tragedias ocurrieran mientras ya existían leyes en nuestro país que permitían abordajes preventivos y de reducción de riesgos y daños. A 8 años de la tragedia de Time Warp, los activos para testear sustancias continúan ilegalizados, el Plan IACOP sigue cajoneado y cualquier intento de informar y educar a la población acerca de la reducción de riesgos y daños es criticado en la mayoría de los medios masivos de comunicación. Frente a los desafíos y oportunidades desencadenados por los recientes cambios en la CND, como se repite en el final de cada nota, no esperemos a que las muertes vinculadas al uso de sustancias vuelvan a ser noticia. Debemos informarnos, educarnos y exigir la aplicación de una política de drogas respuosa de los derechos humanos.