Por Fernando Salvador y Alejandro Miguez
Edición periodística: Fabio Ramos
El asesinato de un candidato presidencial y la toma de un canal de televisión pusieron a Ecuador en la mirada internacional por la compleja situación de seguridad en la que se encuentra. Estos hechos son el resultado de un proceso de avance de la violencia ligada al narcotráfico, a las condiciones económicas pauperizadas y la exportación de cocaína bajo la pantalla de empresas de bananas. Para comprender las razones que llevaron a este contexto sin caer en explicaciones lineales, desde Reset – Política de Drogas y Derechos Humanos entrevistamos a Jorge Paladines, abogado ecuatoriano especializado en la temática.
En Ecuador, en las últimas semanas, han ocurrido hechos de violencia que visibilizaron los grandes problemas de seguridad que asolan al país desde hace más de un lustro. La administración de Daniel Noboa (que viene a completar el gobierno de Guillermo Lasso) determinó, frente a esta situación, la militarización del conflicto sindicando a 22 organizaciones criminales como terroristas. Sin embargo, este proceso no ocurrió de un día para el otro: la crisis económica y social producida por las últimas dos gestiones neoliberales, el desmantelamiento del Estado y la política de dolarización han vuelto al país una pieza atractiva para las economías clandestinas. En este contexto, desde Reset entrevistamos a Jorge Paladines para analizar la situación en contexto, para reconocer las particularidades de la gestión y de las dificultades que se encuentran en un país que en menos de una década pasó de ser uno de los más seguros de la región a tener los números más altos.
Para comenzar, la pregunta giró en torno a la política económica. En Argentina, el presidente Javier Milei propuso durante su campaña electoral una serie de medidas destinadas a solucionar el problema de la inflación, entre ellas la dolarización. En Ecuador dicha medida se implementó hace veinte años y actualmente está en el ojo de la tormenta ya que, según su presidente Daniel Noboa, facilita el lavado de activos y, a su vez, dificulta la trazabilidad de los dólares que se obtienen en las economías clandestinas.
Reset: ¿Qué dificultades produce la política económica ecuatoriana en la lucha contra las organizaciones criminales?
Jorge Paladines: Con respecto a la dolarización, hay muchos estudios que reflejan la relación entre esta política y el lavado de activos a nivel internacional, entre ellos los de Peter Reuter (ganador del Premio Estocolmo de Criminología que otorga el estado de Suecia a los investigadores), cuyos trabajos hablan sobre el del blanqueo de capitales. Allí destaca no sólo el papel del dólar, sino el de la política económica como un mecanismo de coordinación que facilita no solamente el intercambio de economías lícitas, sino también ilícitas. Porque la moneda en la que se paga, por ejemplo, el precio de la plusvalía de la cocaína es el dólar; no se paga todavía a nivel internacional en yuanes a la mafia italiana ni a los carteles colombianos (o, en este caso, a las bandas criminales en Colombia). Entonces, el dólar per se cómo moneda no es un instrumento de economías ilícitas, pero las facilita. Las facilita cuando hay instituciones débiles, y señala concretamente en sus libros Reuter el caso de Ecuador.
Reset: ¿Cómo explicaría el concepto de instituciones débiles?
JP: Instituciones débiles significa -por ejemplo- estados que fueron desmantelados en sus políticas no sólo de seguridad, sino que tienen una ausente persecución -o deficiente persecución- sobre el lavado de activos. Esto se llama triangulación de capitales. Recordemos que el expresidente banquero Guillermo Lasso fue denunciado por las fuerzas políticas de tener dinero en paraísos fiscales, en guaridas fiscales. Y esto, conforme a los requisitos para ser candidato a la presidencia, está textualmente prohibido, entonces, esto quiere decir que -eventualmente- ha mentido, había cometido fraude para ser candidato al tener dinero en guaridas fiscales. Esto solo para poner un ejemplo de cómo se generan los problemas de triangulación, esto no es solamente un fenómeno complejo de dimensionarlo en términos criminológicos, sino en términos de la investigación penal porque además hacen falta tipos penales. No solo hace falta competencias para un fiscal, sino también para un economista que se pueda prestar para hacer peritajes en la materia.
Reset: ¿Cuándo comenzó a darse este escenario en el país?
JP: Desde el año 2000 Ecuador cambió su política económica del sucre al dólar, importando el dólar de los Estados Unidos como moneda de circulación nacional. Entonces, eso quiere decir que para todas las transacciones el dólar es la moneda oficial y esto sin duda se convirtió en una herramienta apetitosa para las organizaciones criminales -por ejemplo, de Colombia- porque les facilita la coordinación con los carteles mexicanos. Simplifica la coordinación de grandes flujos de capitales. En Ecuador han sido incautadas muchas avionetas provenientes de México cargadas de millones de dólares, no de pesos mexicanos, no de lingotes de oro: de millones de dólares. Lo que quiero dejar en claro es que al poner al dólar como moneda de circulación nacional importada de los Estados Unidos (de la que depende de factores como por ejemplo el Producto Interno Bruto), la política económica ya no la decide el Estado de Ecuador (o en el caso argentino en caso de tener dólar); ya depende de una decisión macroeconómica. Esto ha facilitado las transacciones de las organizaciones -como ha ocurrido en Ecuador-, porque además está el factor adicional de que se debilitó al Estado; hay entonces un estado achicado, débil, con pobres instituciones, infiltrado por el narcotráfico, con cantidades de dinero inconmensurables (porque los diferentes estudios sobre la rentabilidad que tiene la economía criminal basada en las drogas ni siquiera logran tener un consenso).
Reset: ¿De qué cifras estamos hablando?
JP: Ya las Naciones Unidas no reportan eso. Los últimos estudios hablaban entre 84.000 y 140.000 mil millones de dólares. Esa es la estimación de la renta anual, es decir, el producto delictivo bruto anual de estas economías criminales basadas en la provisión de las drogas. Entre esas, por supuesto, la que genera mayor plusvalía es la cocaína. Hay que sacar los costos de producción, las pérdidas (en el caso de las incautaciones de los cultivos ilícitos de países como Colombia, Perú, Bolivia), pero todo esto ha ido in crescendo; frente a esta oleada de crecimiento de las economías ilícitas, de los cultivos, del nuevo rol de las organizaciones criminales, del debilitamiento del Estado y de la estructura social de oportunidades en Ecuador, el dólar se convirtió en un factor que genera una especie de talón de Aquiles en la economía. Es decir, el achicamiento del Estado -por un lado- y el dólar como política económica -por el otro- son la fórmula para volver más atractiva la presencia de organizaciones criminales.
“Ese reaparecer del enano fascista es un peligro para América Latina”
Pero Ecuador no sólo tiene el problema de la dolarización. La administración de Noboa, como buena parte de las derechas neoliberales del continente, tiene la agenda de la mano dura que toma como mascarón de proa el modelo del presidente salvadoreño Nayib Bukele. La cuestión es que traspolar una experiencia sin contexto, además de ser demagógico, es peligroso por el desconocimiento de la realidad de cada país. Paladines nos responde sobre la situación ecuatoriana, que tuvo en los últimos años una gran cantidad de tragedias carcelarias.
Reset: ¿Qué implica esto teniendo en cuenta que con estas ideas lo que hacen es desviar la atención sobre las consecuencias del modelo económico que se desarrolló luego del gobierno de Correa?
JP: Creo que en los últimos años se han generado matices que diferencian entre manodurismo y supermadurismo (o megamanodura). El caso de El Salvador es una estética del castigo, representada por las imágenes de personas detenidas que se muestran en calzoncillos, que exhiben sus tatuajes, que definen la peligrosidad contenida trasrejas en condiciones infrahumanas… que es lo que despierta también una especie de criptofascismo (como decía Theodor Adorno) en la sociedad, que quiere ver a los delincuentes tatuados en calzoncillos, sin agua, sin comida, sin posibilidades de ver el sol. Entonces, ese reaparecer del enano fascista -que incluso en Argentina lo define muy bien el sociólogo Daniel Feierstein- es un peligro para América Latina, porque nos vuelve a las épocas donde se reivindicaba a las dictaduras militares, se reivindicaba las persecuciones a estudiantes, a comunistas…
Reset: ¿En qué años se ubica dicho contexto atravesado por Latinoamérica?
JP: Fue durante aquel tiempo de la doctrina de Seguridad de los años 60, que se reflejó en feroces dictaduras en el Cono Sur. Ese modelo de cárceles bajo el esquema de súper mano dura es el de un estado fascista, policial, autoritario, que no quepa la menor duda. Y que seduce -y en esto quiero subrayar- hasta las mentes más lúcidas; es decir, seduce incluso hasta al progresismo, hasta a la izquierda, que cree en alguna medida que el modelo de El Salvador es un modelo de estado que hay que imitar porque se recupera el Leviatán. Por ahí, no va. Porque entre que el estado caiga en manos del narcotráfico (y se convierta en un narcoestado) y el estado fascista, autoritario, policial, simplemente está la ruptura del estado de derecho. Es decir, hay poco trecho; en realidad, sólo hay un peldaño. Durante el gobierno de Correa, se implementó una política de construcción de cárceles al estilo estadounidense y eso es discutible, porque se creía que modernización también es sinónimo de detenciones en espacios -valga la redundancia- modernos, tecnificados, pero también masivos. El problema es la masividad, y esto tiene que ver con las cárceles regionales de Latacunga en la sierra norte, la cárcel de Turi en la sierra sur y la Casa Regional de la costa en Guayaquil. Más allá de la discusión sobre el modelo masivo de prisionización (en esto tiene mucho que ver Estados Unidos, el modelo The Tower de Los Ángeles, California). Durante el gobierno de Correa hubo, si, una contención de la criminalidad en el sentido de que los grandes líderes del crimen organizado en Ecuador estaban privados de libertad; de eso no cabe la menor duda y eso, paralelamente, redujo la tasa de homicidios hasta llegar a los 2016 en 5,8 cada 100 mil habitantes. Cuando Correa tomó el gobierno estaba más o menos en 18 cada 100 mil habitantes, la redujo a 5,6; eso generó también caminos de fortalecimiento de las agencias de seguridad. Pero más allá de que los ex ministros del aparato de la seguridad se ufanen de que fue su inteligente persecución del delito lo que redujo la criminalidad, en el fondo fue la estructura social que generó el gobierno de Rafael Correa con la inversión pública en salud, en educación, en política sociales, en construcciones o en infraestructura vial (por ejemplo, en lugares donde remotamente había siquiera una carretera construyó autopistas). El gobierno de Rafael Correa fue un gobierno que devolvió el estado social de derecho al Ecuador. Y eso fue lo que le quitó el reclutamiento a las organizaciones criminales, además de que sus líderes estaban privados de la libertad. Pero el modelo de encarcelamiento que sucede en Ecuador después del gobierno de Rafael Correa es un gobierno que coincide con el debilitamiento del estado.
Reset: ¿En qué se vinculan o diferencian la crisis carcelaria y la violencia que vive hoy la sociedad en general?
JP: Una cosa son las causas de la violencia en Ecuador y otra cosa es el epicentro, que radica precisamente las masacres carcelarias, que se dan desde el año 2019 (desde finales de 2018, en realidad). Éstas radicalmente se reflejan desde la primera gran masacre de fines de febrero del año 2021. De ahí en adelante estamos dando una cuenta de 60, 70, 100 personas asesinadas, descuartizadas, desmembradas, incineradas; es decir, con signos de violencia extrema en las prisiones ecuatorianas. Desde el 2021 hasta 2023, un poco más de 600 personas descuartizadas en las cárceles de Ecuador; es un fenómeno que -sobre todo el gobierno del banquero Guillermo Lasso- se trató de reducirlo a una riña entre bandas que no iba a trascender a la sociedad. Esa violencia carcelaria, como consecuencia de la toma de las prisiones por parte de organizaciones narcotraficantes en el Ecuador, se trasladó a las calles. Con lo cual se invierte la lógica y -como lo sostengo en un libro que hice- no es la cárcel el reflejo de la sociedad, sino la sociedad es el reflejo de la cárcel; es decir, la cárcel configuró un nuevo orden social en el Ecuador.
Reset: ¿Cómo ocurrió ese proceso?
JP: Las cárceles fueron tomadas por el narcotráfico, y como dijo el propio ex director del área -cuando estaba administrándolas, supuestamente- las cárceles están tomadas, gobernadas por la delincuencia; me refiero a Fausto Cobo, a una declaración que hizo en el año 2021 cuando ya era gobierno Guillermo Lasso. Entonces, las cárceles sin inversión pública, con el desmantelamiento del Ministerio de Justicia (que era el Ministerio de Cárceles), con la reducción significativa del presupuesto para prisiones (de 190 a menos de 80 millones de dólares por año en gasto corriente y en gasto de inversión), con la falta de profesionalización y la falta de ampliación del personal penitenciario… las cárceles, poco a poco, se convirtieron en laboratorios de las organizaciones criminales de donde no solamente reclutan, sino que dirigen el delito desde ahí. Al punto que su gran líder manejó todos sus contactos, sus redes desde la cárcel; estoy hablando de Fito, que recientemente su familia fue deportada de la Argentina. Entonces, las cárceles explican muchísimo el epicentro de la violencia en Ecuador, los gobiernos de Lenin Moreno, los gobiernos de Guillermo Lasso, no prestaron -en el sentido más favorable a la interpretación- la atención suficiente a las prisiones y esto generó grados de connivencia entre las organizaciones criminales y los agentes de seguridad penitenciarias, policías y militares para el ingreso de armamento letal, armamento de uso militar, granadas, bazucas, fusiles y -por supuesto- privilegios dentro de las penitenciarías para los grandes líderes, capos de las drogas en Ecuador.
“Esto se resuelve con Sherlock Holmes, no se resuelve con Rambos”
Ecuador tiene una serie de particularidades con respecto a los demás países de la gestión. No tiene una administración federal (con lo cual las políticas de seguridad son de difícil articulación) y en las gestiones posteriores a Rafael Correa se realizaron reformas que tuvieron consecuencias que ahora se visibilizan con la crisis carcelaria. Paladines responde sobre esas cuestiones (sobre las que escribió) y sobre la decisión del gobierno de Noboa de eliminar la política de umbrales.
Reset: Hace tres años lo entrevistamos por las reformas (la eliminación del Ministerio de Justicia y la descentralización/municipalización de la seguridad) que se habían realizado durante el período de Lenin Moreno, ¿cuáles son las consecuencias que se produjeron por las medidas implementadas por el expresidente y después continuadas por Lasso?
JP: Supuestamente, en un país que no es federal como Ecuador hay un doble estándar: cuando le conviene al gobierno central apela a enjuiciar moralmente a los municipios, a los gobiernos autónomas descentralizados, que no colaboran y cooperan con la seguridad; pero también cuando le conviene monopoliza la seguridad y dice: “la seguridad tiene como centro el Estado, por lo tanto, no se puede compartir los temas de seguridad con los municipios”. El COOTAD (que es el código de organizaciones territoriales, en este caso de gobiernos autónomos descentralizados en Ecuador) en la ley principal habla de una cooperación en materia de seguridad; esto no quiere decir que los municipios tengan potestades de policía, no, pero tienen policías municipales y también tienen que participar en las lógicas locales de la seguridad ciudadana. El Estado ecuatoriano tiene solo una policía, es una policía nacional; eso no quiere decir que los municipios tengan su propia policía, pero los municipios tampoco pueden desentenderse de la seguridad, en el sentido de construir la política pública. Eso en el Ecuador es un desastre: los grandes municipios, los metropolitanos, que solo hay dos, Quito y Guayaquil, tratan de colaborar con lo que pueden, con los presupuestos reducidos; al día de hoy, incluso el gobierno de Daniel Noboa le debe presupuesto a los municipios; no tienen cómo financiarse los gobiernos autónomos descentralizados su gestión, la construcción de obras… hay una crisis en el Ecuador de financiamiento para los gobiernos autónomos descentralizados… incluso hay una crisis para el pago de sueldos de servidores públicos: estoy hablando de enfermeras, de médicos, de profesores. El gobierno acaba de decir que no tiene dinero para pagarles, va a pedir un préstamo para pagarle al servicio público. Esa es la tragedia del Ecuador, al punto que en la actualidad esta pregunta se empata con la propuesta para incrementar el Impuesto al Valor Agregado (IVA), es decir, el impuesto a los consumidores que se traduce en el impuesto al consumo al pueblo para financiar la guerra. Esto implica que los gobiernos autónomos descentralizados, en los hechos, están abandonados en los temas de seguridad. Prácticamente, hay un fenómeno territorial, un problema local de enclaves criminales que no ha podido ser resuelto con inteligencia, con sagacidad, por el Estado central.
Reset: La primera medida que tomó el actual presidente Noboa fue eliminar la ley de umbrales. ¿Cuáles son las consecuencias prácticas de esa decisión?, ¿y cuál es el balance de esa medida que se aplicó durante una década?
JP: El gobierno de Noboa emitió un decreto en el cual dispone que se eliminen los umbrales; todavía se no ha establecido en el Ministerio del Interior la figura, la herramienta, para eliminar de facto y de jure los umbrales. O sea, hay una disposición, un decreto, pero lamentablemente vinieron los hechos de violencia y esto quedó como en un stand by. La medida, sin duda, es inconstitucional porque esto viola una interpretación que hizo la Corte Constitucional -en el año 2019- que ampara la existencia de los umbrales como una política pública y le reconoce su constitucionalidad. A partir del artículo 364 que prohíbe la criminalización, es el único artículo de una constitución en América que reconoce el derecho y -sobre todo- que establece la prohibición de criminalización de usuarios de drogas como principio constitucional; no es una jurisprudencia, no es una ley local, no es una política pública. Está categorizado como garantía constitucional. Esto no tiene ninguna base, ninguna evidencia, y con esto me refiero al decreto del presidente que sostiene que los umbrales son las causantes del microtráfico, que son los causantes de la violencia en Ecuador… eso estaba dentro de los imaginarios sociales, que los manipuló discursivamente la derecha en Ecuador; concretamente, el partido social-cristiano y un par de expertos a la carta, psiquiatras que siguen sosteniendo que los umbrales aumentaron la violencia y el consumo. Entonces, fue una de las propuestas de campaña del presidente Noboa eliminar los umbrales y así lo hizo. Lo dispuso en un decreto, pero materialmente todavía el Ministerio de Interior no ha emitido las figuras jurídicas para definitivamente eliminar los umbrales y sustituirlos con otras que no se sabe cuál es.
Reset: En la entrevista anterior, planteó la necesidad de descolonizar a la policía sacándole el chip de la guerra contra las drogas y salir del paradigma punitivo. En este contexto de bukelización, ¿se puede pensar en esas mismas propuestas o se deben articular con otras que atiendan lo inmediato?
JP: En estos momentos, Ecuador está atravesando una posible intervención -en nombre de la cooperación bilateral- de los Estados Unidos. Esto para que militares estadounidenses estén en el Ecuador bajo distintas modalidades: sea por el intercambio, la cooperación en nombre de la Inteligencia, de la tecnología, la capacitación, como también la presencia militar; esto es lo que tiene que habilitar o no la Corte Constitucional en estas horas, en estos días. Es decir, hay un control de constitucionalidad de esos Convenios, que son dos concretamente, que fueron presentados por el gobierno -en los últimos meses de Guillermo Lasso- que la Corte tiene que decidir en estos días sobre su constitucionalidad. A mi modo de ver es inconstitucional, al menos si es que tiene que ver con presencia militar en las calles de países extranjeros. Porque tenemos un artículo, que es el artículo 5 de la Constitución, que prohíbe la implementación de bases militares extranjeras; políticamente muchos podrán leer que esto tiene una dedicatoria a algún país hegemónico del norte… bueno, más allá de las interpretaciones políticas, jurídicamente tiene que ver con la ocupación militar extranjera (sea incluso en nombre de la cooperación militar). Y eso está prohibido por el artículo 5, así que la Corte tendrá que interpretar esos convenios y recibir la cooperación con excepción de cualquier forma de ocupación, de marcha, de patrullaje de tropas extranjeras por las calles ecuatorianas en nombre de la guerra contra el terrorismo o el narcoterrorismo. Así que esta noción de descolonización también implica la construcción de agendas soberanas, y eso en estos momentos es mucho más difícil porque parecería que estamos regresando nuevamente a fortalecer la guerra contra las drogas. Yo creo simplemente que acá hay un error, no solamente en la definición de guerra. Ecuador no está atravesando una guerra, Ecuador tiene un grave problema de inseguridad que tiene que ser resuelto con inteligencia estratégica, con policías, con investigación, con judicialización de los criminales; nadie está diciendo que se genere impunidad, de ninguna manera, pero esto se resuelve con policías. Como dice Rodrigo Umprimny esto se resuelve con Sherlock Holmes, no se resuelve con Rambos.