Por Dalila Tealdi, Lic. en Comunicación Social – Integrante de RESET – Política de Drogas y Derechos Humanos
El 2 de febrero de 2022, 24 personas murieron y más de 80 se intoxicaron al consumir cocaína adulterada en una localidad del conurbano de Buenos Aires ¿Es posible que una tragedia o accidente deje de generar sorpresa? Cuando las probabilidades de que suceda un hecho de estas características aumentan, sí, el efecto sorpresa disminuye. En su lugar aparece la bronca, la frustración y la desesperación ante la quietud de un Estado que, teniendo en sus manos el diario del lunes todos los días, decide no hacer nada o hacer muy poco.
Según el Informe anual sobre Drogas de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), el consumo de productos de cocaína en nuestra región, pero principalmente en nuestro país, va en aumento. En Argentina, la curva de crecimiento de consumo en personas de entre 15 y 64 años es constante tomando los informes de 2010 en adelante, como así también las consultas por consumos problemáticos relacionados a la cocaína en distintos establecimientos de salud.[1]
Los efectos del prohibicionismo ya se hicieron costumbre frente a una sociedad que decide consumir distintas sustancias y ante un mercado sin regulación que produce nuevas drogas cada año que pasan por distintas manos y que, todas esas manos, salvo las del último eslabón -usuarix- comparten el mismo interés: que el negocio sea redituable. Ante esto las drogas se van cortando con otras para estirar las partidas, vender más y que la renta funcione para toda la cadena. El beneficio: más dosis igual a más dinero. El costo: no se sabe qué se consume. El hecho: las personas lo consumirán igual. El Estado: sigue sin aplicar una política de drogas eficiente y opta por invitar a “no consumir” o a “descartar”. El interrogante siempre es el mismo, ¿cuántas muertes se necesitan para rever y cambiar la política de drogas en nuestro país?
El consumo de cualquier sustancia puede ser peligroso si no contamos con la información correcta para hacerlo y cuando se trata de sustancias ilegalizadas el riesgo es más alto. Para hacer la nota más ligera y pensando lo reiterativo que pueden sonar ciertos conceptos, propongo un breve glosario con palabras y expresiones que hacen a la política de drogas enmarcadas en el aniversario de este hecho.
Drogas: Según la Organización Mundial de la Salud, se trata de toda “sustancia que, introducida en un organismo vivo, modifica una o varias de sus funciones”[2], sean estas legales o ilegales, hecho que puede variar según decisiones políticas y sociales.
Uso de drogas: El consumo de sustancias psicoactivas cuenta con registros de al menos 5000 años, no se sabe con exactitud, pero pudo haber sido desde una fruta fermentada -ya en el siglo VII a.C. poetas griegos contaban las embriagadas aventuras de Dionisos, su dios del vino-, hasta plantas alucinógenas -que poseen esta condición para sobrevivir frente a las amenazas de los animales herbívoros, pero que la humanidad decidió también probar-.
Prohibicionismo: Paradigma que plantea la persecución de la oferta y demanda de drogas ilegales donde las personas usuarias son percibidas como desviadas de la sociedad y potenciales delincuentes. Los primeros indicios pueden verse durante las Guerras del Opio en el siglo XIX, pero su proclamación y aplicación a nivel global se dio en 1961 durante la Convención Única de Estupefacientes de las Naciones Unidas.
Reducción de riesgos y daños: Ante una sociedad como la nuestra, donde el uso de drogas legales o ilegalizadas no puede ser evitado de forma permanente ni transitoria, los programas de reducción de daños posibilitan la emergencia de políticas más tolerantes, promoviendo información sobre las sustancias, sus modos de uso, sus efectos y sus riesgos. Otras prácticas son la sustitución de sustancias, la entrega de equipos para consumo -como jeringas-, la creación de salas de consumo que acerquen a lxs usuarixs a espacios de salud donde estar más contenidxs, la entrega de naloxona para casos de sobredosis de opioides, entre otras según la necesidad de cada territorio. El año pasado, el municipio de Morón, hizo entrega de folletos informando a la juventud cómo consumir y cuáles son los efectos de algunas sustancias. Las reacciones de los medios y algunas poblaciones son conocidas.
Opioides: Sustancias naturales o semisintéticas que se unen a los receptores opioides de nuestro cerebro y al tracto intestinal. Pueden ser endógenas -producidas por nuestro organismo- o exógenas -externas e ingeridas-. En la escala de la analgesia, se los utiliza para tratar dolores agudos y crónicos. Consumir opioides sin conocer la dosis o combinarlos con otra sustancia, puede ser peligroso, causando vómitos, disminución de los latidos del corazón y la respiración, palidez, pérdida de la consciencia y hasta la muerte si no se recibe atención a tiempo. Algunos opioides son tanto o más fuertes que la morfina. Al ser similares en composición química a los opiáceos, son captados por los mismos receptores de nuestro sistema a nervioso central.
Carfentanilo: Opioide con una potencia 100 veces mayor al fentanilo -sustancia altamente adictiva que se utiliza en Estados Unidos para cortar la heroína y otras sustancias, provocando la crisis de opiáceos y sobredosis más fatal de aquel país- y 10.000 veces más potente que la morfina. Según los estudios realizados a la sustancia que fue vendida en Puerta 8 y que provocó la muerte de 24 personas, la cocaína estaba contaminada con esta droga.
Opiáceos: Sustancias derivadas del opio, pueden ser naturales, como la morfina, la codeína y la tebaína, o semisintéticos y sintéticos, como la heroína, oxicodona y metadona. (Un opiáceo puede ser un opioide, pero no a la inversa porque no todos son derivados del opio, sino que son similares en estructura química).
Cocaína: Sustancia estimulante con alto potencial adictivo. La forma de presentación más conocida es el clorhidrato de cocaína, polvo blanco que se esnifa. Se realiza con hojas de coca, solventes que extraen los alcaloides de la coca como el ácido sulfúrico, soda cáustica, amoníaco, se le agrega cal o cemento, bicarbonato de sodio, agua, entre otros. El mercado clandestino puede optar por estirar las partidas utilizando otras sustancias que podrán alterar o modificar sus efectos. Más información en la imagen al pie de la nota.
Naloxona: Es un antagonista de los receptores opioides. Revierte los efectos de una sobredosificación de opioides -como heroína, carfentanilo, morfina, etc.- al impedir el paso de más moléculas de la sustancia y al sacarlas de los receptores neuronales para ocupar su lugar. Una dosis aplicada a tiempo puede salvar una vida al actuar sobre la depresión narcótica y respiratoria que generan estas sustancias. La naloxona fue el antídoto utilizado con algunas personas ingresada en centros de salud de Buenos Aires tras el consumo de cocaína adulterada y pudo salvarles la vida. En Argentina, no contamos con naloxona en todos los dispositivos de salud. Su uso no tiene restricciones de edad, su producción es barata, administrada en dosis seguras no posee efectos adversos ni tampoco en caso de ser mal administrada -p. ej. cuando se usa sin presencia de opioides-. Puede salvar vidas.[3] .
Adulteración de sustancias: Es el producto generado por el prohibicionismo, pero también por distintas condiciones socioeconómicas que llevan a los distintos eslabones del tráfico y la venta de drogas ilegalizadas a cortar las sustancias para garantizar la rentabilidad del negocio.
Usuarixs de drogas: Son todas aquellas personas que hacen uso de sustancias psicoactivas, sean legales o ilegalizadas. Para esta población los efectos del prohibicionismo se ven reflejados en la criminalización, la estigmatización, la discriminación, la marginalización y la falta de atención adecuada y respetuosa en materia de salud pública y derechos humanos. Además, el no aplicar políticas de reducción de riesgos y daños, aumenta la segregación. Consumir drogas no es sinónimo de dependencia o adicción.
Políticas de drogas: Acciones institucionalizadas o instituyentes como leyes, regulaciones o prácticas del Estado y de la sociedad respecto al uso, producción, control y distribución de sustancias. En nuestro país, estas políticas están guiadas por la Ley de Estupefacientes 23.737, con sesgo prohibicionista y criminalizante, pero también desde 2014 existe un Plan de Abordaje de Consumos Problemáticos con calidad de ley que contempla la aplicación de políticas de reducción de riesgos y daños, pero que continúa sin emplearse.
Rol del Estado: Su papel debiera ser el de proteger la salud pública y la seguridad del pueblo, esto es, tener un rol activo frente a las políticas de regulación, control, promoción de la salud y los derechos humanos de las personas usuarias de drogas.
Fracaso: Ante un plan de acción frente a determinada problemática, se propone una estrategia con distintos objetivos y tácticas para llegar a la solución. Si en la etapa de evaluación esos objetivos no fueron alcanzados, se reconoce el fracaso y se repiensan las tácticas. En 1998, la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas[4], propuso su estrategia de “Un mundo sin drogas” con el objetivo de reducir la demanda. Año a año, evalúan y actualizan las tácticas para lograrlo. Hoy, vemos que más allá de seguir con la misma estrategia, su enfoque se centra en la protección de la población más vulnerable, incluyendo personas usuarias o relacionadas al tráfico. A su vez, apoya[5] e invita a los países del mundo a adecuar sus legislaciones con políticas de reducción de riesgos y daños lo que implica reconocer que la realidad de un mundo sin drogas hoy no es posible, pero que algo debemos hacer. En este sentido, nuestro gobierno continúa fracasando. Es hora de revaluar y modificar la política de drogas en Argentina por una más respetuosa de los derechos humanos y más cercana a lo que proponen los distintos organismos internacionales, como también las políticas que están aplicando algunos países de la región ante el fracaso inminente del prohibicionismo.
[1] Informe anual sobre Drogas, 2022, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. https://www.unodc.org/res/wdr2022/MS/WDR22_Booklet_4.pdf
“South American countries have reported varying trends in the prevalence of cocaine use over the past decade, with the largest increase reported by Argentina.” (p. 32; 2022).
“The prevalence of cocaine-related harms to health is relatively high in the region, compared with harms from other drugs. Cocaine use disorders were reported as the main reason for entering drug treatment in Argentina, Chile and Uruguay, and as the second most common reason in Brazil, and they also played a significant role in Peru and Ecuador.” (p. 35;2022).
[2] Organización Mundial de la Salud
[3] Para más información sobre la Naloxona, opioides y opiáceos: http://resetdrogas.com.ar/index.php/2022/05/21/naloxona-la-llave-para-reducir-los-riesgos-de-una-sobredosis/
[4]Declaración Política de la Asamblea General de la ONU, (UNGASS por sus siglas en inglés), 1998.
[5]Organismos Internacionales y la criminalización del uso de drogas. (2021). Mariana Souto Zabaleta, Mariano Fusero. ILSED – RESET http://resetdrogas.com.ar/wp-content/uploads/2021/09/RESET_2309.pdf