Publicamos la entrevista completa que la periodista Rosa D’Alesio realizó a Mariano Fusero, Presidente de RESET-Política de Drogas y Derechos Humanos. La versión resumida fue publicada originalmente en La Izquierda Diario, el 13 de mayo de 2022.
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Los abultados presupuestos que el Estado destina a la criminalización de las personas que usan drogas contrastan con los escasos recursos dirigidos al sistema sanitario para atender los consumos problemáticos. Hablamos sobre esto y otros temas con Mariano Fusero, abogado y presidente de RESET.
Los datos de las consecuencias de la narcocriminalidad son utilizados para insistir en una política que originó este millonario negocio que se sustenta en la ilegalidad. Desde que se impulsó la guerra contra las drogas a escala internacional, el negocio ilegal creció de forma exponencial, sin resolver los supuestos problemas que venía a erradicar: el consumo de las sustancias ilegalizadas.
Mariano Fusero, abogado y presidente de RESET-Política de Drogas y Derechos Humanos, aborda estos temas desde una perspectiva integral. Diplomado en Política de Drogas en el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) de México, capacitado en Suiza y Gran Bretaña, Fusero cuenta con una mirada internacional para hablar sobre las políticas contra las drogas que llevan adelante los Estados a escala mundial.
Desde RESET están a favor de la legalización de las drogas. ¿Qué consecuencias creés que trajo la prohibición?
Afectó los derechos humanos elementales de nuestras comunidades al criminalizar masiva y selectivamente a poblaciones históricamente vulneradas, principalmente las personas que consumen y aquellas que de alguna manera participan de forma no violenta en las redes ilegales de abastecimiento como economía de subsistencia, donde quedan vinculadas principalmente por cuestiones raciales, aporofóbicas y xenófobas. Poblaciones que son seleccionadas en el ejercicio de control social, para ser criminalizadas a través de la legislación de drogas.
En nuestro país se manifiesta hacia aquellos y aquellas jóvenes que viven en barrios, principalmente desaventajados, mediante los delitos de tenencia. Personas que tienen entre 16 y 30 años de edad y que en el momento de la aprehensión no estaban cometiendo ningún delito, ni estaban armadas, ni tenían antecedentes penales. Son jóvenes que en su gran mayoría tienen en su posesión de unos pocos gramos de sustancias para su propio consumo. El 90% de las causas son por tenencia de marihuana.
La criminalización masiva es una auténtica política de Estado, que en nuestro país ha perdurado desde la vigencia de la normativa de drogas de 1974 impulsada por López Rega y ha sido aplicada por todos los gobiernos, sean democráticos o dictatoriales. Vemos que gobierno tras gobierno continúan con la detención selectiva de las personas que consumen y de los pequeños actores de la cadena de abastecimiento ilegal. La población detenida en cárceles de Argentina pasó de 46.288 en 2002 a 85.283 en 2017, un aumento del 84%. En ese mismo período la población carcelaria por drogas aumentó un 252%.
También afecta de manera creciente a las mujeres -cis y trans-, que son utilizadas principalmente como correo humano para transportar sustancias de manera transfronteriza o para la venta minorista de estas sustancias como mera estrategia de supervivencia económica. Esto se profundiza en crisis económicas como las que venimos padeciendo en el último tiempo. Vemos incrementados los índices de encarcelamiento de la población de mujeres cis y trans. A nivel mundial, el 35% de las mujeres encarceladas están por las legislaciones prohibicionistas de drogas y el 19% en el caso de los hombres. En nuestro país los delitos de drogas son la primera causal de encarcelamiento femenino, triplicando los delitos contra la propiedad como el robo o su tentativa. Un 43% de las mujeres cis se encuentran encarceladas por infracciones no violentas relacionadas a la ley de drogas, de las cuales más del 70% se encuentran procesadas sin sentencia firme. Esta situación se agrava en el caso de la población trans y de las mujeres extranjeras. El 70% de las mujeres trans y el 90% de las mujeres extranjeras depositadas en nuestras cárceles, se encuentran por conductas relacionadas a las drogas.
Otra de las consecuencias es la violencia que se encuentra en los países considerados productores, como sucede en nuestra región. Estos países tuvieron una injerencia geopolítica muy importante que perdura hasta el día de hoy, como es el caso del Plan Colombia o la iniciativa Mérida en México, con la influencia norteamericana mediante la DEA para llevar a cabo a la militarización de la seguridad urbana. Por ejemplo en México se aplica desde 2006 y perdura al día de hoy, lo que ha incrementado dramáticamente los índices de violencia y causa en este país un genocidio vigente que lleva alrededor de 350.000 personas asesinadas o desaparecidas. A pesar de esta ofensiva represiva, los índices de producción de heroína, por ejemplo, se triplicaron desde entonces.
Un informe de la OEA informaba que, entre el 2006 y el 2012, se llevaban contabilizadas 100.000 personas asesinadas o desaparecidas, producto del enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y los grupos ilegales, o de los enfrentamientos entre los distintos grupos que se disputan el mercado de consumo estadounidense, el cual, a cambio, le provee recursos y armamento para sostener el conflicto. Este dato contrasta con otro brindado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la cantidad de personas que en el mismo período de tiempo habían fallecido por sobredosis en México. Tan solo 563 personas. La guerra contra las drogas mata más personas que el consumo de las mismas, eso está claro.
Tenemos también el desplazamiento forzado de poblaciones campesinas en las zonas andinas, como Colombia. Además de las estrategias gubernamentales violentas contra estas comunidades, nos encontramos con la aspersión de glifosato y otros agrotóxicos diseminados mediante estrategias de erradicación forzada, que contaminaron sus tierras, aguas y poblaciones enteras, a lo que hay que sumar la deforestación producida por el negocio ilegalizado, o mejor dicho, regulado por las redes ilegales. Desde 1981, se deforestaron alrededor de 800.000 hectáreas de bosques primarios para producir cocaína. Y a pesar de todas estas iniciativas violentas y de años de injerencia geopolítica mediante el Plan Colombia y gobiernos títeres de la DEA, como el de Uribe entre otros, nos encontramos que los informes anuales de Naciones Unidas dan cuenta de que hay una producción récord en el país de alrededor de 1.900 toneladas anuales, las cuales abastecen el 70% del mercado internacional de cocaína.
Otra de las consecuencias del prohibicionismo, es por ejemplo que treinta y tres países sostienen la pena de muerte por delitos de drogas. Estamos hablando de alrededor de 900 personas ejecutadas por año. El 50% de las ejecuciones mundiales se realizan por violación a las legislaciones de drogas, a lo que hay que sumarle las ejecuciones extrajudiciales como en el caso de Filipinas, donde está ocurriendo en la actualidad otro genocidio patrocinado por el régimen de prohibición bajo el gobierno criminal de Duterte.
Estas políticas prohibicionistas, ¿están acompañadas de tratamientos para las personas con consumo problemático?
Al contrario. El sistema de estigma y represión de los consumos aleja a las personas que precisan de tratamiento de los efectores de salud. Esto está reconocido por innumerables declaraciones de organismos regionales e internacionales que hemos recopilado recientemente desde RESET, y por nuestra Corte Suprema en el fallo Arriola de 2009. Sin embargo, el régimen de prohibición y represión en Argentina goza de buena salud, sin producirse los cambios que recomienda el mismo sistema internacional de fiscalización y otros organismos internacionales, como ser la despenalización de actos de consumo, políticas de reducción de daños y alternativas al encarcelamiento para delitos menores no violentos. Sostenemos una legislación anacrónica e inhumana, vigente desde 1989 a pesar de haberse presentado una treintena de iniciativas parlamentarias desde 2009 a la actualidad a fin de tener una política de drogas más sensata, eficaz y acorde a los derechos humanos.
Por otro lado, nuestro país terceriza los servicios de asistencia a las personas desde las décadas del 80-90. Es el gran negocio alrededor del ejercicio de estos “tratamientos” por parte de actores y dispositivos de los más diversos: principalmente eclesiásticos o comunidades terapéuticas. Esos abordajes son financiados por los Estados, nacional y locales, sin prácticamente ningún tipo de control o interferencia en sus prácticas, las cuales muchas veces resultan lesivas de los derechos humanos de las personas allí sometidas, bajo apremios ilegales, tortura, condiciones edilicias inhumanas, encierros forzosos, abstinencia como único recurso, etc. Por su parte, el poder judicial deriva a personas imputadas por delitos de consumo a tales dispositivos mediante la implementación de las medidas de seguridad extorsivas establecidas en la legislación de drogas; lo cual termina de configurar un negocio redondo. El Estado mediante uno de sus poderes deriva clientela y otro poder financia esos “tratamientos” sin injerencia alguna en los mismos.
Esta tercerización histórica, ha calado asimismo en el inconsciente de las personas que requieren de asistencia o tratamiento, percibiendo mayor cercanía de los actores privados que han acaparado la atención y ocupado el lugar vacante por décadas de desinterés estatal. Según datos del Observatorio Argentino de Drogas, en primer lugar se acercan a grupos religiosos como la Iglesia Católica y otros grupos eclesiásticos, en segundo lugar a Narcóticos Anónimos y Alcohólicos Anónimos, en tercer lugar a las comunidades terapéuticas, recién en quinto lugar tenemos a los hospitales generales de salud y en décimo lugar los centros específicos de salud mental.
Tenemos una legislación de vanguardia en la materia de tratamientos pero prácticas arcaicas, cuando no ilegales, las cuales muchas veces son propiciadas por el mismo Estado. Existe un grave desfinanciamiento de la ley de salud mental y adicciones vigente desde el año 2010, que determina que el 10% del presupuesto total de Salud debe ser destinado a la salud mental. Desde la sanción de la ley, no se cumple con ese mínimo y el presupuesto destinado a salud mental nunca superó el 3% desde entonces. En materia de prevención y tratamiento de las adicciones (reducción de la demanda) se destina únicamente el 5% del presupuesto total en materia de drogas. El 95% es destinado a la represión (reducción de la oferta). Sin embargo, a nivel internacional, está comprobado que los recursos puestos en materia de reducción de la demanda, son siete veces más efectivos que los involucrados en reducción de la oferta.
Resta aclarar que el presupuesto y su adeudado incremento, deberían estar destinados a la plena implementación de la ley y al establecimiento de una auténtica política de salud pública, con efectores públicos determinados a nivel federal, y no a profundizar la tercerización hacia aquellos actores privados de conciencia y de control, adictos siempre a rapiñar las cajas estatales. Así como hablamos hace años de desmanicomialización, debemos empezar a hablar de la destercerización en los abordajes de asistencia y tratamiento de los consumos problemáticos si pretendemos arribar a abordajes sensatos, eficaces, basados en evidencia, federales y respetuosos de la legislación vigente.
Por su parte, desde 2014 contamos con la creación del Plan Integral para el Abordaje de los Consumos Problemáticos (Plan IACOP), pero al día de hoy, luego de ocho años de vigencia, el Poder Ejecutivo no ha procedido a su reglamentación. Hay un serio desinterés de aquellos sectores en que se progrese con medidas reglamentarias que vengan a regular y controlar eficazmente las acciones que implementan anárquicamente hace décadas.
Finalmente, tanto la reglamentación de la Ley de Salud Mental como la Ley IACOP, establecen la obligatoriedad de implementar políticas de reducción de daños, hoy en día ausentes en la mayoría de los tratamientos de efectores públicos y privados. Tal incumplimiento se debe a la presión ideologizada de sectores conservadores en no avanzar en la materia, ya que continúan manejando una agenda abstencionista y represiva que, cuanto menos, atrasa cuarenta años.
Hay otras consecuencias del mercado ilegal de las drogas, que es la adulteración de las sustancias…
Sí, la morbimortalidad causada por la adulteración de sustancias en contextos de mercado ilegalizados es histórica. Antonio Escohotado en su “Historia general de las drogas”, respecto a la cocaína y los efectos que causó la prohibición de esta sustancia, decía que a fines del siglo XIX, cuando la cocaína tenía una calidad farmacéutica producida para el mercado legal, había muy pocos casos de decesos y sobredosis, y recién cuando se prohíbe, a principios del siglo XX, comienzan a producirse muertes atribuibles principalmente a la adulteración de la sustancia.
El mercado regulado por la clandestinidad, terminó adulterando las sustancias y haciéndolas más peligrosas. Lo mismo pasó con los derivados del opio o con la fracasada ley seca en los años 20, que dejó un tendal de 30 mil personas envenenadas y 100.000 casos de ceguera y parálisis por adulteración del alcohol.
Si las sustancias estuvieran reguladas y controladas institucionalmente, por ejemplo en nuestro país por la ANMAT, no se permitiría la adulteración o contaminación. Un organismo público dedicado a velar por la seguridad y calidad de las sustancias, haría previsible los efectos de las mismas sobre las personas que consumen. Hoy en día, nadie teme quedarse ciego por tomar una botella de vino como en los años ‘20. Ese riesgo es atribuible a la prohibición y a la clandestinidad de mercado. Time Wrap o Puerta 8, para citar ejemplos conocidos, son prueba de que las personas al buscar un efecto subjetivo atribuible a una sustancia, encontraron la muerte por la adulteración de las mismas. Pero también sucede en casos inversos, donde los riesgos no se producen por la adulteración o corte de las sustancias con otras de mayor potencialidad de daño, sino por un inusual incremento en los niveles de pureza que hace acrecentar el riesgo en las prácticas de consumo habituadas a dosificaciones de sustancias de menor potencia.
Quienes suponen que la solución de ello es la abstinencia en el consumo, incurren en un facilismo absurdo desprovisto de toda historicidad, que no se condice con una historia de la humanidad acompañada ininterrumpidamente por la experimentación psicoactiva y con las alzas habituales de consumo en nuestra sociedad y en el mundo.
Un mundo con drogas, es posible. Y deseable.
¿Se conoce la cantidad de personas que consumen en el mundo?
Según datos de las Naciones Unidas hay alrededor de 275 millones de personas, de entre 15 y 64 años de edad, que consumen por lo menos una sustancia prohibida, al menos una vez al año. Esas 275 millones representan alrededor de 6.3 % de la población mundial de ese rango etario y sólo el 13 % de las mismas, que serían 35.7 millones de personas, tienen un problema de consumo. Estamos hablando de un 0.7 % de la humanidad, fenómeno de consumo sobre el cual se suele poner epítetos alarmistas y sensacionalistas como “flagelo”, “epidemia”, etcétera, cuando es una población que fácilmente se podría vincular a los sistemas sanitarios para ejercer algún tratamiento en su salud si es que lo requiere.
El problema es que la carga estigmatizante y criminalizante detrás de los consumos, hace que de ese universo de personas que tienen un consumo problemático a nivel global, solo uno de cada seis personas accede a servicios de tratamiento. A nivel regional se agrava aún más, estamos hablando de una de cada once personas. En el caso de las mujeres es aún peor; por los roles de género endilgados por el patriarcado es mucho más difícil que se acerquen a los efectores de salud si es que requieren alguna clase de tratamiento. El estigma se profundiza por romper el mandato cultural de rol de madre, de esposa, de responsabilidad familiar, de pulcritud en sus hábitos y costumbres. Hasta se las amenaza con apartarlas de la tutela de sus hijos e hijas en caso de ser consumidoras. Así las cosas, en los últimos años los índices de morbimortalidad por consumo de sustancias en el caso de mujeres es del 25% y de los hombres es el 19 %.
Los defensores del prohibicionismo aseguran que lo aque desalienta el consumo es que las drogas no sean legales, que no se puedan comercializar. ¿Qué opinas sobre eso?
Primero opino que parece que no son muy adeptos a leer los informes anuales de Naciones Unidas que demuestran el aumento sostenido de los consumos año tras año, a pesar de contar con un régimen de prohibición vigente hace cien años. Las sustancias cada vez son más puras, más baratas y más accesibles a la población, a pesar de la prohibición o producto de ésta. A nivel local sucede algo semejante. Por ejemplo los informes del OAD sobre población adolescente, en su última medición del año 2017, indican que a un tercio de los niños y adolescentes les sería fácil conseguir cocaína en 24 horas y a más de la mitad, marihuana. Entonces el problema acceder a las drogas, sino en dónde acceder a las mismas ¿En un mercado ilegal, clandestino y violento regulado por el universo narco o en un sistema de regulación legal con control institucional? La prohibición expulsa a las personas que consumen a la clandestinidad.
A su vez, recientemente publicamos un trabajo de investigación junto a Mariana Souto Zabaleta publicado por RESET y el ILSED, donde demostramos la ausencia de correlación entre el tipo de abordaje brindado a la posesión para consumo personal frente a la magnitud del consumo en población general, comparando las legislaciones y los índices de consumo en cincuenta países diferentes de la región y de Europa. Allí señalamos que la despenalización no significa por sí misma un aumento de los consumos, desmitificando aquella superstición contra fáctica que preanuncia el apocalipsis zombie en caso de que avancemos hacia tal abordaje. En sí no es ningún descubrimiento, ya que diversos organismos, como el Observatorio Europeo de Drogas, lo vienen diciendo hace veinte años.
Los consumos se relacionan a cuestiones socioculturales y económicas de contexto, distantes de la existencia o no de la amenaza de sanción penal.
Finalmente, los procesos regulatorios del cannabis existentes a nivel global, demuestran que los índices de consumo se mantienen estables y en algunas jurisdicciones ha bajado el consumo adolescente luego de la regulación legal, dado que no es redituable para las redes ilegales de abastecimiento continuar operando en contextos donde las personas usuarias eligen acceder a la sustancia de forma legal.
¿Qué porcentaje de los consumidores encontramos en las potencias centrales?
El mercado estadounidense mueve alrededor de 44 % del mercado minorista de las sustancias que se producen a nivel global y el mercado europeo el 33 %.
Las ganancias del mercado es un dato bastante importante de señalar, ya que suelen quedar de Río Bravo para el norte; y los muertos, los desaparecidos, los desplazados, los fumigados, suelen quedar de Río Bravo para el sur. Ello es una lógica dentro de la división internacional de trabajo en el fenómeno de drogas, donde Latinoamérica y Asia aportan las sustancias, los campos de batalla y las fosas comunes, mientras que Europa y EEUU acaparan los réditos ilegales y el lavado de activos.
¿Cuánto dinero recauda este negocio ilegal?
Por ejemplo el mercado de cocaína mueve alrededor de 3.2 billones de dólares anuales. El 77 % de estos recursos quedan entre Estados Unidos y Europa, el 20% en el tráfico internacional a gran escala, el 2% la región latinoamericana y solo el 1% en la regiones de producción campesina. La ilegalidad de las drogas es la plusvalía del sistema capitalista.
También los países centrales, monopolizan el lavado de activos mediante su banca transnacional. Se lava el 5 % del PBI mundial y el 7 % a nivel regional. Hablamos de 400.000 millones de dólares a nivel regional, de los cuales, el mismo sistema internacional de fiscalización afirma que se logra confiscar solo el 0,2%; algo irrisorio. Las sedes centrales de los principales bancos que lavan estos activos están ubicados principalmente en Estados Unidos y en Gran Bretaña. Recordemos el caso del HCBC, allá por 2012 en EEUU, donde se supone que habría lavado alrededor de 15.000 millones de dólares de grupos relacionados al terrorismo internacional y del narcotráfico mexicano. Luego de un acuerdo excepcional y polémico para no ir a juicio, ninguno de sus directivos fue preso y la entidad se comprometió a pagar una multa de 1.900 millones de dólares; o sea, mucho menos de lo que se supone que lavaron. Luego de pagar la multa, que les resultó menos gravosa que una propina, siguieron lavando.
La sede del banco en México claramente tuvo una alta responsabilidad en la maniobra, aunque también ha sido sancionado con una multa insignificante de 27.5 millones de dólares. Lo más irónico de este proceso es que el ejecutivo mexicano del banco encargado a evitar las maniobras de lavado de activos mientras sucedieron tales hechos, luego fue nombrado por la administración de López Obrador en un cargo para prevenir, desde el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el lavado de dinero.
Si realmente se quisieran luchar contra el narcotráfico, sería muy importante avanzar sobre las grandes finanzas internacionales, los bancos internacionales, la punta de la pirámide de lo que sería la estructura de manejo de este fenómeno a nivel global. Son delitos de cuello blanco que a su vez, movilizan gran parte de las economías regionales y mundiales. La crisis global de 2008 por ejemplo fue amortiguada por los activos provenientes del narcotráfico. Zaffaroni, en 2012, durante el debate en el Congreso Nacional sobre la necesidad de reformar la ley de drogas, dijo en las audiencias públicas que la legalización de las sustancias sería un suicidio de las finanzas internacionales. Hace poco en una entrevista que pude hacerle, dijo que la DEA era el organismo que maneja y administra el precio de la cocaína a nivel internacional. Golpear las finanzas es un punto importante, pero no el único.
También hay que hablar de la corruptibilidad de las fuerzas políticas y las instituciones públicas. Recuerdo una frase de Juan Gabriel Tokatlian en el Congreso de la Nación, ante una diversidad importante de diputados y diputadas, cuando dijo que quien quisiera dar un combate contra el narcotráfico también tendría que analizar la posibilidad de impulsar la aprobación de una ley de financiamiento de los partidos políticos. Tenemos, por ejemplo, causas que suelen quedar en la nada, como fueron los aportantes truchos de María Eugenia Vidal. Nadie indaga seriamente de dónde venían esos recursos. Ni hablar de las cuentas off shore o empresas en paraísos fiscales, de las cuales son titulares algunos integrantes del macrismo, como el mismísimo expresidente.
Así también, hay que hablar de otras fuentes de financiamiento de diversas instituciones del Estado, como el financiamiento ilegal de las fuerzas de seguridad. Las cajas policiales se manejan históricamente mediante la administración de los recursos provenientes del narcotráfico, de la prostitución y del mercado ilegal de autopartes.
Bueno, tal vez por deberíamos empezar por ahí.
¿De las causas abiertas por violar la ley de drogas, cuántas están ligadas a la criminalidad de este negocio y cuántas a chicos por tener algo en los bolsillos para consumo personal?
A partir de la desfederalización de la ley de drogas en 2005, ocho jurisdicciones, entre ellas la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tienen sus propios sistemas de represión de las personas que consumen o del narcomenudeo. Estas provincias no tienen contabilizados los datos de una forma, podríamos decir, confiable. Ello hace que los datos a nivel nacional sean imprecisos y los casos totales difíciles de cuantificar. A nivel federal los datos que produce la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), informan que entre el 40 y el 50% de las causas que se tramitan ante la Justicia Federal son por hechos de tenencia para consumo personal o tenencia simple. Luego, alrededor del 40% de las causas restantes son sobre represión de la tenencia para comercio, entre otros delitos menores. Entre estas causas, como sabemos, la determinación de la imputación por una u otra tenencia es arbitraria de parte de los operadores judiciales, bajo criterios absolutamente subjetivos y discrecionales, cuando no discriminatorios. Lo mismo sucede con el autocultivo de cannabis.
Hemos tenido casos, por ejemplo, de 130 plantas en la Ciudad de Buenos Aires bajo trámite de la justicia federal con asiento en la CABA, que al no encontrar ninguna prueba relacionada al comercio el juzgado aplicó el fallo “Arriola” por entender que era para propio consumo y las personas no pasaron ni media hora por el encierro. Sin embargo, hemos tenido causas en la provincia de Buenos Aires por cinco plantas, donde la persona fue allanada en su domicilio, la policía desmembró las cinco plantas para aparentar que eran dieciocho plantas y publicarlas en el diario local como noticia bajo el título de “Narco vivero”. Esta persona se pasó ocho meses en una cárcel de máxima seguridad, la prisión de Olmos, y después cumplió prisión domiciliaria por un año y medio más.
Por eso esta cuestión es totalmente arbitraria, discrecional, o sea conforme a los preconceptos y bajadas políticas que tengan las jurisdicciones locales.
Bullrich y Berni, por poner dos nombres que son los más emblemáticos, han hecho de la persecución a los cultivadores campañas hollywoodenses para mostrar que las incautaciones son un golpe al narcotráfico ¿cómo se evalúa si el Estado logró o no dar un golpe a la narcocriminalidad?
Son vendedores de demagogia punitiva y campañas direccionadas a un electorado bastante desinformado, adormecido y acostumbrado a apoyar a quienes se presentan como duros contra lo que denominan “el flagelo”. No es más que una estrategia de marketing punitivo que, lamentablemente, les resulta redituable a diversas fuerzas políticas.
Los delitos de tráfico o el lavado de activos, según datos de la PROCUNAR, representan apenas entre el 2 y el 3% de las causas que circulan en la Justicia Federal. Sin embargo se dirigen grandes presupuestos a estas campañas proselitistas respecto de derribamiento de “bunkers”, apresamiento de personas en situación socioeconómica de pobreza, incautación de sustancias e ilustraciones de los índices de criminalización, que vienen a simular un supuesto éxito en la “lucha contra el narcotráfico” para tapar el gran fracaso o desidia en la investigación y represión del fenómeno a gran escala.
Naciones Unidas informa que lo que se logra confiscar a nivel mundial es solo el 10% de las sustancias que circulan. Por lo cual es bastante absurdo hablar de golpes al narcotráfico, compitiendo entre gobiernos con índices publicitarios de incautación. Lo importante es saber cuáles son los datos comparativos que tendríamos que utilizar como para saber si esas incautaciones derivan causalmente en una disminución en los índices de consumo y circulación local de las sustancias. Los informes a nivel país, indican que en los últimos años se duplicaron o triplicaron el consumo de algunas sustancias como por ejemplo, marihuana, cocaína o éxtasis. Entonces tenemos un mercado de consumo creciente en nuestro país, lo cual significa que va a haber mayor circulación de esas sustancias para abastecer la demanda. A mayor consumo hay mayor demanda; a mayor demanda, mayor oferta; a mayor oferta, mayor circulación de sustancias; por lo cual, mayores posibilidades de incautar.
A ello hay que sumar la mayor circulación de drogas que no están destinadas al consumo interno, sino que se encuentran en tránsito hacia otros mercados internacionales. Y finalmente, hay que sumar que los países productores de la región en materia de cocaína y marihuana, tienen récords históricos de producción en los últimos años.
Por lo cual, el crecimiento de la producción regional y del mercado de consumo local, y la mayor permeabilidad de nuestras fronteras, difícilmente puedan ser observados como logros para cualquiera que quiera mantener cierta coherencia intelectual en la temática.
Por ello, el dato de mayor o menor incautación de sustancias bajo disputa partidaria, no dice nada por sí mismo. Es circense, aunque lucrativo en términos electorales.