Por Antonela Tiravassi
Integrante de Reset – Política de Drogas y Derechos Humanos.
Fabián Peralta es un dirigente que integra actualmente la Asociación Civil Miradas – Para Una Nueva política de Drogas, radicada en Rosario. Fue Diputado nacional por dos períodos (2007/15) como parte del Partido GEN: allí presidió la comisión de Prevención de Adicciones y Control del narcotráfico 2009/11 y fue vicepresidente de la misma durante los otros años en los que desarrolló su mandato.
En diálogo con Reset, habló de las deudas legislativas en materia de políticas de drogas, de la concesión de la Hidrovía Paraná y la cuestión policial y de la necesidad democratizar las fuerzas del orden.
¿Cuál creés que es la principal deuda en política de drogas a nivel nacional y tu experiencia como ex diputado en esa materia?
Claramente la principal deuda respecto a las políticas de drogas es haber incumplido el Fallo Arriola dictado por la Corte Suprema de Justicia en 2009. Es inadmisible que sigamos con una ley que fue sancionada en 1989 bajo un paradigma represivo. Tengamos en cuenta que esa ley y la creación de la SeDroNar (se dieron en el mismo momento) han sido los pilares de la versión criolla de la “Guerra a las drogas”, impulsada por los Estados Unidos en nuestro continente.
La “Guerra a las drogas” sólo terminó siendo una guerra a las personas y esto no puede seguir así. A lo largo de estas más de tres décadas, el Estado se empeñó en darle una respuesta penal a una conducta humana pero la historia demostró, en reiteradas ocasiones, que no hay conducta humana que se modifique por ser penalizada. Me tocó presidir la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico en el período 2009/11. Intentamos junto a otra/os legisladore/as modificar la ley. Hubo proyectos de casi todos los bloques (P.J.-U.C.R.-P.S-Libres del Sur- Gen) e incluso logramos sintetizar un texto resolutivo en común pero nunca pudimos discutirlo en el recinto. Ni siquiera en las comisiones.
Entonces me preguntarás: ¿Qué pasó? No hubo un solo legislador ni legisladora que dijera que había que seguir penalizando al consumidor/a. El argumento usado fue que “no estaban dadas las condiciones desde el Estado para hacerlo”. Se realizaron audiencias públicas y se coincidió con ese argumento. Entonces, al tiempo, el parlamento sancionó la ley 26.934 (“Plan Integral para el Abordaje de Consumos Problemáticos”), una muy buena norma que contenía, por ejemplo, una política de reducción de daños. Entonces esa ley sancionada en 2014 nunca fue reglamentada
La realidad es que hay sectores religiosos, políticos y de medios de comunicación afines que se oponen a toda política progresista que ponga a los Derechos Humanos como centro de la misma. Mucha hipocresía sostuvo y sostiene la actual ley de drogas siendo duros con los débiles y débiles con los duros. Las cárceles se llenaron de consumidores pero muy escasamente de grandes narcotraficantes; no avanzaron las grandes investigaciones. Las consecuencias están a la vista.
En esa línea, ¿por qué crees que los distintos gobiernos siguen abonando a una lógica punitiva?
Es difícil la respuesta. Cuesta trabajo entender por qué. Sabemos que los derechos económicos afectan intereses reales y que, en los derechos individuales, el poder puede ceder un poco más. Ojo, no digo que sea fácil, diría que es menos difícil. Pudimos avanzar, por ejemplo, en la conquista de derechos como el matrimonio igualitario, la interrupción del embarazo, y otros que tuvieron una descarnada oposición, pero en la meta de dejar despenalizar a los y las usuarias no se ha podido. Será por la resistencia de los sectores ideológicamente conservadores, será porque es una herramienta disciplinadora de la que no quieren desprenderse, será su componente económico. Creo que es un poco de todo. Pero, antes que nada, no avanzar en anuncios referidos a la necesidad de cambiar la ley de drogas es primero una definición política de los gobiernos de turno. Es continuar favoreciendo una legislación que persigue y estigmatiza a las usuarias y los usuarios. No existió decisión, siquiera deseo, de construir una masa crítica que hiciera más viable esa decisión política.
¿Cómo caracterizas el impulso local de Santa Fe sobre la reglamentación del uso terapéutico?
La provincia de Santa Fe tiene un desarrollo particular en materia sanitaria. Un desarrollo que no es casual sino que responde a decisiones e inversiones que las acompañan. Nos acostumbramos, y es correcto pero no común, a saber que contamos con un laboratorio Provincial como el LIF. Es un presupuesto clave. Siempre nos pareció que, con esta base, sumado a la militancia de las agrupaciones cannábicas –especialmente la de madres que cultivan para ellas y su familia– y la decisión de los gobiernos y del parlamento era posible ponernos a la vanguardia en el país y la región. El proyecto que logró media sanción en Diputados es revolucionario ya que va más allá del uso medicinal del cannabis y avanza en los derechos individuales. No se logró su sanción pero sí logramos instalar el tema más allá de la sanitario.
En estos días se está debatiendo la concesión de la Hidrovía Paraná ¿Qué relevancia tiene ello en materia del control de tráfico de sustancias?
La hidrovía, además de ser un resorte estratégico en cuanto lo económico y la soberanía del país, es una vía de salida del país importantísima. Hemos reclamado incansablemente que exista un control más eficaz. Muchas veces nos enteramos de los cargamentos de sustancias ilegalizadas que se realizan en nuestros puertos cuando son detectados en Europa. La hidrovía es parte de las rutas que se utilizan para colocar cocaína en el viejo continente. Nosotros tenemos un Estado deficiente en el control en casi todos los aspectos. No hay inteligencia. No hay grandes procedimientos, no hay grandes causas por lavado de activos y podemos seguir enumerando. Por otro lado, muchos puertos son privados. O directamente se hacen embarques en Paraguay. En este tema también es clave quién gerencia este canal de navegación tan importante que atraviesa a la provincia de Santa Fe a lo largo de más de 800 kilómentros.
¿Cuál es tu opinión respecto de la administración policial de redes ilegales de tráfico en Rosario y Santa Fe?
Siempre hemos dicho que la principal amenaza de nuestras democracias es el crimen organizado. Esto es así porque la contamina, infecta áreas centrales de la administración pública, ha llegado a generar un Estado paralelo en algunas regiones de nuestro continente. La agencia policial no es la excepción; al contrario es, por su tarea de control territorial, un actor que está, junto a otros, en el centro de la problemática. A los distintos gobiernos de nuestra provincia –y podría decir sin exagerar que a las de todas las del país– nos faltó realizar o profundizar una reforma policial y penitenciaria que mejorara nuestras fuerzas.
Nuestro país debe ir a una forma de regulación estatal de algunas de las sustancias ilegalizadas como es el caso de la marihuana y despenalizar la tenencia para consumo personal es un urgente primer paso. Una modificación de la ley de drogas, un nuevo paradigma, relativizaría el rol de la policía en este tema. Claro que la democratización de las fuerzas policiales va más allá de las políticas de drogas. Tiene que ver con los derechos humanos y con la necesidad de contar con fuerzas democráticas y eficientes.