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Diego Olivera: “El caso uruguayo contribuyó a despejar aquel mito de que el cambio legal iba a traer aparejado un aumento irrefrenable del consumo”

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Por Santiago Scully
Integrante de Reset – Política de Drogas y Derechos Humanos

Diego Martin Olivera es profesional de las Ciencias Sociales y especialista en Políticas Públicas para el desarrollo humano, asuntos de drogas y de regulación del mercado de cannabis. Fue el Secretario general en Junta Nacional de Drogas de Uruguay durante el gobierno del Frente Amplio, que implementó la regulación del cannabis en el país vecino.

En diálogo con RESET, habló sobre la implementación de la Ley de Cannabis en Uruguay, los objetivos cumplidos hasta el momento, los desafíos futuros, el mito de la escalada de consumo con la legislación, la reacción de los organismos de fiscalización internacionales y el reclamo de la Coordinadora de Cannabis del Uruguay frente al control policial.

Han pasado ocho años desde la aprobación de la ley de cannabis en Uruguay. ¿Qué objetivos se cumplieron hasta el momento?

En un cambio legal y cultural de esta magnitud, existen diversos procesos que comienzan luego de la aprobación legal. El fundamental tiene que ver con la implementación completa de las disposiciones contenidas en la ley, las cuales fueron detalladas por tres decretos reglamentarios que establecieron los procedimientos para las tres áreas de actividad principales: el cannabis psicoactivo no-medicinal, el cannabis medicinal y destinado a la investigación científica y el manejo del cáñamo industrial. Pero además hubo que poner en funcionamiento un instituto regulador específico que articula las voluntades de distintos ministerios más la Secretaría Nacional de Drogas. El Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA) tuvo que desarrollar un staff profesional que pusiera en marcha todas las regulaciones y que otorgara y fiscalizara las licencias para producir y comercializar.

El año bisagra en términos de implementación fue el 2017, allí comenzó la venta de marihuana al público y se otorgaron las primeras licencias para producir medicinal así como para cultivar cáñamo industrial. A partir de allí todo no ha hecho más que crecer y fortalecerse. Por supuesto con dificultades y errores que obligan a revisar y ajustar temas específicos, pero todo en el marco del primer esquema de legalización completa a nivel nacional y estableciendo un punto de referencia ineludible para las nuevas políticas de drogas post prohibicionistas.

Es importante destacar que no todo pasa por transformaciones en el terreno estatal, sino que la propia sociedad uruguaya tuvo un proceso de cambio cultural asociado al nuevo esquema de legalización. Al principio todo se veía con muchas dudas y un esperable temor al cambio. Décadas de prohibición generaron un mentalidad muy conservadora –y en alguna medida prejuiciosa– sobre el cannabis. Todo eso ha ido cambiando porque se ha visto que la legalización no implica un problema o un riesgo sino por el contrario, una gran oportunidad.

Al momento de la ley se hablaba de una escalada en el consumo (y se desarrollaron varias opiniones que tienen las sociedades prohibicionistas en común). ¿Cómo es la actualidad con respecto a estos temas?

Nada de eso sucedió. Los datos muestran claramente que el aumento en la cantidad de consumidores adultos se mantiene dentro de una tendencia estable, que por otra parte es asimilable a la que se registra en el resto de los países de la región que no han legalizado. No hay un cambio en la tasa de incremento, por lo cual no puede hablarse de una disparada del consumo en el contexto de la legalización. Es interesante además el registro de consumo en adolescentes, porque allí se frenó el incremento que venía registrándose en los últimos 15 años. El caso uruguayo contribuyó a despejar aquel mito de que el cambio legal iba a traer aparejado un aumento irrefrenable del consumo.

Hace poco tiempo se conocía el reclamo de la Coordinadora de Cannabis del Uruguay (integrado por autocultivadores, clubes de cannabis, asociaciones de pacientes y familiares, empresas, adquirentes de farmacia, investigadores y organizaciones sociales) en cuanto a la actuación del Ministerio del Interior vulnerando derechos y garantías contempladas en la ley. ¿Qué opinión le merece esta situación?

Ha sido un tema preocupante, porque la regulación uruguaya llevó el control de los nuevos cultivos lícitos al ámbito de la administración púbica civil. Algunas autoridades pensaron que era necesaria la participación directa de la policía manejando directamente los datos de los cultivadores, cosa que se despejó mediante un fallo de la agencia especializada en datos sensibles que indicó que es el IRCCA quien debe gestionar esta información, salvo que la misma sea requerida por un juez en el marco de una investigación penal formalizada. Se trata de empujes autoritarios basados en la idea de que la sola presencia de una planta de cannabis implica una amenaza para la seguridad, una visión no solo perimida sino que implica volver a una situación donde quienes cultivan cannabis son personas sospechosas.

La contracara de este proceso fue la reactivación de toda una red de actores sociales que volvieron a expresarse en defensa de la regulación legal que es de una gran riqueza. La sociedad no está dispuesta a dar marcha atrás en este asunto.

¿Cuál fue y qué opinión te amerita la reacción de los organismos de fiscalización internacional respecto de la regulación en Uruguay? ¿Considerás que dicha reacción fue diferente a la regulación en EEUU y Canadá?

La reacción que hubo al comienzo fue de alguna persona destemplada, pero ningún ámbito multilateral internacional se expresó directamente en contra de Uruguay por este motivo. Los informes de la JIFE indican una y otra vez que la ley uruguaya entra en contradicción con disposiciones que están contenidas en los tratados internacionales sobre drogas, lo cual es cierto, pero que nuestro país defendió como un camino necesario para construir una política de drogas centrada en principios de salud pública y derechos humanos. Los tratados sobre drogas necesitan una revisión profunda, no será fácil, pero cada vez son más las voces que se suman en el sentido crítico.

¿Cual es el desafío de Uruguay con respecto al cannabis desde el momento que vivimos hacia adelante?

El principal es vencer las resistencias que van quedando, especialmente en el terreno de la regulación sanitaria. Especialmente allí persiste la idea de que el uso del cannabis debe limitarse cuanto sea posible y esto se hace visible en las innumerables dificultades que se han colocado para el registro de productos terapéuticos, cosméticos y alimentarios a partir de los diversos usos y procesos productivos que involucran a la planta y sus compuestos. Esto no solamente ha tenido un efecto perjudicial para los pacientes y consumidores en general sino para el aparato productivo que ve como se le colocan barreras al desarrollo de la industria. Es razonable que existan regulaciones, controles de calidad y registros, pero si estos son diseñados con el afán de dificultar y limitar irracionalmente el uso del cannabis, lo que se extiende es el mercado informal donde las condiciones son claramente deficitarias para todos.

El otro gran tema es completar el despliegue del sistema de distribución y comercialización de marihuana para uso adulto. Nuestro diseño inicial deja todo muy acotado a la venta de unas pocas variedades mediante la red de farmacias. Este esquema evidentemente no es la mejor opción en tanto deja desabastecida una porción significativa del mercado en el cual puede persistir la ilegalidad y los riesgos. Parece claro que sin perder rigor regulatorio es necesario ir a un esquema más abierto, más descentralizado y con más oferta, lo cual permitiría dar el golpe de gracia al tráfico ilegal de esta sustancia.

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