El pasado jueves 25 de febrero, el equipo de Litigio Estratégico de Reset – Política de Drogas y Derechos Humanos interpuso un amicus curiae en la causa penal, seguida en el departamento judicial de La Plata a Mónica Mego Velayarse, una mujer trans de nacionalidad peruana, víctima de la crueldad, desproporcionalidad y arbitrariedad de las políticas de drogas en nuestro país.
Mónica fue detenida el 30 de agosto de 2018 por el delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización” (Art. 5, Inc. C, Ley 23.737) cuya escala penal va de 4 a 15 años de prisión. En la investigación por la que terminó detenida Mónica, se estaba buscando a una persona que, desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, suministraba drogas ilegalizadas a comercializadores en la ciudad de Brandsen.
Sin embargo, esa persona nunca fue hallada si no que, como suele suceder en investigaciones en la provincia de Buenos Aires atravesada por la desfederalización y señalamos en la presentación, “la fragmentación de la competencia criminal en la persecución por infracciones a la Ley 23.737 permite que la administración de justicia local comience una investigación direccionada a identificar a un presunto “proveedor” o “distribuidor” y se vaya cerrando a medida que se procesan y encarcelan a otras personas, sin suficiente caudal probatorio que acredite los elementos típicos requeridos para el delito imputado“.
Producto de esta investigación, Mónica estuvo detenida en la Unidad N°32 de Florencio Varela, una de las tres cárceles de varones cis del Servicio Penitenciario Bonaerense que permite el alojamiento en pabellones específicos de mujeres trans y travestis. Mónica reclamó atención médica durante seis meses y quedó parapléjica –en un estado irreversible-, luego de que el Servicio Penitenciario Bonaerense desoyó no solo sus pedidos sino también los reclamos de sus compañeras de pabellón. En esta unidad penitenciaria, murieron durante el año 2017 tres mujeres trans y travestis por condiciones similares a las experimentadas por Mónica, y también detenidas por el entramado donde se intersectan las políticas de drogas, la Policía Bonaerense, la justicia penal y el Servicio Penitenciario.
También realizaron presentaciones judiciales la Defensoría del Pueblo Bonaerense y la Comisión provincial por la Memoria aunque sus argumentos se dirigieron a señalar los daños irreversibles que experimentó Mónica en el ámbito penitenciario y a exigir el sobreseimiento por “pena ilícita”.
Mónica es representada por la defensoría oficial Nº1, a cargo de Manuel Bouchoux, y su causa tramita en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº4 de la ciudad de La Plata. También, hay una investigación en pleno curso en la cual Mónica denunció a agentes penitenciarios, acompañada por la Defensoría de Casación bonaerense, por las prácticas y la desidia que permitieron su cuadro irreversible de salud.
EL AMICUS CURIAE
El escrito completo presentado por la abogada penalista Vanesa Vargas junto al presidente de RESET-Política de Drogas y Derechos Humanos, Mariano Fusero:
La foto de portada es de Mariano Armango para el sitio LATFEM.