Por Antonella Tiravassi e integrantes del equipo de Litigio de RESET – Política de Drogas y Derechos Humanos.
Cuando yo uso una palabra –dijo Humpty-Dumpty con un tono burlón– significa precisamente lo que yo decido que signifique: ni más ni menos.
El problema es –dijo Alicia– si usted puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes.
El problema es –dijo Humpty-Dumpty– saber quién es el que manda. Eso es todo.
Alicia a través del espejo.
Lewis Carroll
Un sábado 17 de agosto de 2019, mientras Fernando se preparaba para celebrar el cumpleaños de un familiar, jamás imaginó que ese día podía ser el primero de un largo recorrido en el infierno. Esto no es ficción: es el fiel relato de la historia de una familia que, como tantas otras, atravesó el dolor propinado por los coletazos de una política de drogas perimida, vetusta y violenta.
La localidad de Pehuén Có se encuentra en el partido de Coronel Rosales, al sudoeste de la provincia de Buenos Aires. De acuerdo al último censo poblacional (2010), la cantidad de habitantes asciende a 681. La principal actividad económica está supeditada al turismo incipiente y temporal (apenas 45/60 días al año), luego al comercio y a la producción minorista para consumo interno. Quienes habitan la localidad acostumbran a trasladarse constantemente entre pueblos por trabajo, educación, salud o simplemente relaciones sociales.
Fernando Ángel Diez nació hace 41 años en el seno de una familia de comerciantes agrícolas y cuando era chico soñaba con ser ingeniero agrónomo y radicarse en Buenos Aires, pero los vericuetos de la vida lo llevaron hacia otro lado, y conforme pasó el tiempo, la esencia de su árbol genealógico se impuso y se dedicó al comercio en Pehuén Có.
Un supermercado, en el centro de la localidad, y un vivero en la localidad vecina de Monte Hermoso. Su vida se bifurca diariamente en el transcurrir de ambas localidades balnearias, a 20km de distancia lineales y alrededor de 90 km por ruta, desde donde, con su camión viaja para distribuir insumos, recibir proveedores y coordinar trabajadores y trabajadoras. Está casado con Pamela , oriunda de Bahía Blanca, con quien tuvo dos hijos, hoy Jerónimo de ocho años y Francisca de siete.
Desde los veinte años Fernando fuma marihuana, como un porcentaje representativo de la población en esa etapa etaria. Según informes recientes en tiempos de pandemia, “el mayor consumo, y con una tendencia ascendente, fue de marihuana, cuyo valor más bajo (en los dos primeros meses de aislamiento) fue del 74%, ascendiendo a 86% y 91% en los dos últimos meses reportados (Intercambios, 2020). En el mundo, “la cannabis fue la sustancia más utilizada en todo el mundo durante el 2018, con un estimado de 192 millones de personas consumidoras” (UNDOC, 2020)
El 17 de agosto de 2019, Fernando viajaba desde Monte Hermoso hacia Pehuen Co por la Ruta Nacional Nro. 3, para recoger a su familia y dirigirse a Bahía Blanca. Después de la jornada de trabajo, celebrarían el cumpleaños número setenta de su suegro, y se quedarían ahí a pasar unos días. Fernando nunca llegó, mejor dicho, cambió su rumbo por el de una estadía sin pensión completa en la comisaría Comunal De Punta Alta, el motivo: un frasco de mermelada con flores de marihuana.
Fernando fue detenido en un control policial en el cual el personal de las fuerzas decidió arbitrariamente revisar su auto. Pesquisa mediante, encontraron en la guantera un frasco con flores de marihuana. A partir de eso se sucedieron agravios, reducción violenta, retención de pertenencias y exposición pública que incluso intentó culminar en la elevación de una causa por “Tenencia Simple de Estupefacientes”.
El devenir de la historia es bastante conocido: una vez más se activaron los dispositivos para estandarizar sin razones una conducta permitida por nuestra Constitución Nacional (consumo personal) transformándola en delito (tenencia simple), y Fernando y su familia fueron arrastrados a la burocracia de intercambios leguleyos, citaciones, decomisos y allanamientos. Así es como en la mañana del 21 de febrero de 2020 , irrumpieron en su domicilio particular, mientras se estaba preparando el cumpleaños número ocho de Jerónimo.
Allanaron en simultáneo el domicilio que alquilaba en Monte Hermoso, su local comercial de Pehuen Co (Autoservicio), su local comercial de Monte Hermoso (Vivero), y un inmueble de su propiedad contigua a su domicilio. Fueron varios hombres armados, produciendo destrozos en puertas y aberturas, un operativo de más de veinticinco oficiales en su totalidad, en nombre de la investidura policial y de la justicia y en busca de pruebas de la supuesta asociación ilícita y venta de estupefacientes que Fernando les representaba.
No encontraron nada, pero a cambio se llevaron celulares, que posteriormente fueron intervenidos y dejaron el estigma anclado en los clientes que presenciaron la situación y la pesadilla eterna en dos pibes de 6 y 7 años que testimoniaron, sin querer, la escena en la que su papá era forcejeado, maltratado y echado al piso sin más. Pibes de la contingencia, pibes de la incontinencia, pibes “de la circunstancia” parafraseando a Shimica Gaskins (Gaskins, 2004; Carrera, 2019), a quienes les imprimieron precedentes de crueldad, de la que nadie pudo protegerlos.
En este contexto, es necesario recordar una vez más que la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad de la punición de la tenencia de estupefacientes para consumo personal, exhortó a todos los poderes públicos a garantizar una política de Estado contra el tráfico ilícito de estupefacientes y a adoptar medidas de salud preventivas, con información y educación disuasiva del consumo. Sin embargo, al día de hoy sigue ocurriendo lo contrario.
Según datos de la Procuración Bonaerense, el departamento judicial de Bahía Blanca refleja un considerable aumento de la representatividad porcentual de investigaciones por infracción a la Ley 23.737 en los últimos años: 3,4 (2017), 5,1 (2018) y 6,1 (2019). Al igual que en el resto de la Provincia, la inmensa mayoría corresponde a incautaciones de “marihuana”. Se han secuestrado 109 kg de marihuana y 4,7 kg de cocaína sobre 1444 investigaciones en el año 2018 (Ministerio Público Provincia de Buenos Aires, 2018). Además de las graves consecuencias que conllevan las detenciones y la persecución hacia las personas, el Estado destina sumas desproporcionadas de dinero en esta materia. En Argentina, entre los años 2016 y 2018, se observa que el Estado Nacional gastó la suma total aproximada de 2.400 millones de pesos (USD 122 millones), en la persecución de personas que consumen drogas (RESET, 2019)
Fernando portaba la sustancia para su propio consumo, sin propinar peligro para terceros, ni evidencia alguna acerca de que tuviera intenciones de comercializarla. Una ley desactualizada, incierta, que no protege lo que dice proteger (salud pública), se erige como la herramienta más accesible para que jueces/as y fiscales detengan arbitrariamente mediante el escarnio público que ello implica, a un consumidor.
Como contrapartida, probablemente no estemos todxs de acuerdo con los mecanismos más apropiados para desactivar esta política de drogas; sin embargo, hemos llegado a puntos de consenso. Como conjunto social coincidimos en un común denominador: el dolor se cuela, atraviesa la carne, los sueños, los sentidos y nos paraliza, nos enfrasca para siempre. La desproporcionalidad de las penas, la persecución y criminalización de las personas consumidoras y usuarias, y las violencias como vasos conductores de las políticas de drogas no se pueden avalar más. Estos procedimientos que evaden fundamentos y cuyo único sustento radica en la suposición de que tan solo el frasco de mermelada con flores de marihuana es motivo suficiente para elevar la causa a juicio, no pueden seguir vigentes.
Volviendo sobre el inicio de este relato y revisando a Lewis Carroll, si no alcanza con definir el frasco de mermelada para desagregar la causa, si de verdad lo que importa es quién manda, entonces BASTA, es hora de cambiar radicalmente la legislación. Desde RESET acompañamos el caso y exigimos el sobreseimiento, nos urge que el horizonte democrático y en las aspiraciones de una sociedad más justa discutamos de una vez por todas una política de drogas respetuosa de los derechos humanos.
FUENTES CONSULTADAS:
Carrera, L (2019) Mujeres de las circunstancias y delitos de drogas. / Revisado en: https://jurisprudencia.mpd.gov.ar/Estudios/2019.09.%20Mujeres%20de%20las%20circunstancias%20y%20delitos%20de%20drogas.pdf
Gaskins, S (2004) Women of circumstances. The effects of mandatory minimum sentencing on women minimally involved in drug crimes.
Intercambios (2020) Consumos, juventudes y pandemia. Desandando mitos para la intervención / Revisado en: https://www.intercambios.org.ar/assets/files/Consumos-juventudes-y-pandemia-Desandando-mitos-para-la-intervencion.pdf
MPBA (2018) Memoria sobre desfederalización en materia de estupefacientes. / Revisado en: https://www.mpba.gov.ar/files/content/Memoria%20Estupefacientes%202018.pdf
RESET (2019) Más de 40 millones de dólares al año gasta el estado en criminalizar a personas usuarias de drogas. / Revisado en: http://resetdrogas.com.ar/index.php/2019/09/22/mas-de-40-millones-de-dolares-al-ano-gasta-el-estado-en-criminalizar-a-personas-usuarias-de-drogas/
UNDOC (2020) Informe Mundial sobre las Drogas 2020 de la UNODC: el consumo global aumenta a pesar de que el COVID-19 tiene un impacto de gran alcance en los mercados mundiales de drogas. / Revisado en: https://www.unodc.org/mexicoandcentralamerica/es/webstories/2020/06_26_Informe_Mundial_Drogas_2020.html#:~:text=La%20cannabis%20fue%20la%20sustancia,192%20millones%20de%20personas%20consumidoras.