Por Mariana Sidoti Gigli
Integrante de RESET – Política de Drogas y Derechos Humanos
Otra versión de esta nota fue publicada originalmente en el suplemento SOY, de Página 12.
Una veintena de travestis cumplió penas de hasta 3 años de prisión sin juicio ni condena a raíz de una causa de drogas. La Justicia agravó la acusación haciéndose eco del relato policial, y ahora el expediente duerme en el fuero federal. En el medio murieron tres de ellas, y varias viven en la incertidumbre por no poder acceder a un DNI. Historias presentes y pasadas de quienes medios, policía y justicia leyeron y siguen leyendo bajo la misma óptica: “narcotravestis”.
Fernanda prepara un té. Afuera está fresco pero en su habitación, al fondo de una pensión ubicada en plena Zona Roja de La Plata, el clima es cálido y acogedor. Antes de sentarse a charlar apaga las notificaciones de su celular, que le dicen que en una hora y media deberá conectarse para hacer su clase de Prácticas 3 de Enfermería. Ya se recibió de auxiliar pero va por la tecnicatura superior. Eso si consigue que la Justicia la habilite a tener un DNI argentino y con su verdadera identidad de género. Un “detalle” que tiene pendiente desde que salió de estar presa, en 2016, en el marco de una causa por “venta de estupefacientes”. Ella, como otras 18 travestis más, fue interceptada por la policía alguna noche de enero de 2014 e imputada por estar, presuntamente, comercializando cocaína. Cuando salió del penal Migraciones le inició un proceso de expulsión: Fernanda es peruana y en Argentina alcanza con tener un procesamiento firme (ni siquiera una condena) para que el Estado pida la expulsión del país de una persona migrante sin residencia. Consiguió ayuda de abogadxs y organismos de DDHH para poner en pausa el pedido, pero sabe que la cosa no da para más. Alguien, de alguna manera, tiene que poder resolver su situación.
“Estuve 2 años y 9 meses, me faltaba poco para los 3 años”, cuenta. “Y yo no tenía nada que ver, chica. Nada. Si supieras el martirio que pasé. Pero me llegué a acostumbrar. Esto tiene para rato, dije, no voy a poder hacer nada deprimiéndome y llorando”. Estudió y trabajó dentro del penal de Varela y con la intervención de la abogada Josefina Rodrigo logró salirse de esa preventiva vencida (2 años es el plazo razonable), que si hubiese sido por su defensa oficial podía haber durado mucho tiempo más.
Todos los días se levanta a las 7, prepara el desayuno y a las 9 va a trabajar a un centro privado de medicina, donde realiza historias clínicas, recibe pacientes y lxs deriva. A las 18.30 regresa y se pone a cursar. Quiere recibirse y especializarse en gerontología: “Cuidados prolongados, intensiva, todo eso. Me gusta el adulto mayor, no sé; estuve haciendo prácticas de primer y segundo año y me aboco a ellos, me convoca más. Los trato como quiero que me traten a mí. Y eso me gusta”, dice Fernanda, que tiene 37 pero aparenta menos. Fue trabajadora sexual durante mucho tiempo y no reniega de eso: cuando la liberaron comenzó a salir noche tras noche a generar ingresos que le permitieran volver a recuperar su vida. Lo hizo por un año, indocumentada y en una extrema situación de vulnerabilidad, hasta que una noche, en 2018, dos delincuentes la robaron y golpearon, dejándola tirada en la misma esquina donde solía mostrarse a los clientes. La única que la ayudó fue Cris: una amiga enfermera con la que se conocían porque siempre esperaba el micro en la misma esquina que Fernanda. Ella gritó, tiró piedras a los delincuentes y la ayudó a ponerse en pie. Hacía 20 días que Fernanda se había hecho la mamoplastia de aumento. Al otro día se dio cuenta que los golpes le habían abierto los puntos. Una vez curada volvió a la misma esquina y se encontró con Cris, que a sabiendas de que tenía el secundario completo la animó a estudiar. “Y la verdad es que yo quería, de mucho antes”, asegura. Siguió trabajando: ahorró lo suficiente como para pagar las primeras cuotas, hizo traer el certificado validado y apostillado de su secundaria en Perú y se anotó para ser enfermera. Ahora complementa los estudios con otro trabajo. “Hoy en día si tengo que dejar de comer para pagar la cuota lo hago. Me queda tan poco que me emociona. Cuando me dieron mi título de auxiliar pensé: ‘¿viste lo que estás haciendo sola?’ Me miraba al espejo y decía: ‘Ay chica, ¿tanto valor tienes?’ Y sí, parece que sí”.
“Razzias judicializadas”
El primer operativo fue el 3 de enero, casi una apertura de Año Nuevo. Agentes de la DDI del área de Tráfico de Drogas Ilícitas ya venían haciendo tareas de investigación desde hacía varios días por las múltiples denuncias (anónimas) de lxs vecinxs. Durante todo ese mes detuvieron a decenas de travestis con operativos en plena noche, en distintos puntos de la Zona Roja y con allanamientos en domicilios privados. Muchas de las imputadas ni siquiera se conocían entre sí, pero caían como moscas por el mismo delito, con secuestros que -según denuncian las defensas- muchas veces fueron plantados por la misma policía. Hacía 2 años que se había sancionado y promulgado la Ley de Identidad de Género en Argentina, pero el trato físico, oral y escrito por parte de lxs operadorxs se encargó de violarla sistemáticamente, en cada momento del proceso. “Los sujetos”, “los travestidos” y los nombres asignados al nacer son las únicas referencias a las imputadas. La excusa, la de siempre: se escribe lo que dicen los papeles. Porque la realidad es lo que dicen los papeles. Y nada más.
“Los hechos son en diferentes días, horarios y lugares. Es decir que la ‘conexidad’ entre las chicas es su identidad de género. La cuestión de las ‘narcotravestis’ se expresa bien en esta causa: no hay elementos para establecer la conexión entre cada uno de los hechos y decir ‘es una banda de travestis que se dedica a la venta de estupefacientes en la zona roja’. Porque justamente desconocen las condiciones en que las chicas se mueven. Hay criminalización de su identidad de género, del trabajo sexual y de las usuarias de drogas bajo el ropaje de ‘comercialización’”, explica Aramis, abogadx y activista de RESET – Políticas de Drogas y Derechos Humanos. Cuenta que en total “fueron 40 personas las aprehendidas. Fue una razzia judicializada, algo que no es habitual. De esas 40 quedaron 24 y ahí empezó todo: detención judicial, preventiva y adentro las chicas”. En el pedido de elevación a juicio aprobado por el juez César Melazo (hoy preso bajo sospecha de integrar una asociación ilícita) puede leerse cómo varias fueron identificadas y acusadas sin ninguna prueba concreta. Es el caso de Shirley, que pasó detenida más de dos años porque a la Justicia le pareció leer “venta de drogas” en mensajes de texto como “Vendí poca comida hoy”, “Paso a las 4, tengo que comprar pollo para mi pollada” y “tengo un Kohinoor nuevo para vender”. Nunca se les ocurrió investigar para saber que Shirley, que jamás negó ante la Justicia ser usuaria de drogas, vendía comida para sobrevivir.
“La mayoría de las imputaciones son arbitrarias, cruzadas por interpretaciones sesgadas de la realidad de las chicas y por cómo se construyen los procedimientos y la hipótesis policial. No se las identifica bien, incluso se las confunden. Hay violaciones a los derechos humanos, requisas vejatorias, maltrato”, enumera Aramis. En 2016, con la causa ya elevada a juicio, el Tribunal N° 2 platense empezó a recibir pedidos de juicio abreviado que presentaban las defensas oficiales: una estrategia para evitar llegar al debate oral, quizá la única instancia del proceso en el que las 20 trans y travestis podían haber contado su versión de los hechos. Los jueces se negaron a homologar los abreviados, advirtiendo que por la cantidad de imputadxs (24 en total, 20 chicas trans y 4 personas cis) se hallaban ante un presunto delito federal.
Propusieron cambiar la carátula: de tenencia con fines de comercialización, al mismo delito pero agravado por la participación de 3 o más personas. En 2018 la Corte Suprema decidió pasar la causa al fuero federal, y ahí se cristalizó “la hipótesis policial transformada en hipótesis judicial”. De paso la Justicia provincial podía decirle adiós a un expediente plagado de irregularidades. Para esa altura ya estaban todas en libertad, pero pasaron a ser acusadas de un delito federal: a varias se les inició un trámite de expulsión del país y se les negó el derecho a tramitar un DNI argentino.
“La resolución de esta causa es una llave que abre puertas que están cerradas para las chicas. Que todavía esté en trámite repercute negativamente en el acceso a derechos de un montón de ellas, sobre todo migrantes, que son la mayoría”, advierte Aramis. En 2019 RESET, junto al colectivo de abogadxs La Ciega, pidió presentarse como amicus curiae a través de un escrito que señala las múltiples “violaciones al plazo razonable de juzgamiento” y cómo esto tuvo “una directa implicación en la calidad de vida” de las acusadas. También advierte sobre las detenciones arbitrarias y las requisas, todas hechas por personal masculino; y apunta que “el escrutinio judicial desconoce las formas en que las trans y travestis desarrollan sus vidas y las artesanías a las que deben acudir por las condiciones estructurales que deben afrontar”.
“El transcurso del tiempo a la espera de un juicio es vital. Las diferentes adversidades presentes en las trayectorias de las travestis y mujeres trans nos permite afirmar que estos años de dilación limitaron la posibilidad de visitar a sus familias y/o regresar a su país de origen y obstaculizaron el ejercicio de otra serie de derechos reconocidos y garantizados por la normativa nacional e internacional. Esta excesiva demora trazó una causalidad con la muerte, el deterioro del estado de salud y el aumento de la estigmatización y criminalización de varias de las trans y travestis imputadas”, recordaron. Al día de hoy, el TOF N° 1 todavía no hizo lugar al pedido. El expediente duerme la siesta eterna mientras la vida sigue, para muchas, a los tropiezos.
Género, drogas, paternalismo estatal
“Toda persona sometida a un proceso tiene una afectación. Y hay algo en la población vulnerable, como es la gente que está detenida, que es que uno está con la espada de Damocles porque sabe que las realidades de esas personas las ponen en riesgo. Cuando salen de estar presas el miedo es que no vuelvan a caer. La realidad tampoco cambió, entonces vuelven a la calle, a lo mismo. En el caso particular de las chicas con sus otros derechos vulnerados es ya el súmmum de la gravedad. No es posible el ejercicio de la vida civil, a esa escala es la afectación. Al ser extranjeras hay que estar pidiendo permiso durante años para ir a ver a las familias para las fiestas, se les han muerto familiares y no pueden viajar. Están supeditadas a pedir todo. Hay una cuestión bien paternalista de dejarlas sujetas a la decisión de otros toda la vida, o por gran parte de su vida. Para Shirley fue toda la vida, para Fernanda está siendo así. Una dice sí, el documento. Pero es tan profundo lo que les arrancan que es hasta difícil de plantear”, dice Josefina Rodrigo, abogada de Fernanda, Shirley y varias chicas más.
Cuando la llamaron para hacerse cargo de la defensa supo que había que ir a juicio: sentar a todos los presuntos compradores, y a los clientes de la zona roja, para que contaran ante un tribunal lo que habían dicho como testigos ante la policía. Pedir un abreviado no era una opción. Aramis explica que el juicio abreviado “clausura la posibilidad de que las chicas se defiendan, y un juicio oral y público en un procedimiento que es netamente escriturario es muy importante. La oralización permite, en caso de que sea valorada por supuesto, mostrar otras cosas que los papeles no muestran. Esto se disputa mucho con la defensa pública, que a decir verdad piensa que son todas iguales: todas son travestis, todas venden”.
La sumatoria de causas individuales construida en “banda de comercialización de drogas” implicó, entre otras cosas, valorar como “elementos de corte” blísters vacíos de tafirol hallados en las casas allanadas, o estimar que los descartes (bolsas) de cocaína escondidos por la calle, como no eran de nadie, eran de todas. En el escrito presentado por RESET se destaca que este proceso penal “no solo exhibe la desproporcionalidad entre los (posibles) daños y las penas y la criminalización de consumidoras/es de drogas ilegales sino también que expone, por un lado, el fracaso y las consecuencias devastadoras de las políticas prohibicionistas, belicistas y represivas en materia de estupefacientes y, por otro, la intersección entre género, raza y clase en el impacto diferencial de las políticas de drogas a nivel nacional, una realidad latinoamericana con pocas excepciones”.
Rodrigo sostiene que “si había una voluntad de querer saber quién vendía droga en la calle, sea la zona roja o en cualquier otra zona, podía iniciarse una investigación seria y conocer quiénes estaban cometiendo el delito a mayor escala. Esta causa en particular, pero tantas otras también, tuvo un corte y un inicio persecutorio. Y es desde ahí que no se puede sostener: porque siempre estuvo primero la marca de lo trans, y de la situación de prostitución. Cualquier cosa era utilizada en su contra”.
Esta se fue, a esta la mataron, esta murió…
“Shirley tenía 61 años y la piel más hermosa que vi. Una piel tersa, negra, suave. Era una bomba”, sonríe Marina Yaber al recordar a su amiga la Bom Bom, que fue y todavía es una presencia fuerte en la comunidad LGTB+ platense. “Pintaba increíblemente, hablaba italiano, sabía muchísimo de pintura y de historia”. Además era costurera, y cosió con sus propias manos el vestido blanco que usó para casarse con Luciana, otra travesti de nacionalidad argentina: se querían mucho, sí, pero el fin último de ese matrimonio era un horizonte de estabilidad para Shirley: su DNI argentino. No alcanzó. En 2018 murió por una sumatoria de enfermedades, muchas de las cuales se habían intensificado durante el encierro. “Era una chabona con un corazón infinito. Muy sabia, budista, irradiaba energía. Cuando estaba Shirley era imposible no verla”, asegura Yaber.
El activismo platense la acompañó cuando dejó el penal de Varela, y fue quedándose en las casas de varixs integrantes de la Coordinadora Antirrepresiva LGBTIQ+ de La Plata, Berisso y Ensenada, incluso en la de Marina, hacia el último tiempo de su vida. “La clave fue empezar a tejer lazos afectivos. Correrse de un lugar que es una mierda, un posicionamiento típico de quienes tenemos una pertenencia de clase y no somos migrantes… Son cosas para aprender y modificar. Corriéndote de esos lugares empezás a tejer desde otros”, dice. La Coordinadora se había nucleado frente a “un avance de la policía y las políticas represivas, sobre todo contra las trans y travestis”, y como un intento de contener y ponerle freno a las múltiples violaciones de derechos que vivían las trabajadoras sexuales de la zona roja. Como muchos de los espacios que militaron la causa trans/travesti cuando alrededor solo había silencio, las intervenciones de la Coordinadora comenzaron siendo integrales y después, las situaciones “nos terminaron encontrando siempre en la urgencia”.
La salud de Shirley se había deteriorado gravemente tras su paso por el penal de Varela, pero “siempre le quedó el deseo de que a las pibas que estaban adentro no les faltase nada. Por eso empezó una movida re intensa con la búsqueda de mercadería, ropa, donaciones, y en algunas oportunidades fue ella misma a Varela a llevarle cosas a las pibas detenidas. En ese momento no era como es hoy, que más allá del abandono que puede haber hay otra organización, otro registro social de lo que sucede. Ella estaba muy atenta a eso, y la militancia por el cupo trans para ella era algo súper importante”, cuenta Marina.
También revela que hasta después de muerta siguió siendo violentada: el ambulanciero se negó a sacarla de la bolsa mortuoria por temor a contagiarse una enfermedad, y la casa velatoria insistió en que firmaran el certificado de defunción bajo el “nombre registral”. Sus amigas, que la habían acompañado hasta último momento en terapia intensiva, la maquillaron y vistieron como una diosa para darle la despedida que merecía.
Al igual que Mabel, otra de las imputadas, Shirley murió esperando una resolución judicial. Victoria Valdez logró regresar a Perú y allí fue víctima de un transfemicidio. Fernanda, desde la humilde y acogedora habitación que alquila en una pensión de La Plata, pide que le den una oportunidad. “Ahora no puedo hacer nada, no puedo entrar formalmente a un centro público o privado por más que tenga estudios superiores, si no tengo DNI. Y a veces eso me bajonea. Es el gran problema que tengo, si yo tuviera DNI… ¡Uy, no!”, sonríe y se le encienden los ojos de emoción. “Me presentaría a donde sea. Porque estoy acá y me quiero quedar, quiero hacer una vida acá. Tener un trabajo, un título, más adelante quién sabe, por ahí construir mi casa. Y aparte de eso quiero hacerle un bien a la población. Por eso me estoy quedando. Ojalá que algún día lo puedan entender”.