Desde RESET – Política de Drogas y Derechos Humanos realizamos en estos días una presentación en el marco de las discusiones en el ámbito judicial de la provincia de Buenos Aires sobre los modos de enfrentar la “crisis humanitaria” en las cárceles ante la pandemia COVID-19, que también fue enviado a las autoridades del Ejecutivo provincial encargadas de reelaborar las políticas criminales.
En este informe, describimos la evolución de la población penitenciaria y prestamos especial atención al lugar que ocupó la política de desfederalización de drogas en la provincia de Buenos Aires y como ella profundizó problemas preexistentes en las cárceles tales como el hacinamiento y la sobreproblación.
Por otra parte, esta presentación se ocupa de analizar no solo las estadísticas oficiales disponibles sino también la forma en la que fueron construidas y qué clase de limitaciones tienen para comprender la persecución judicial en materia de estupefacientes. Finalmente, introducimos una serie de respuestas estatales que se han brindado en otras coordenadas geográficas y que han tenido en cuenta específicamente a la población detenida por “delitos no violentos”.
En relación a ello, el Senado mexicano, luego de una iniciativa de la presidencia de López Obrador, sancionó una ley de amnistía para descongestionar sus centros penitenciarios y le otorgó la libertad a miles de personas prisionizadas, contemplando, entre otros criterios, a aquellas personas “obligadas a participar” en delitos de drogas “por sus condiciones de pobreza o por el crimen organizado y ciudadanos que portaban dosis pequeñas de drogas sin fines comerciales”; también a quienes cometieron delitos “no violentos” (sin uso de violencia o de armas).
Así, suscribimos la necesidad de buscar alternativas al encarcelamiento para las personas involucradas en la venta minorista o el microtráfico de drogas que no cometen delitos violentos: la inmensa mayoría son pobres, mujeres cisgénero, mujeres trans y travestis, migrantes, personas que ya sufren vulneraciones sociales, expuestas a la explotación de su subalternidad en las economías informales y luego a las privaciones materiales y simbólicas en la cárcel.
El direccionamiento de la política criminal bonaerense y las políticas securitarias del Ejecutivo provincial hacia la persecución a los eslabones más visibles y bajos en la comercialización de estupefacientes, se tradujo en un incremento exponencial de la tasa de encarcelamiento durante los últimos años, que es parte del problema sometido a la jurisdicción de la Corte bonaerense. Esperamos que se tengan en consideración los argumentos expuestos en esta presentación al momento de resolver la situación de las personas detenidas por infracciones a la Ley 23.737 en la provincia de Buenos Aires, a fin de coavyudar a resolver las condiciones inhumanas de hacinamiento y sobrepoblación a la que se ven sometidas todas las personas detenidas en las cárceles bonaerenses.