Sistema de Justicia Criminal como herramienta necropolitica

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Juliana Borges.
Consultora del Centro de Confrontación, Monitoreo y Memoria para Combatir la Violencia de la Comisión Permanente de Derechos Humanos del Colegio de Abogadxs de Brasil (OAB-SP), Consejera de la Plataforma Brasileña de Política de Drogas.

 

Una de mis declaraciones principales en el último período es que el sistema de justicia penal es uno de los aparatos contemporáneos con un papel central en el mantenimiento de las desigualdades. En este artículo, obviamente, leeré como referencia de la realidad brasileña. Sin embargo, creo que es posible pensar, a nivel político, muchos enfoques para la lectura y el cumplimiento de la ley en los países latinoamericanos, especialmente para las mujeres negras e indígenas.
Antes de entrar exactamente en el concepto y análisis del proceso necropolítico, es importante que hablemos de una condición fundamental para el ejercicio completo del exterminio: la precariedad.
¿Cómo definimos vidas precarias? “Precario” es una palabra del latim “precarius” que, según la entrada del diccionario, es “algo que no es estable ni seguro; sujeto a eventualidades; escaso y que puede verse fácilmente afectado por algo; y que no es suficiente o adecuado “. Prefiero trabajar con el concepto de precariedad que con el concepto de vulnerabilidad. Porque, la vulnerabilidad conlleva la connotación de que hay alguien débil y, por lo tanto, no rompe con los esquemas de dominación y termina reforzando la idea de superiores e inferiores, fuertes y débiles. La precariedad, por otro lado, está implícita en un proceso provocado y, por lo tanto, político.
Para Pierre Bourdieu, un sociólogo francés, la precariedad, bajo los cambios sistémicos del capitalismo, se expande por todas partes. En su libro sobre tácticas para abordar la invasión neoliberal, Bourdieu dedica un capítulo exactamente al título “La precariedad está en todas partes”. En este capítulo, el sociólogo conceptualiza la precariedad como algo que destruye la existencia y degrada toda la relación de los individuos con el mundo “y, como consecuencia, con el tiempo y el espacio”. Es decir, un escenario en el que más que los ejércitos de reserva profundizan el exterminio de cuerpos cada vez más racionalizado, en el que se profundizan y expanden calificaciones más bajas, en el que la alienación, si queremos usar conceptos marxistas, se vuelve hiperpotenciada, Se fortalece la idea del trabajo como un privilegio y, por lo tanto, este tema está constantemente amenazado. Esta inseguridad objetiva crea e impacta la inseguridad subjetiva, teniendo una fuerte relación con la apatía que vimos, así como la dificultad o incluso la incapacidad para movilizarse, ya que el escenario apunta a un inconsciente colectivo articulado a la hiper individualización neoliberal, lo que resulta en la pérdida de significado. Lazos comunitarios, colectivos y solidarios. En este sentido, estoy de acuerdo con la declaración de Bourdieu de que “la precariedad es el proceso de una voluntad política, no una fatalidad económica” (Bourdieu, 1998, p. 74).      

De precarias coloniales a vidas precarias en el neoliberalismo

Nuestras sociedades latinas están constituidas por el colonialismo, ya sea por la sobreexplotación de los pueblos nativos o por el proceso de esclavitud, por el secuestro de los africanos. En este sentido, el racismo se establece como un proceso y eje estructural para comprender nuestras sociedades, instituciones y relaciones sociales.
En el caso de Brasil, la imagen y representación del cuerpo afrodescendiente diaspórico pasa por procesos de deshumanización, objetivación e hipersexualización para apoyar las desigualdades. A priori, una narrativa apoyada por teorías raciales y, más tarde, adquirió nuevos contornos y se actualizó en relaciones veladas y reforzadas en el campo simbólico, ya sea por los medios, las artes y también en el campo político-ideológico y moral.
El racismo es una de las ideologías fundadoras de la sociedad brasileña y de nuestras sociedades latinoamericanas, así como la violencia, una de las bases fundamentales de las desigualdades. La opresión, la represión y la violencia contra los cuerpos afrodescendientes y los pueblos indígenas tienen lugar no solo en el campo físico, sino también, y fundamentalmente, en el campo psicológico y político a través de la aculturación, la asimilación y el borrado social en el caso de las poblaciones afrodescendientes y el etnocidio, en el caso de las poblaciones nativas, bajo una relación folklórica, que inventa una imagen de control para los indígenas.
La experiencia de colonización, entonces, construye en estos pueblos un sentido de no pertenencia constante, los construye como el otro, el extraño. Es decir, la necesidad de explotación del grupo objetivo, debido a que la discriminación racista impregna todas las áreas y las relaciones sociales e institucionales, debe reducirse, transformarse en un “participante-no-participante” de la sociedad. Es decir, los procesos de constitución de los estados latinoamericanos históricamente tienen como intrínseca la construcción y el mantenimiento de vidas precarias.
En este sentido, el concepto de necropolítica es tan central para comprender las relaciones y los sistemas de dominación contemporáneos. El concepto fue creado por el sociólogo Achille Mbembe, en diálogo con el concepto de ‘biopolítica’ de Michel Foucault. Para Mbembe, ya no es una gestión y control de la vida, sino un proceso violento de exterminio racionalizado de ciertas poblaciones, con la raza como elemento central. Este poder de determinación sobre la vida y la muerte al privar el estatus político de los sujetos es fundamental para comprender la reorganización de los engranajes de las estructuras opresivas que buscan profundizar las desigualdades basadas en las jerarquías raciales. La disminución a lo biológico deshumaniza y da cabida a todo tipo de arbitrariedad e inhumanidad. Sin embargo, para el sociólogo hay racionalidad en la irracionalidad de este exterminio. Se utilizan técnicas, se desarrolla un aparato meticulosamente diseñado para la ejecución de esta política de desaparición y de muerte.
Un ejemplo sorprendente de esta precariedad es el sistema de justicia penal. El sistema de justicia penal tiene una profunda conexión con el racismo, con sus engranajes operando más que permeados por esta estructura de opresión, pero el aparato se reorganizó para garantizar el mantenimiento del racismo y, por lo tanto, las desigualdades basadas en la jerarquía racial.
Y en este momento, me enfocaré más en el análisis con mi país como foco, porque como un importante pensador brasileño, Frei Betto, dice, “la cabeza piensa donde pisan los pies”.
La primera Ley Penal de Brasil data de 1830 y ya estableció un régimen diferenciado de pena entre blancos y negros[1], en este último incluso los libertos. Como el cuerpo negro esclavizado era visto como un bien y una mercancía, además de cumplir sentencias en los sótanos de las cárceles, los propietarios de esclavos ejercían un castigo privado. Sin ninguna regulación o determinación e interferencia estatal en este bien, se estableció la barbarie. Todavía vivimos restos de este entendimiento de que en los cuerpos y comunidades negros, todo lo bárbaro se puede practicar. El cuerpo afrodescendiente continúa en la imaginación como un territorio en el que se puede ejercer todo tipo de estimulación y represión. El poder sobre el cuerpo afrodescendiente sigue en sentido social común.
En las siguientes reformas penales, nos dimos cuenta de que el poder civil en la mediación de los conflictos disminuía cada vez más, y la figura represiva de la policía se hizo cada vez más fuerte. La reforma de la ley penal brasileña de 1871 es un ejemplo cuando extinguió la figura del “juez de paz”, un civil elegido por la comunidad responsable de mediar los conflictos locales.
Si bien es necesario negar el racismo, incluso si uno obtiene privilegios de su condición y se da cuenta de la ausencia de afrodescendientes en los espacios de poder y su intensa presencia en espacios subordinados, no hay necesidad de ocultar prejuicios contra los delincuentes. Una encuesta reciente en Brasil muestra que la mayoría de la población dice que hay racismo en Brasil, pero solo el 2% dijo que era racista. Por lo tanto, el fenómeno del racismo está en el otro, es un problema del otro. Pero el problema del criminal, no. Este es un problema que rodea a las personas y, por lo tanto, la figura del criminal deja espacio para todo tipo de discriminación y desaprobación con pleno apoyo social.
Como dice la abogada estadounidense Michelle Alexander, el sistema de justicia penal se convierte en algo más que un espacio impregnado de racismo, pero adquiere centralidad porque es un reajuste a un “sistema racializado de control social”.
La población carcelaria brasileña está creciendo a niveles alarmantes. Llegamos a más de 726,000 prisioneros, alcanzando la 3ª posición en el ranking de países con el mayor contingente carcelario, ¡pasando Rusia!           Los restos de tortura como pena permanecen. ¿Y cómo se enreda este proceso? El 64% de la población carcelaria es afrodescendiente, mientras que este grupo representa el 53% de la población brasileña. Es decir, dos de cada tres prisioneros son afrodescendientes en Brasil. Si cruzamos los datos generacionales, esta distorsión es aún mayor: el 55% de la población carcelaria es joven, mientras que esta categoría representa el 21,5% de la población brasileña. Si mantenemos este ritmo, para 2075, una de cada 10 personas será privada de libertad en Brasil.
Al insertar la opresión de género, es posible ver cómo la interseccionalidad es fundamental tanto para pensar en un nuevo proyecto estratégico como para pensar en medidas de emergencia, ya sea pensar en mujeres en prisión o en mujeres que terminan en la cárcel indirectamente por su relación con sus familias. Más de 40,000 mujeres están en prisión en el país. A primera vista, podríamos pensar en esto como información de que este es un número no tan alarmante. Sin embargo, entre 2006 y 2014, la población femenina en las cárceles aumentó en un 567,4%, mientras que el aumento promedio en la población masculina fue del 220% durante el mismo período. Tenemos la quinta población más grande de mujeres encarceladas en el mundo. El 50% de las mujeres encarceladas tienen entre 18 y 29 años y el 67% son afrodescendientes, es decir, dos de cada tres mujeres arrestadas son afrodescendientes. Por lo tanto, hay un hecho alarmante que señala a la juventud afrodescendiente como el foco de la acción genocida del estado brasileño. Los datos sobre mujeres jóvenes bajo medidas socioeducativas también están creciendo. La estructura de las casas sigue la lógica de la prisión, la mayoría de los reclusos tienen entre 15 y 17 años, con un 68% de afrodescendientes; esta cifra en el estado de São Paulo alcanza el 72%. El tráfico de drogas y el robo son la mayoría de los delitos y los argumentos presentados no difieren: vulnerabilidades sociales, necesidad de apoyo para los niños y la familia, desintegración familiar, violencia y abuso sexual doméstico.
El crecimiento brusco ocurre exactamente después de 2006 y la aprobación de la Ley de Drogas (Ley 11.343 de 2006). El trafico lidera el camino del encarcelamiento. El 26% de la población carcelaria masculina es arrestada por tráfico, mientras que entre las mujeres, el 62% está encarcelado por este tipo. El 54% de estas personas cumplen penas de hasta 8 años, lo que demuestra que el encarcelamiento ha sido la única decisión frente a delitos menores. Hay 1.424 unidades penitenciarias en el país. De cada 10 de estas unidades, 4 tienen menos de 10 años.
La detención provisional es una norma en el sistema de justicia penal, con un 54,6% de los casos aprobados con detención provisional. Un hecho preocupante que demuestra los defectos del sistema es que en el 46% de los casos hubo un cambio de defensores, en el 75.4% hubo un cambio de fiscales y en el 73.5% hubo un cambio de jueces. Lo que significa mayores dificultades para el acusado y distorsiones en las sentencias, ya que los defensores no tendrán tiempo para conocer el proceso con la calidad necesaria, los fiscales y jueces serán decisivos para definir la pena, y tampoco tendrán condiciones deseables para comprender el caso y Por lo tanto, la decisión adecuada.
Existen diversas formas de violencia que se reproducen y profundizan en el confinamiento como características y patrones de violencia psicológica, física y doméstica. La negligencia médica, la negación del acceso al control reproductivo y los medicamentos son algunas de las faltas de respeto y violencia a las que están sometidas las mujeres encarceladas. En el campo de la salud, el sistema penitenciario tiene más probabilidades de contraer el VIH / SIDA, no existe un tratamiento adecuado para las mujeres con la enfermedad. En Brasil, según los datos de InfoPen, nuestro informe de la prisión y ya no sabemos si será y será publicado por el gobierno actual, solo hay 32 profesionales ginecólogos para conocer el universo de las mujeres en prisión. A pesar de garantizar el acceso a la atención prenatal, es evidente a partir de los datos que muchos de ellos interrumpen el acceso regular a la salud.
La intelectual Angela Davis tiene una frase sorprendente: las cárceles son los depósitos de los escombros del capitalismo contemporáneo. Es decir, constitutivo de este proceso de precariedad de vidas negras, de muertes simbólicas de estas vidas precarias al servicio del proyecto genocida. Nuestras comunidades están cada vez más militarizadas, cada vez más bajo vigilancia, y seguimos siendo inseguros. Y esto se debe a que este contexto está incluido en este proyecto de precariedad y exterminio, de constituir los argumentos y el apoyo popular, incluso de las propias comunidades, para una guerra que margina y socava sus propias vidas.
Cuando vemos datos que indican que el 50% de las mujeres en prisión no han terminado la escuela secundaria, esto debería llamar la atención sobre el fracaso de la agenda escolar y considerar otras alternativas para garantizar este acceso.
También estoy trabajando en una investigación sobre homicidios y feminicidios en Brasil. Y un hecho que llama la atención es que los territorios con las tasas más altas de violencia, y las personas que han pasado por el sistema penitenciario, son territorios sin saneamiento básico, sin acceso a derechos y servicios básicos. Por lo tanto, una agenda municipal en las ciudades, para monitorear los procesos, ayudar a las familias y crear una red de apoyo y reinserción social, que solo ocurre en las ciudades, es esencial si realmente queremos construir alternativas.
Lo que los sistemas de justicia han estado haciendo hoy es criminalizar la precariedad, criminalizar el género, la raza y la clase de los grupos sociales.
Y solo puedo ver una agenda más inmediata para cambiar eso con un proceso de reformas del sistema de justicia, pero una que construya más procesos alternativos y restauradores. Pero fundamentalmente una política de derechos y ninguna tolerancia a las desigualdades

[1] Es importante tener en cuenta que la categoría “negros” o “afrodescendientes” en Brasil, se construye a partir de la suma de negros y mestizos del país, según lo trabajado por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (iBGE).

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