Hace una década, la Corte Suprema de Justicia de Argentina (CSJN) resolvía por unanimidad declarar la inconstitucionalidad del segundo párrafo del artículo 14 de la Ley de Estupefacientes (N° 23.737), que reprime la tenencia de sustancias para consumo personal con pena de prisión de 1 mes a 2 años (sustituibles por medidas educativas o de tratamiento). El “Fallo Arriola”, como se conoce a la decisión de los magistrados, es el más célebre de los antecedente de respeto por las libertades individuales en un contexto de consumo.
Aquellos jueces se respaldaron en la figura de “tenencia para consumo personal” contenida en la actual ley de estupefacientes, que en este 2019 cumple treinta años de vigencia. “Se cumplen diez años de una sentencia desoída y 30 años de una ley anacrónica en nuestro país, un grupo de voluntades complementarias conformamos RESET, como organización interdisciplinaria e intergeneracional, aportando humildemente nuestro compromiso y militancia en la construcción de una política de drogas eficaz, sensata, humanitaria y respetuosa de los derechos humanos”, dice el comunicado con el que se presenta esta ONG conformada por personas de todo el país.
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