Por Noelia Galera, Abogada (UBA).
Magister en Derechos Humanos, Estado y Sociedad (UNTREF).
Integrante de RESET – Política de Drogas y Derechos Humanos.
En un mundo cada vez más conectado, nuestra actividad en línea puede estar siendo observada más de lo que pensamos. Recientemente, el Ministerio de Seguridad emitió la Resolución 428/2024, que autoriza a las fuerzas de seguridad a realizar tareas preventivas mediante la inspección de lo que los usuarios suben en Internet, utilizando fuentes digitales abiertas. Esto ha generado preocupación sobre la privacidad y las libertades individuales de los ciudadanos.
Para entender mejor esta situación, retrocedamos un poco en el tiempo. Durante la emergencia sanitaria causada por la pandemia de COVID-19, el Ministerio de Seguridad aprobó un protocolo para la prevención policial del delito en el espacio cibernético, llamado Protocolo General para la prevención policial del delito con uso de Fuentes Digitales Abiertas, mediante la Resolución 144/2020. En ese momento, la circulación en la vía pública estaba sumamente limitada, y se sospechaba que el delito se había trasladado al mundo digital debido al aislamiento social obligatorio.
Sin embargo, una vez que la emergencia sanitaria llegó a su fin, este protocolo fue derogado en octubre de 2022. La Resolución 720/2022 explicó que el protocolo fue creado en un contexto particular, durante el cual la pandemia obligó al Estado a restringir parcialmente la movilidad, lo que aumentó el uso de medios digitales a nivel global. Con la disminución de la emergencia, el Ministerio de Seguridad consideró que la vigilancia preventiva en línea podía ser excesiva y violatoria de garantías constitucionales, y que las medidas de investigación en medios digitales debían ser realizadas únicamente a pedido de autoridades judiciales competentes.
Es por eso que la reciente reinstauración de los ciber-patrullajes mediante la Resolución 428/2024 ha generado controversia.
Aunque inicialmente se autorizó la vigilancia digital para delitos específicos como trata de personas, tráfico de estupefacientes, lavado de dinero y terrorismo, la nueva resolución publicada ayer amplía esta vigilancia a “cualquier otro delito del que se pueda obtener noticia a través del ciberespacio”. Esta ampliación es preocupante, ya que podría conducir a una vigilancia masiva e injustificada de los ciudadanos.
El Rol Policial: Prevención y Investigación en la Lucha Contra el Delito.
Para entender mejor esta situación, es importante hacer una breve síntesis sobre las funciones que la ley otorga a la policía.
La primera de ellas es la función de prevención del delito, tarea que cumple la policía al patrullar las calles y que es fundamental en el mantenimiento del orden público y la seguridad de la comunidad. Dicho accionar tiene como objetivo principal disuadir la comisión de delitos y promover un ambiente seguro en las áreas urbanas y rurales. La simple presencia de policías patrullando las calles se supone que crea un sentimiento de seguridad en la comunidad a la vez que puede disuadir a potenciales delincuentes de cometer actos criminales.
Por otro lado, los patrullajes permiten a la policía identificar y responder rápidamente a situaciones sospechosas o delitos en curso, lo que puede llevar a la detención de infractores antes de que puedan completar sus acciones delictivas y a la protección de posibles víctimas. Estos son los supuestos de flagrancia en los que la prevención tiene obligación inmediata de actuar.
La segunda función policial es la de investigación, fundamental para esclarecer delitos, identificar a los responsables y recolectar pruebas. Sin embargo, esta labor implica que los agentes policiales actúen bajo la autoridad de un juez o un fiscal, ya que no tienen la facultad de iniciar investigaciones por iniciativa propia.
La restricción que la ley impone a las fuerzas de seguridad de requerir una denuncia o una orden de autoridad competente antes de iniciar una investigación busca equilibrar los intereses de la justicia con los derechos y libertades individuales, evitando abusos y asegurando que las investigaciones sean realizadas de manera imparcial y bajo supervisión adecuada.
En su función de investigación, la policía actúa como auxiliar de la justicia, cumpliendo las tareas ordenadas para investigar a determinadas personas o lugares. Sin embargo, esta resolución invierte los roles, permitiendo que los jueces inicien causas contra personas arbitrariamente señaladas por los policías, quienes eligen revisar las publicaciones de ciertas personas y no de otras. Esto convierte a jueces y fiscales en meros auxiliares de la policía, subvirtiendo el equilibrio necesario entre la justicia y las libertades individuales y permitiendo una vigilancia indiscriminada sin la debida supervisión de una autoridad competente. Es por ello que resulta imperativo que se revise esta resolución para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos en el entorno digital.