Drogas adulteradas y muertes evitables: la mirada de RESET en los medios

A raíz del trágico hecho acontecido en Puerta 8 (Tres de Febrero), en el que 24 personas murieron a causa de consumir una sustancia tóxica y mortal vendida como cocaína, desde RESET – Política de Drogas y Derechos Humanos volvemos a insistir en la importancia de construir una política de drogas respetuosa de los derechos humanos de lxs usuarixs, que acompañe y reduzca daños en lugar de criminalizar el consumo. En esta nota, compartimos un repaso de las entrevistas que varixs integrantes de la organización brindaron a distintos medios de comunicación, cada unx desde su área de trabajo y conocimiento. Nuestro objetivo es poder intervenir de forma integral, transdisciplinaria y federal en un debate serio, humano y responsable sobre la política de drogas en la Región.

El presidente de RESET – Política de Drogas y Derechos Humanos, abogado Mariano Fusero, conversó con varios medios de comunicación sobre el gravísimo hecho que conmocionó al país, y al que enmarcó como una secuela del mercado de drogas dejado a la ilegalidad. Eldiarioar.com citó una nota suya de opinión en la que advierte que “el desconocimiento de la composición es producto de la prohibición, que expone a las personas a situaciones de inseguridad que pueden tener consecuencias físicas graves o fatales (como la que sucedió en esta ocasión). Nuestro país se encuentra muy atrasado en la materia y sus instituciones públicas sostienen un discurso perimido, anacrónico y poco realista, respecto de la abstención en los consumos; mediante campañas inútiles señalan que la solución básicamente es “no consumir”, cuando en la práctica la población consume cada vez más y el mercado de sustancias está cada vez más diversificado”. Infobae y ElDestape también replicaron algunas de sus apreciaciones al respecto.

 

 

En diálogo con FrenteAcano.com.ar, Fusero señaló que este evento “no es ninguna novedad sino que sucede desde hace 100 años: las personas no saben con qué adulterantes pueden ser cortadas las sustancias, que el mercado ilegalizado lo hace para aumentar el volumen. Los adulterantes pueden causar mayores daños en la salud y causar la muerte más allá de los efectos previsibles que tienen las sustancias en su estado puro”. Además, señaló que “la demagogia punitiva, que simula dar una batalla contra las drogas, termina siendo redituable en términos proselitistas, de demagogia electoral y política. Si seguimos discutiendo quién es más demagogo no obtendremos ningún resultado positivo. Hay que iniciar un debate sobre la regulación de sustancias ilegales”.

En una entrevista con Diarioconvos.com, Fusero se refirió al narcotráfico, la ilegalidad de las sustancias y la posibilidad de testearlas -como hacen muchos países- para certificar su calidad. “Imaginemos que detrás de estas sustancias hay un organismo que controle la calidad, que no haya adulterantes que acrecienten esa potencialidad letal; obviamente disminuiría mucho la posibilidad de que existan sobredosis y eso lo tenemos comprobado históricamente, cuando la cocaína y esas sustancias estaban en un régimen de legalidad“. Asimismo, aclaró que “cuando hablamos de legalidad no decimos una liberalización de mercado, sino que haya una regulación del Estado, como con cualquier otra droga que es legal. Una persona puede ir a comprar ibuprofeno a una farmacia, y si se toma una caja entera le puede producir la muerte”, ejemplificó.

 

 

Además, señaló que hay “una cuestión de responsabilidad social en el consumo de las sustancias, como sucede con el consumo de alcohol. Tenemos que señalar que no hay sustancia que sea inocua, todas tienen una peligrosidad. Uno supone que en un contexto de legalidad, una persona tiene la previsibilidad de los efectos que puede generar una sustancia, y no que la misma dosis que consumió pueda producirle la muerte, como sucede en estos días”. Por eso, advirtió, “si queremos combatir el narcotráfico hay que sacarles los recursos”, es decir el control sobre las sustancias y su mercado.

En los mismos términos se refirió en una nota con Radio con Vos: “La legalidad significa que haya una regulación firme por parte del Estado, no una liberalización del mercado”. “No hay sustancia inocua y cuanto mayor posibilidad de daño tenga una sustancia, es mejor que esté en manos de control y de regulación por parte del Estado y no del crimen organizado. En eso tenemos que ser claros. Si queremos controlar el crimen organizado, tenemos que darle un golpe al mercado y regular las sustancias por parte del Estado y que haya un régimen de control como el que existe con otros medicamentos”, precisó, lo mismo que en declaraciones a Radio del Plata.

Por otro lado, en una nota publicada por Cosecharoja.org, Fusero junto a las sociólogas Antonella Tiravassi y Ana Clara Camarotti, también integrantes de RESET, analizaron el abordaje mediático y la respuesta social y política que suscitó el caso, poniendo en cuestión la hipocresía con que suele ser tratado el consumo de drogas en general, y el consumo problemático en particular. “La abusiva mercantilización de las vidas de las personas consumidoras de drogas ilegalizadas debería ser objeto de revisión urgente de la agenda pública. Hasta el momento la histórica doctrina de la negación de las drogas y sus campañas fallidas ancladas en la cultura del prohibicionismo nos demuestran, en la práctica, que la población consume cada vez más y que el mercado de sustancias está cada vez más diversificado y librado a merced de las redes ilegales de abastecimiento”, plantearon.

 

 

Y explicaron que “la pandemia COVID19 pone muy en evidencia esta paradoja, mientras que se complejiza el tráfico y escasean sustancias el consumo se dispara. No importa cuánto se constriñe la cadena de producción o cuán prohibitiva se anuncie la política que envuelve ese proceso productivo, el mercado fluye y la demanda está intacta (más bien en crecimiento). A 60 años de las políticas prohibicionistas resulta difícil esbozar justificaciones que sigan sosteniendo las actuales políticas de drogas basadas en el abstencionismo y el prohibicionismo, en el mundo y en Argentina. Políticas que amplían daños, padecimientos y vulneran los derechos de las poblaciones”.

Por su parte, la licenciada en Relaciones Internacionales Mariana Souto Zabaleta brindó una entrevista a DiarioJudicial.com, en la que remarcó que las alternativas regulatorias “le devuelvan al Estado el control del mercado y, de alguna manera, evitan que todo quede en manos de redes u organizaciones criminales”. Señaló que el caso de Puerta 8 es “muy ilustrativo porque, en definitiva, el Estado tuvo que salir a advertir a la población que no consumiera una sustancia que el mismo Estado decide que se mantenga en la ilegalidad. Las alternativas regulatorias lo que hacen es plantear que ese consumo existe y cómo puede el Estado participar para evitar daños mayores“. 

 

 

Refiriéndose a la actual Ley de Drogas 23.737, Souto Zabaleta cuestionó que “no permite que el Estado tenga control sobre sustancias que efectivamente se consumen”. Y señaló que “también hay una mirada sobre el narcotráfico, porque si nosotros tenemos un sistema de persecución penal que enfrenta las manifestaciones menos complejas y deja sobrevivir las más dañinas, lo que tenemos es una sobreproblación carcelaria y quienes obtienen mayores beneficios no son alcanzados por el sistema penal“.

El abogado Marcos Chigal conversó con Radio Nacional y aseguró que “las tragedias por consumos de sustancias son producto del prohibicionismo. El consumo y circulación de estos productos es porque existe la prohibición y son manipulados por inescrupulosos que no tienen en cuenta la vida de quienes consumen, porque los estiran con todo tipo de sustancias“. Además planteó que ante estos casos, “la sociedad se maneja con tabúes que son fogoneados por los medios de comunicación y esa es la información que llega a la gente. Hay que hacer campañas de toma de conciencia, no negar que se consume; establecer centros de testeos y entender que quienes consumen no dejarán de hacerlo porque esté prohibido. No debe criminalizarse a los consumidores, pero sobre todo a quienes tienen problemas de consumo y no recurren al sistema de salud por temor a ser detenidos y solamente lo hacen en casos trágicos como el que ahora vivimos”.

También conversó con Radio Provincia, donde convocó a “abordar estos temas desde el sistema de salud y no desde el penal. Hay que desestigmatizar a la persona que consume, educar, prevenir y desalentar la demanda. Que todos los recursos que se dilapidan persiguiendo consumidores se usen para investigar, por ejemplo, sobre el cannabis medicinal”. Chigal planteó que “se ha puesto el foco en la sustancia, en decir que son un mal para la sociedad, demonizando la sustancia y criminalizando al consumidor. Pero el problema no es la sustancia porque va a seguir existiendo, y la gente va a seguir consumiendo. El problema es poder abordar este tema desde la perspectiva de la salud”, aclaró.

 

 

La comunicadora social Dalila Tealdi, por su parte, compartió una charla con integrantes de Ladefe.com.ar (Defensoría de Laburantes) y planteó que desde los medios “se habla de adicción todo el tiempo, cuando tenemos que romper con esta idea de una vez por todas porque vivimos en una sociedad donde claramente no todo consumidoxr es adictox. Seguimos hablando de la sustancia cuando tenemos que hablar de un contexto, de un montón de condicionantes que hacen que la persona llegue a consumir, pero eso nunca se pone en cuestión”. Además, advirtió, tanto penal como mediáticamente “se sigue relacionando al consumidor con el adicto, con el delincuente, con el malo, el que no hace nada. Y se deja de lado esta otra discusión sumamente necesaria para atacar este problema que es pensar en qué condicionantes está atravesando el/la usuariox y que no necesariamente es problemático. Hoy lo que es sumamente problemático es que el Estado no se hace cargo de la situación”, planteó.

Es que si bien “tenemos todas las garantías en cuanto a leyes para avanzar hacia la reducción de riesgos y daños, volvemos a la persecución, a la estigmatización del consumidoxr. Todavía la moral pesa más que lo que podamos llegar a cambiar si efectivamente aplicáramos estas leyes. La ley de Consumos Problemáticos está desde 2014 y desde entonces no se aplica. No se habla en las escuelas de drogas, no se habla de sustancias, no se informa. Se sigue educando desde el miedo, como nos vienen educando desde hace más de 60 años de prohibicionismo”, indicó.

 

 

El abogado Gonzalo Galeano fue entrevistado por Radio Universidad de La Plata, y remarcó la importancia de que el Estado intervenga con políticas públicas que apunten a reducir daños en la salud de quienes consumen una determinada sustancia. “No tenemos sistemas de testeo de drogas. Si una persona quiere consumir cualquier sustancia no tiene forma de probar que lo que va a consumir es lo que cree efectivamente lo que va a consumir. Esto lo genera la prohibición. La imposibilidad de control de las sustancias que se consumen (y esto es algo que ha sabido aprovechar el universo narco) hace que crezca el estiramiento al máximo, porque es una ecuación económica. Mientras más pueda adulterar la droga, más rentabilidad va a tener. Como no hay ningún tipo de control, la adulteración se da al máximo”, alertó.

Marcos Torti, también abogado e integrante de RESET, conversó con Elplanteo.com y se refirió particularmente a la legislación actual argentina: “La Ley 23.737 tiene un carácter tutelar de las personas: el juez decide sobre cuestiones de personas que considera adictas, con una terminología antigua y vetusta. En el ‘89 se consideraba que era el juez el que se debía ocupar de encerrar a las personas con consumo problemático, cuando el abordaje de las personas, en este caso, debe proceder desde la salud mental”, aseveró, haciendo hincapié en la necesidad de modificar la normativa vigente.

 

 

Por su parte, la socióloga Tiravassi habló con Radio Provincia y sentenció que “si seguimos negando el consumo, lo que hacemos estrictamente es tirarlo a la clandestinidad. SSostener la cultura del prohibicionismo nos lleva a un mercado librado al azar, justamente a merced de las redes ilegales. Ese es el principal problema que vemos” desde la organización, señaló. La psicóloga Soledad Vallejo, además, sintetizó en la Radio Universidad de Rosario que “desde el momento en el que a una práctica social la penalizás y las criminalizás, todas las respuestas sociales y todas las respuestas del Estado con respecto a eso van a ser bajo esa conceptualización. Y es lo que vemos en el sistema de salud también: es muy difícil de acceder al sistema para las personas que tienen problemas de consumo de sustancias”.

Cada unx desde su mirada profesional y territorio -RESET cuenta con integrantes a lo largo de todo el país-, lxs entrevistadxs intentaron dar cuenta, a través de los medios, de los múltiples debates que hacen falta dar a nivel social y político para poder dar una respuesta integral y humana a las personas usuarias de drogas y en particular a aquellas que demandan atención de salud a raíz de un consumo problemático. Para que el evento de Puerta 8 no vuelva a repetirse hacen falta políticas públicas, información basada en evidencia y un intercambio social sin hipocresías.