Desde RESET – Política de Drogas y Derechos Humanos presentamos la serie de videos en el marco de la campaña por los 10 años del fallo de la Corte Suprema de Justicia.
Las temáticas tratadas son: depenalización, regulación de las drogas, reducción de daños, salud mental, drogas y género, uso terapéutico del cannabis, narcocriminalidad, drogas y niñez, drogas y educación y medios de comunicación.
Los mismos cuentan con la conducción de Tomás Fonzi y el apoyo del Servicio Publico Provincial de Defensa Penal de Santa Fe.
La realización fue por cuenta de Alejo Araujo, Malena Bystrowicz y Luis Small.
A continuación presentamos el guión y video correspondiente a “Despenalización”.
Despenalización
En 1974, el entonces Ministro de Bienestar Social y creador de la fuerza paramilitar conocida como “Triple A”, José López Rega, declaraba que “las guerrillas son los principales consumidores de drogas en la Argentina, por lo tanto, la campaña antidrogas será auténticamente una campaña anti guerrilla”.
La ley de drogas por él impulsada, junto a los decretos de aniquilamiento, fueron funcionales a la doctrina de seguridad nacional, el terrorismo de Estado y la persecución penal de las personas que consumen drogas.
Quince años después, en 1989, se sanciona la actual ley de drogas 23.737, la cual reitera la penalización de diversas conductas que hacen al consumo de sustancias prohibidas, como ser el autocultivo y los delitos de tenencia.
Algunos legisladores de ese entonces consideraron que la penalización de la tenencia, reduciría el consumo y cuidaría la salud pública. Sin embargo, los datos recolectados por el SEDRONAR señalan que el consumo reciente de alguna droga ilícita pasó del 3,6% en el año 2010 a 8,3 % en la actualidad.
La otra cara de la moneda, es la cantidad de causas que se inician por tenencia de drogas. Según datos de la Procuraduría de Narcocriminalidad, entre 2011 y 2018, el 35% las causas judiciales iniciadas por estupefacientes, en todo el territorio nacional, corresponden a tenencia para consumo personal.
Para el Estado, significa un cuantioso dispendio de los recursos públicos, destinados a la persecución inconstitucional de personas que consumen drogas. Recursos que se podrían destinar a la persecución de delitos de verdadera gravedad y entidad social, como ser el narcotráfico y la corrupción, entre otros.
Para las personas, implica un daño difícil de reparar, producto de una intromisión inconstitucional en su intimidad, mediante allanamientos, detenciones, encarcelamientos, extorsiones policiales, estigmatización social, familiar y laboral.
De estas causas: el 80% se inicia por “prevención”.
En referencia al accionar de las fuerzas de seguridad, las detenciones de la policía en la vía pública, suele darse contra determinados grupos sociales -generalmente, varones, jóvenes, de bajos ingresos, sin antecedentes penales-, que son detenidos bajo criterios discriminatorios del “olfato policial”. En muchos casos las fuerzas de seguridad abusan de su autoridad sometiendo a estas personas a malos tratos, apremios, sobornos y extorsiones.
Recordemos el caso de Miguel Ángel Durrels, un joven humilde de 29 años que en 2013 fue detenido en Pilar por la supuesta tenencia de cannabis para su propio consumo y la primera noche de detención en la comisaría, apareció ahorcado. Su familia aún pide justicia.
En 2009 la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió por unanimidad declarar la inconstitucionalidad de la criminalización de las personas usuarias de drogas prohibidas.
Para ello, sentenció que el delito de tenencia de drogas para consumo personal es una conducta privada que está protegida por la Constitución Nacional (Art. 19).
Decenas de organismos internacionales se han manifestado a favor de la despenalización de conductas relacionadas al consumo.
A 10 años del “Fallo Arriola” la reforma de la Ley 23.737 para despenalizar a personas usuarias de drogas prohibidas es una deuda de la democracia.
Necesitamos una política de drogas eficaz, sensata, humanitaria y respetuosa de los derechos humanos.