El debate sobre el consumo de cannabis y su regulación legal, está plagado de afirmaciones basadas en lugares comunes sin ninguna comprobación empírica, que suelen provenir sectores para los cuales la cultura prohibicionista es elevada a un nivel dogmático/religioso que se opone a cualquier desmitificación de sus preceptos.

Desde RESET, convencidxs de la necesidad e importancia de encarar la regulación en base a la evidencia disponible, desde una óptica de salud y derechos humanos, nos propusimos rebatir estas zonceras que suelen repetirse cada vez que se menciona la posibilidad regular el cannabis.

Por este motivo, presentamos los “10 MITOS SOBRE LA REGULACIÓN LEGAL DEL CANNABIS”, a través de la cual publicaremos de forma semanal los mitos más importantes respecto a la temática. El equipo de de trabajo estuvo integrado por: Mariano Fusero, Virginia Labiano, Antonella Tiravassi, Ana Safranoff, Fernando Salvador, Martín Garmendia, Gonzalo Galeano, Tomás Camarasa, Alejandro Miguez, Juan Ignacio Lozano, Ileana Arduino y Marcos Torti. La producción y edición de los videos estuvo a cargo de Alejo Araujo y la locución por parte de Antonella Tiravassi.

En esta oportunidad:

MITO #2:
El consumo de cannabis induce al delito 

A partir de una encuesta realizada por el CELIV-UNTREF (2013-2019) en ocho países de Latinoamérica a mujeres y varones en contextos de encierro, se observa que un 33% del total de personas respondientes dijo haber consumido alcohol o alguna otra sustancia durante las seis horas previas al delito por el cual fue detenida (cifra que en el caso de Argentina desciende al 32% en la última encuesta, realizada en el año 2019).

La correlación entre hechos delictivos violentos (incluidos asesinatos) y consumo de sustancias con propiedades psicoactivas es baja. A su vez, un 53% del total de la población referida confirma haber probado cannabis alguna vez en su vida;  esto deja entrever que el consumo social de algunas sustancias tiene escasa correlación con la motivación delictual. Los homicidios cometidos en nuestro país no son perpetrados por individuos que están bajo la influencia de alguna sustancia de consumo legal o ilegal.

Ahora bien, en aquellos casos (como el 32% en Argentina) en que confirman haber consumido alguna sustancia que pudo haber influenciado su conducta, ésta ha sido en la gran mayoría resultado del consumo de alcohol (sustancia publicitada y disponible en las góndolas de cualquier supermercado).

En el caso de los delitos violentos, como el homicidio, los móviles suelen ser distintos al consumo de sustancias, tal como lo expresa el estudio realizado por el Instituto de Investigaciones del Consejo de la Magistratura de la Nación: el 39% de los homicidios se producen en circunstancias de discusión y/o venganza personal o grupal; el 11% se corresponden a conflictos interfamiliares.

Los casos que “involucran drogas” están principalmente relacionados a la prohibición de las mismas y la disputa territorial por su comercio ilegal entre bandas y fuerzas policiales, no a su consumo. En algunos “barrios de emergencia” tal móvil significa –conforme al estudio señalado– el 25 por ciento de los homicidios. Ante ello, tal vez sea hora de reconocer el fracaso de la prohibición y evaluar coherentemente nuevos abordajes regulatorios de sustancias para sacarlas de manos del crimen organizado y de tales disputas violentas.

Por tanto, no existe evidencia estadística sólida que demuestre que el consumo de sustancias arroje a los individuos a la criminalidad. Menos aún del cannabis. La publicación de la Sedronar “Consumo de drogas, prácticas delictivas y vulnerabilidad social” (2017) establece que “la relación entre drogas y delincuencia no es sencilla ni lineal. Tampoco es generalizable: muchos delincuentes reincidentes no consumen drogas y muchos drogadependientes no cometen delitos”.  El consumo es sólo un dato más entre un grupo de variables que podrían explicar el comportamiento delictivo –como los factores fisiológicos, psicológicos y conductuales, familiares, culturales, sociales, económicos y situacionales–.

Señalar al consumo de sustancias psicoactivas como la principal causa de hechos delictivos puede resultar tranquilizador para muchos y de enorme conveniencia política para otros, pero a ciencia cierta configura una imputación estigmatizante para las personas que consumen sustancias prohibidas –que son expulsadas del sistema de salud pública y perseguidas por el sistema penal como potenciales delincuentes–. Esta realidad ha sido reconocida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en su antecedente “Arriola” del año 2009. Allí el máximo tribunal, en el contexto de declarar la inconstitucionalidad de la penalización de las personas que consumen drogas prohibidas, ha dicho que “quien es señalado como ‘delincuente’ –e ignorado en su problemática– no acude al sistema de salud o bien tienden a dilatarse en grado extremo los tiempos de latencia entre el inicio del consumo y la solicitud de atención”.

Es importante profundizar en este tipo de análisis para poder prestar asistencia donde corresponda. Es posible que exista una eventual asociación entre el consumo de drogas y la comisión de delitos, pero esta vinculación no es causal ni directa. Por el contrario, es posible que ambos hechos sean el resultado de otro tipo de factores de desigualdad estructural. Existen múltiples variables –tanto en el hecho delictivo como en el consumo de sustancias– que deben ser explorados previamente a cualquier conjetura apresurada.

Fuentes
1. http://www.observatorio.gob.ar/media/k2/attachments/EstudioZNacionalZenZpoblacinZprivadaZdeZlibertad.pdf
2. http://www.celiv.untref.edu.ar/contenidos.html
3. SEDRONAR. Resumen de los resultados del Estudio 2017 de consumo de Sustancias Psicoactivas. 2017. Disponible en http://www.observatorio.gov.ar/media/k2/attachments/INFORMACINZPARAZCOMUNICACINZPRENSA.pdf