Cómo el caso de las “Fiestas del Propofol” nos devela la arquitectura del privilegio en las narrativas sobre drogas.
Por Dalila Tealdi, Comunicadora social, Presidenta de RESET – Política de Drogas y Derechos Humanos
Hernán Boveri, “Fini” Lanusse, “Tati” Leclerq, Alejandro Zalazar, anestesia, fiestas del Propofol, placer, crisis de salud mental y las narrativas mediáticas sobre los consumos de drogas. En los últimos días, el cuento de los anestesistas invadió todas los medios de comunicación y sus redes sociales. Una periodista de Infobae se molesta por la sexualización de las protagonistas del hecho, le pide a un colega varón que muestre más fotos de Boveri, y éste intenta, una y otra vez, no culpabilizar a nadie y distinguir entre el tipo de sustancias usadas porque estas eran legales y no ilegalizadas, mientras que el conductor no sabe quién es Boveri, pero sí sabe perfectamente de Fini y Tati y todas las fotos que se publicaron de ellas.
Una crónica de Anfibia y elDiarioAR busca contextualizar la vida de lxs anestesistas, sus crisis, responsabilidades y el estado de precarización laboral para, de alguna manera, argumentar que toda la sociedad está rota y que estos especialistas, pese a ser los mejores remunerados, tampoco están exentos. Medios y periodistas buscan estrategias de abordajes discursivos de la temática porque el caso nos expulsó a una encrucijada en la narrativa histórica de los usos de drogas construida desde dos pilares que parecían inamovibles: el discurso médico, que nos clasifica entre sanos y enfermos, y el discurso moral que nos divide entre ciudadanxs ejemplares y desviados. Sin embargo, cuando estos discursos chocan entre sí, esto es, cuando la persona que debiera encarnar la salud y la norma es quien recurre a la sustancia, el sistema no colapsa, simplemente cambia la táctica narrativa y recurre a la clase social para salvarse. Aunque todxs sabemos que la clase siempre estuvo ahí.
A partir del caso de la Propofest, el fallecimiento del médico anestesista Alejandro Zalazar y todo lo que se está develando de esta trama, nos detenemos a pensar cómo desmontar la arquitectura del privilegio en las narrativas sobre drogas. Sin dudas, necesitamos entender y motivar a desarmar las estructuras que condicionan hoy los consumos problemáticos de drogas para pensar en mejores abordajes, tal y como proponen algunas de las notas de análisis publicadas en los últimos días. Pero queremos ir un poco más allá cuando vemos que existe un fenómeno recurrente en la narrativa pública como lo es la humanización selectiva del padecimiento. Esto es, ante ciertos consumos el lenguaje se vuelve sofisticado y compasivo: nos permitimos hablar de explotación laboral, precarización, burnout, estrés ambiental y la soledad como condicionantes. Se muestra a la persona como víctima de un sistema que la sobrepasa, con una subjetividad herida que busca, en estos casos legítimamente, un respiro o algo que la saque de esa realidad por un rato.
Si el sistema es completamente desigual y pega con distintas condiciones de vulnerabilidad a la población, ¿no es un poco a lo que está expuesta toda la sociedad en la actualidad? ¿Podríamos, entonces, encontrar argumentos para tratar de entender los consumos problemáticos en otras poblaciones menos privilegiadas y así exigirle al estado más responsabilidad y mejores abordajes? De nuevo, el problema no es el análisis que se está haciendo, profundamente humano y necesario, sino su aplicación selectivamente desigual.
Cuando pensamos en los consumos de drogas, legales o ilegalizadas no nos interesa ahora el estado de fiscalización de éstas, podemos verlo como una respuesta adaptativa ante un medioambiente caótico, pero por qué para las personas situadas en los márgenes de la estructura socioeconómica la mirada se vuelve rígida y punitivista. Una de las respuestas la encontramos en la cristalización de los discursos morales, médicos y criminalizantes que construyeron una retórica de las personas usuarias ligada a la peligrosidad, la enfermedad, la desviación y la delincuencia. Con algunas personas puede entenderse la crisis de salud mental, pero con otras el problema cae en la esfera de la seguridad. Esta asimetría devela, algo que sabemos y que no es nuevo, que el sistema no juzga la acción de drogarse, sino la identidad de quienes lo hacen.
La necesidad de evadirse completamente de lo real, de suspender los sentidos en una sociedad que se percibe rota, suele plantearse como una urgencia casi existencial para quienes poseen el capital cultural para narrarla. Sin embargo, para los sectores más expulsados, esa misma necesidad de olvido o alivio no es leída como una búsqueda de paz, o de placer ¿por qué no?, sino como una confirmación de su marginalidad. Es acá donde el clase opera como un salvoconducto. El acceso fácil a las sustancias, la tentación, la curiosidad se presentan como los atenuantes para quienes habitan contextos de prestigio, mientras que para quienes habitan la vulnerabilidad estructural, el acceso es interpretado como complicidad criminal y que caigan sobre ellos todas las fuerzas de la Ley de Estupefacientes 23.737 y de Desfederalización 26.052. La pregunta obligada a hacernos es ¿quién define quiénes tienen derecho a olvidar y quién está obligado a resistir?
Cuando la figura ejemplar del orden social -universitaria, profesional, trabajadora, sana y, sumaría para el caso, joven y mujer-, de cuidadora de los cuerpos incurre en la autodestrucción del propio y el discurso médico moral choca de frente, la respuesta institucional suele ser la privatización. Primero la censura, como se intentó y por eso tardamos cuarenta días en enterarnos, pero si no funciona, se desplaza el hecho al ámbito privado como hizo en sus declaraciones la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires (AAARBA) para evitar la discusión necesaria sobre lo social, sobre los vínculos fragmentados, la responsabilidad del Estado y la búsqueda del placer -y distanciamiento de la angustia- como condición humana. Al declarar el hecho como privado, se protege la jerarquía, se prefiere la descripción del lobo solitario o la caída del héroe antes que abordar la falla en la estructura colectiva que cada día se fragmenta más y pierde su capacidad de contención.
Si aceptamos, como mencionábamos antes, que la realidad se ha vuelto un territorio por momentos insoportable y que la búsqueda del placer o evasión -como quieran llamarle-, es una pulsión humana universal, nos obligamos a desmantelar las varas morales que hoy nos dividen. Si la sociedad sólo ofrece empatía y entendimiento a aquellas personas ejemplares o héroes y castiga a quienes “no son nadie”, es una sociedad que decidió renunciar a la búsqueda por la igualdad de derechos. Debemos aceptar que, cuando hablamos de consumos, el destino objetivo es el placer —nos gusten o no las sustancias y las vías de administración elegidas—. Ya sea para sacarnos de una realidad que nos atormenta o por uso recreativo, la muerte no suele ser el objetivo. Por eso también resulta vital conocer los riesgos y apostar por la reducción de daños; una perspectiva que reconozca la agencia de la persona usuario y priorice la vida sobre el juicio.
Con la trama de la “Propofest”, nos podemos sacar el sesgo clasista y ver cómo los discursos moralizantes quedaron en jaque ante una realidad de consumos que, como decimos siempre, no discrimina -tampoco por profesión ni por apellido-. Si somos capaces de reconocer que la precarización y otras condiciones de vulnerabilidad son políticamente inducidas, vamos a poder construir abordajes que dejen de usar la clase como un fusible y empiecen a aplicar una mirada relacional y comunitaria como refugio. Necesitamos una mirada que integre en sus análisis a la persona, su contexto, su clase, su género y una sociedad que deje de fomentar la individualización como única salida. Construir redes y contención, ponerse en el lugar del otro y ahí sí, veríamos a cuántas personas entenderíamos y trataríamos de acompañar desde otras perspectivas alejándonos del castigo.