Por Ana Clara Camarotti.
Doctora en Ciencias Sociales, Magíster en Políticas Sociales,
Especialista en Planificación y Gestión de Políticas Sociales y
Licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Investigadora Independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).
Coordinadora del área de Salud y Población del Instituto de Investigaciones Gino Germani.
Esta semana no pude dejar de seguir el juicio por la Masacre del Pabellón Séptimo. En este proceso, la justicia sentó un precedente fundamental al establecer que el mal llamado “motín de los colchones” constituye una masacre, y no un motín, y que debe ser comprendido como un caso de graves violaciones a los derechos humanos.
En el pabellón estaban alojados 161 presos, en su mayoría detenidos por delitos menores o como resultado de simples razzias policiales. El Pabellón Séptimo era un espacio mixto, donde convivían presos comunes y presos políticos. Algunos tenían causas federales por portar apenas un “porro”. De los detenidos allí alojados, más de 80 resultaron con heridas graves y 65 murieron quemados, asfixiados y baleados.
El veredicto incluyó condenas de 25 años de prisión para dos ex agentes penitenciarios. El fiscal sostuvo que los hechos juzgados expresan dos dimensiones de la violencia: la dictatorial y la carcelaria.
La causa logró reabrirse gracias a la apelación presentada por Claudia Cesaroni, en nombre de los sobrevivientes y de familiares de algunas de las víctimas fatales, ante la Sala I de la Cámara Federal. En agosto de 2014, los hechos fueron considerados crímenes de lesa humanidad, por lo que debían ser investigados por la justicia federal. En consecuencia, la causa volvió al juzgado federal a cargo de Daniel Rafecas.
En este marco, el grupo de teatro Carnero presentó su obra número 65, Nogoyá, en referencia al nombre de la calle donde se encontraba el pabellón de la cárcel. Antes de comenzar la función, tomó la palabra Claudia Cesaroni, junto con integrantes del medio La Retaguardia, que acompañaron el juicio durante todo su desarrollo y contribuyeron a construir una comunidad de apoyo y memoria.
A continuación, algunas reseñas de las personas asesinadas en esta masacre:
Luis María Canosa Canale fue detenido por “tenencia de estupefacientes” en febrero de 1978, en la esquina de Las Heras y Pueyrredón, cuando se encontraba junto a su esposa, Claudia. Fue trasladado al pabellón número 7 de la Unidad 2 de la cárcel de Devoto. Diecinueve días más tarde, con apenas 21 años, su vida encontró un desenlace trágico. Patricio Rey, en su memoria, escribe: “Toxi Taxi”.
Horacio Santantonin fue quien relató los hechos al penalista Elías Neuman. Su testimonio quedó documentado en el libro Crónica de muertes silenciadas. Ese libro llegó a manos de Indio Solari que lo inspiró a escribir la canción “Pabellón Séptimo (Relato de Horacio)”. Santantonin compartía abogado con Pablo Menta, otro de los presos del pabellón, quien prefirió suicidarse delante de sus compañeros antes que seguir padeciendo aquel infierno.
Ariel Omar Colavini fue detenido en noviembre de 1977 tras ser encontrado con dos cigarrillos de marihuana. Luego fue trasladado a Devoto al pabellón séptimo. La masacre también se cobró su vida. Dos semanas después de su muerte, la Corte Suprema confirmó su condena. El argumento esgrimido sostuvo “el vínculo entre la toxicomanía y la desintegración individual y general, su pernicioso influjo en la moral y la economía de los pueblos, y su acción sobre la delincuencia común, la subversiva y la destrucción de la familia”.
Pasaron 47 años de la masacre. Pasaron dictaduras y democracias, gobiernos de distinto signo, crisis profundas y etapas de crecimiento económico. Sin embargo, la cárcel —esa que expuso el horror en vivo y en directo aquella mañana de marzo de 1978— sigue funcionando bajo las mismas lógicas de encierro, castigo y deshumanización. La Masacre del Pabellón Séptimo no pertenece solo al pasado: interpela al presente, obliga a revisar las continuidades de la violencia estatal y exige que la memoria no se limite al recuerdo, sino que se traduzca en justicia, verdad y transformación real de las instituciones penitenciarias.