Por Fabio Ramos, periodista, integrante de RESET – Política de Drogas y Derechos Humanos.
A medida que los actores se multiplican, más novedades ingresan a diario en un caudaloso mar de información. Anuncios de lanzamientos de programas de investigación, nuevos convenios entre entes privados y estatales, correcciones a las reglamentaciones de leyes y decretos: que las ONG´s ahora pueden tener hasta 150 socios/as, que la frase “por predio” es mejor reemplazarla por la frase “por miembro”, o el inminente comienzo de venta de cannabis con fines medicinales en los grows shops. Hoy es posible cultivar en el hogar; para fines medicinales. Una credencial lo avala. Los últimos años han sido vertiginosos en materia de legislación sobre cannabis. El 22 de septiembre de 2017 el Boletín Oficial publicó la reglamentación parcial de un proyecto aprobado meses atrás. Fue el 29 de marzo de 2017 cuando, tras media sanción obtenida en la Cámara de Diputados, el Senado dejó a un lado su histórico conservadurismo y aprobó por unanimidad la normativa que regula el uso del cannabis para fines medicinales.
Una ley defectuosa, de acuerdo con quienes militaron su sanción, tanto organizaciones cannábicas que hace más de una década bregan por la regulación del uso de la planta para todos sus usos como para las ONG que nacieron pocos años antes del debate parlamentario.
A cinco años de aquel hito, RESET habló con los principales protagonistas de un proceso que comenzó antes de 2017 y que aún está en desarrollo. Pasado, presente y futuro de la 27.350, ley de “Investigación médica y científica del uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados”.
Las manos de mi madre
En 2015 la opinión pública conoció a María Laura Alasi, madre de Josefina, niña que padece Síndrome de West, un tipo de epilepsia refractaria que produce hasta 20 convulsiones por día y que era tratada con aceite de cannabis, lo que disminuyó notablemente los cuadros. Alasi y su marido lograron que la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) autorizase el ingreso de un fármaco a base de cannabis al país, el Charlotte´s Web, un aceite de cannabis con altas concentraciones del cannabinoide denominado cannabidiol (CBD). Pero las trabas burocráticas lxs obligaron a discontinuar el tratamiento. “No tengo dónde conseguir las semillas. Y nosotros queremos cultivar para Josefina. Las madres tenemos bronca porque venimos hace tiempo peleando por esto y vemos que los políticos pasan y no hay una respuesta. Queremos que dejen de dar vueltas”, nos contaba Alasi en 2020.
Su caso y el de algunxs niñxs de otros países hicieron eco en los medios de comunicación, impulsando un crecimiento exponencial de madres que encontraron una ayuda para sus hijxs en la marihuana con fines terapéuticos.
En 2016 nació Mamá Cultiva Argentina, una agrupación de madres que siembran cannabis para producir aceite para sus hijxs. Nuevamente la necesidad de tener garantizado el acceso a la planta se impuso en la agenda de los diarios y de la TV. “La organización agrupación se formó en un escenario en que había muchas organizaciones cannábicas luchando por la regulación del cannabis desde una perspectiva del derecho individual de las personas, abrazadas al artículo 19 de la Constitución Nacional y al Fallo Arriola, y por otro lado había una organización de cannabis medicinal, CAMEDA (Cannabis Medicinal Argentina), con una línea muy marcada de que el Estado debía ser el que provea el cannabis a la gente a través de las farmacias. Faltaba una línea en el medio, un poco trasversal: una organización que desde el derecho a la salud luchara por el autocultivo”, recuerda Valeria Salech, presidenta de Mamá Cultiva Argentina. Ésta y otras organizaciones conformaron un enorme grupo de asociaciones de la sociedad civil que, desde abajo y fuera de la “rosca” legislativa, lograron colarse en el Congreso y plantar sus voces e inquietudes en la agenda política. Pocos meses después de que el grupo de madres se diera a conocer, tres comisiones de la Cámara de Diputados ya buscaban dictamen de mayoría para votar en el recinto.
“Empezamos a caminar los pasillos del Congreso y en un año se sancionó la Ley de Cannabis Medicinal”, repasa Valeria, y reflexiona: “No tenía nada que ver con lo que fuimos a reclamar. No fuimos a pedir permiso para usar cannabis ni a solicitarle al Estado que nos lo diera, sino a pedirles que nos brindasen un marco legal para una actividad que ya estábamos haciendo sin pedir permiso”. Pero debido a una orden directa del Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, el autocultivo no debía aprobarse bajo ningún punto de vista.
La búsqueda de ese objetivo unió a usuarixs recreativos y autocultivadores de aquellas primeras ediciones argentinas de la Marcha Mundial de la Marihuana, con personas que conocieron la planta a través de sus beneficios terapéuticos y a las organizaciones de madres que encontraron en el cannabis la mejor manera de paliar los síntomas de las dolencias de sus hijxs. Es decir, una forma de mejorar su calidad de vida.
Si bien la ley 27.350 significó un avance en materia legislativa, social y cultural, no careció de importantes reclamos populares. Porque el “no” al autocultivo representó que lxs usuarixs medicinales de cannabis sigan siendo perseguidxs por la policía e, incluso, detenidxs. Cabe aclarar que la normativa sólo garantizó el acceso a fármacos a base de marihuana –previa importación a través de la ANMAT– a pacientes con epilepsia refractaria, dejando de lado una larga lista de patologías, y un programa de investigación posteriormente desfinanciado e inútil durante años.
“La ley nos sirvió para visibilizar nuestra lucha, para que la gente se amigue con la idea de que es una planta con propiedades terapéuticas, para que nos inviten al programa de Mirtha Legrand pudiendo así llegar a un público al que quizás todavía no habíamos llegado. Y para desestigmatizar a la planta”, dice Salech. Y agregó que para ellas significó que se reconociera lo que venían diciendo: que la planta de cannabis tiene propiedades terapéuticas ineludibles para el ámbito de la salud.
Sabor agridulce
Las limitaciones de la ley de 2017 reforzó el hecho de que el autocultivo se expandiera por todo el país, proliferando los talleres sobre cannabis medicinal y muchxs cultivadorxs se solidarizaran para poder cubrir la demanda de aceites, sin fines de lucro.
Diana Conti, por ese entonces diputada nacional, estuvo entre quienes buscaron hasta el final que el autocultivo sea incorporado en el proyecto de ley. A 5 años, nos transmite las sensaciones que experimentó en ese entonces: “La ley que regula el uso de cannabis medicinal y, por lo tanto, facilita, el acceso a este tratamiento fue el fruto de un esfuerzo mancomunado de militantes, de madres y familias de chicxs con diversas afecciones de salud que ya hacían uso de esta planta, y de cultivadores que cedieron la lucha por la despenalización de su actividad en favor de que existiera una ley de cannabis medicinal”.
Y asegura: “muchas manos fueron puestas en la confección de esta ley que finalmente quedó con una influencia del bloque del PRO -que no quería el autocultivo- y, en mi opinión, perdió su naturaleza”.
El doctor Marcelo Morante, coordinador del “Programa Nacional de Investigación sobre los Usos Medicinales del Cannabis en Argentina” dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, fue por ese entonces un militante más de la regulación del uso de la marihuana con fines terapéuticos.
“Volví de un viaje a Canadá impactado con el marco regulatorio del uso del cannabis medicinal y por las propiedades de la planta, que ofrecía nuevas formas de tratamiento del dolor. Decidí capacitarme sobre el sistema cannabinoide en la Facultad de Medicina y después, en 2016, me sumé a un conjunto de actores sociales que habían empezado a dar capacitaciones en el país”, recuerda Morante. Y agrega, “cambió mi mirada sobre lo que puede ser una planta terapéutica, porque a su vez el caso del cannabis tiene atrás una cultura, un proceso social”.
Marcelo fue uno de los pocxs médicxs en participar de las reuniones de comisiones del Congreso, previas a la votación del proyecto, que habló sobre las propiedades terapéuticas de los cannabinoides y de la necesidad de poder seguir investigando.
“En 2017 la emoción y la desilusión fueron parte de un mismo proceso”, asegura, y detalla: “Viví con emoción la aprobación de una primera ley de cannabis. Pero a su vez no resolvía la cuestión del acceso al cannabis”.
A pesar de todo ello, durante la votación en el Congreso, lxs diputadxs que estaban a favor de permitir el autocultivo lograron añadir en el artículo 8° de la Ley 27.350 la creación de un Registro Nacional “voluntario a los fines de autorizar en virtud de lo dispuesto por el artículo 5° de la ley 23.737 (Ley de Drogas) la inscripción de lxs pacientes y familiares de pacientes que, presentando las patologías incluidas en la reglamentación y/o prescriptas por médicxs de hospitales públicos, sean usuarixs de aceite de cáñamo y otros derivados de la planta de cannabis, con el resguardo de protección de confidencialidad de datos personales”.
La creación de este registro significó una luz de esperanza para militantes, usuarixs y familiares, de cara a una reglamentación que regulara el autocultivo.
Ciencia e investigación en tiempos de la 27.350
Aunque el texto aprobado por ambas cámaras en 2017 planteaba muchas dudas de cara al futuro, la confianza estaba puesta en que se trataba de un primer paso por un camino que poco tiempo atrás ni siquiera se vislumbraba.
De hecho, motivó en diversxs actores la necesidad de avanzar para hacer valer lo conseguido, incluso cuando la reglamentación de la Ley había sembrado aún más incertidumbres y no parecía que hubiera voluntad política de aclarar el panorama.
Por ejemplo, el ámbito académico y científico aunaron fuerzas para llevar adelante una serie de investigaciones sobre los usos medicinales del cannabis en universidades nacionales, además de recibir muestras de aceites por parte de cultivadorxs y usuarixs para llevar a cabo testeos de trazabilidad de cannabinoides y demás compuestos.
En 2017, fueron publicados oficialmente los resultados de los estudios realizados sobre una planta de cannabis empleada con fines medicinales. El trabajo científico tuvo por objetivo conocer las características de los fitofármacos producidos de forma casera por usuarixs medicinales, a través de la medición de cannabinoides con un cromatógrafo gaseoso.
El estudio fue llevado a cabo por un equipo encabezado por Darío Andrinolo, director del Laboratorio del Programa Ambiental de Extensión Universitaria (PAEU), como parte del Proyecto de Extensión Cannabis y Salud de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), en conjunto con el área de toxicología de la Facultad de Ciencias Exactas.
La misma Facultad de la UNLP fue sede del primer cultivo de marihuana para investigación científica del país, en 2018. El proyecto también estuvo a cargo de Andrinolo, quien resaltó: “Ese primer cultivo lo hicimos acompañados por organizaciones sociales”.
Con el tiempo este trabajo científico cobró mayor relevancia ya que una de estas cepas es una de las cuatro cepas argentinas reconocidas por el Instituto Nacional de Semillas (INASE), “nuestra querida Cepa Argentina Terapéutica (CAT) N° 3 o Quinto Elemento”, destaca Andrinolo al referirse a la variedad aportada por Cultivo en Familia, creada por el reconocido cultivador solidario Daniel “El Profe” Loza, fallecido hace cuatro años.
Actualmente, con una reglamentación de la ley que arrojó claridad en varios de sus aspectos que mayores dudas presentaban, Darío Andrinolo habla sobre el presente de la investigación en materia de cannabis: “Hace ya un tiempo que han venido mejorando notablemente las capacidades de investigación, han aumentado muchísimo el número de investigadorxs que empezaron a trabajar en cannabis, tanto de instituciones científicas nacionales como de universidades, del INTI, del INTA, y al calor también de la formación de cámaras empresariales y de que las ONG empezaron a tener un lugar importante en el desarrollo del cannabis” .
Y finalizó: “La dirección que van a tomar las investigaciones en Argentina también va a tener que ver un poco con la dirección que tome el cannabis en nuestro país: o va a ser una investigación enfrascada, influenciada por el prohibicionismo que aún continúa, o va a acompañar los procesos sociales. Eso está por verse”.
Nueva reglamentación: la legitimación del autocultivo
En noviembre de 2020, casi tres años después de que fuera reglamentada la ley que regula la investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor de la planta de cannabis y sus derivados, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia el presidente Alberto Fernández derogó la resolución de 2017 y puso en vigencia una nueva reglamentación.
Lo más destacado y esperado por lxs usuarixs medicinales, sus familiares y las organizaciones cannábicas fue la incorporación del autocultivo de marihuana con fines medicinales. Para poder hacerlo se creó, a través del artículo 8° de la ley, el Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN), “en el cual se registrarán todos los pacientes que acceden a través del cultivo controlado a la planta de cannabis y sus derivados, como tratamiento medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor; a partir de la indicación del profesional médico interviniente y responsable del tratamiento”.
A su vez, fue muy celebrado que haya diferentes formas de inscribirse en el REPROCANN: a saber, persona en tratamiento para sí como paciente o como representante legal del paciente, cultivador/a solidarix, médicx profesional de la salud que indica cannabis y ONG´s vinculadas a la temática, las cuales podrán producir cannabis con fines medicinales para hasta 150 personas.
Valeria Salech considera que con la reglamentación de 2020 “mejoraron sustancialmente las miradas sobre para qué sirve el cannabis y sobre lxs usuarixs”. Además, destaca el trabajo en conjunto que se hizo desde la sociedad civil durante estos años: “tuve la posibilidad de estar sentada al lado del Presidente de la Nación cuando se sancionó la Ley de Producción de Cáñamo Industrial y de Cannabis Medicinal, y él decía que se debe terminar la hipocresía. Creo que no habría podido hablar de eso si antes no hubiera habido una construcción territorial. Diferentes actores de la sociedad civil nos hemos tomado el inmenso trabajo de ir paso a paso conquistando espacios y dando debates”.
En ese sentido, la presidenta de Mamá Cultiva Argentina dijo: “Vamos logrando eslabones que forman una cadena: que se reconozca que la planta tiene propiedades terapéuticas, que se pueda cultivar en las casas, que en la ley se contemple a los cultivadores solidarios y a los cultivos colectivos, y aún falta un montón”.
Y finalizó: “Seguir avanzando depende mucho de las políticas que se tomen desde el Estado, pero también de continuar y de nunca soltar este trabajo que venimos haciendo entre todas las organizaciones que, si bien a veces me gustaría que estuviéramos más organizadas, todas tenemos el mismo objetivo de máxima”.
Por su parte, Diana Conti expresó que “con el decreto reglamentario la ley se pudo flexibilizar y de alguna manera esta perspectiva legal facilitó que el uso de cannabis con fines medicinales haya dejado de ser visto como un cuco peligroso”. Y cierra: “Creo que el camino de lucha debe continuar, la tenencia de marihuana para consumo personal no debe ser delito”.
El ansiado REPROCANN y los proyectos de cultivos
Desde que el REPROCANN comenzó a funcionar se han inscrito 170 mil personas, de las cuales 100 mil ya han sido autorizadas para cultivar cannabis para uso personal, para un familiar o bajo la figura de cultivador/a solidarix, además de la inscripción de las ONG´.
Para el doctor Marcelo Morante, ayer militante de la ley y hoy coordinador del Programa Nacional creado a través de la sanción de la Ley 27.350 y del REPROCANN, el registro “significa para muchísimas personas una solución a la dificultad de acceso al cannabis medicinal que había antes de su puesta en marcha”.
En el mismo sentido señala que “el REPROCANN es un piso de derecho” porque “contempla el autocultivo, avanzar no sólo sobre la epilepsia sino sobre más patologías y además del permiso para cultivo permite a lxs pacientes transportar flores o aceite de cannabis”.
Sobre ello Morante reflexiona: “Creo que Argentina alcanzó la madurez necesaria para dar una respuesta concreta sobre el acceso al cannabis; nos está faltando impactar en la legislación penal. ¿A qué me refiero con madurez? Empezamos con una mamá que cultivaba para su hijo con epilepsia y con un médico que no acompaña, y ahora estamos en un proceso donde el Estado se hace presente, hay cultivos con buenas prácticas, hay un hospital que se compromete, hay médicxs comprometidxs… Todo ello es necesario para que el proceso sea seguro para unx paciente vulnerable”.
Y finaliza: “Se estableció una nueva mirada y perspectiva de salud que seguramente sea el piso del derecho al acceso al cannabis, y creo que hoy la sociedad tiene que decidir si hay un proceso superador, para definir de una buena vez políticas mucho más claras respecto a esta sustancia y a otras”.
El porvenir del cannabis medicinal
¿Cómo sigue este proceso impulsado por la sociedad civil que hace cinco años recibió el guiño en el Congreso?
-Venta de cannabis en grows.
Desde el Ministerio de Salud confirman que en breve la comercialización de marihuana o derivados de la planta con fines medicinales en grows shops será una realidad.
– Proyectos de cultivos de cannabis para uso terapéutico y registro de nuevas genéticas.
Gabriel Giménez, director nacional de Articulación Federal del Instituto Nacional de Semillas (INASE), nos contó las novedades del organismo que observa y desarrolla la trazabilidad de los cultivos en los proyectos integrales de acuerdo con la reglamentación de la ley de cannabis medicinal de 2020: “Seguimos trabajando en una serie de normativas que acompañan a la Ley 27.350 pero que también están relacionadas con el desarrollo y el proceso de una industria que se prepara a lo que va a ser la reglamentación de la ley 27.669 (Marco Regulatorio para el Desarrollo de la Industria del Cannabis Medicinal y el Cáñamo Industrial”.
“Además de las cuatro genéticas que ya están registradas hay otras cinco genéticas que ya fueron aprobadas y están en vía de registro, solamente faltan las firmas”; “estamos frente a la posibilidad concreta de que a fin de año tengamos más de una docena de genéticas nacionales registradas y probablemente también alguna extranjera”.
– Análisis de muestras de flores y aceites de cannabis.
Gregorio Bigatti, director del Programa Interdisciplinario de Cannabis del Centro Científico Tecnológico (CCT) CONICET-CENPAT (Centro Nacional Patagónico), nos cuenta que “en el Servicio de Química del CCT CONICET-CENPAT se están analizando muestras de cannabis medicinal por cromatografía de capa fina y por cromatografía gaseosa, para servicios a la comunidad. Se realiza mediante convenios con dos laboratorios privados que toman las muestras en pos de estudiar su trazabilidad y para que la gente pueda medir flores, aceites y tinturas”.
– Cooperativas de semillas de cannabis.
Ya hay cinco cooperativas de semillas trabajando con el aval del INASE. Lúcia de Souza Madeira, de la cooperativa Criar, nos cuenta:
“Estamos trabajando con germoplasma para producir y criar variedades y hacer mejoramientos genéticos. El objetivo de la cooperativa es satisfacer las necesidades de quienes están registrados en el REPROCANN. Para ello trabajamos en conjunto las cinco cooperativas, el INASE, el INTA y el INAES: estamos criando genéticas estables con trazabilidad, adaptadas al suelo y al clima del país”.
– Capacitación de las fuerzas de seguridad.
Los casos de allanamientos y/o detenciones a usuarixs y/o cultivadores de cannabis registradxs en el REPROCANN ponen de manifiesto la necesidad de realizar una mayor capacitación a lxs agentes y operadorxs judiciales.
Esto ocurre en ciertas localidades mientras que en otras no hubo mayores dificultades. Es el caso de la ciudad bonaerense de Mar del Plata, donde las causas prácticamente son nulas. “Hicimos reuniones con la jefatura departamental, gente de la municipalidad y el secretario de seguridad, y luego dictamos seminarios y clases al personal de todas las comisarías y al comando de la ciudad”, cuenta Leandro Favaro, Fiscal Federal de la Fiscalía de Instrucción y Juicio de Estupefacientes de Mar del Plata, quien agrega: “Se capacitó sobre la finalidad de la ley, documentación que debe ser presentada, cantidad de plantas por metros cuadrados, qué hacer si hay excedente, cuándo deben intervenir las fiscalías y en cuándo no. Pudimos aceitar el mecanismo de modo seguro y rápido. Esta información forma parte de un instructivo que fue entregado a las comisarías”.
-Acceso al cannabis para uso veterinario
El régimen del REPROCANN absurdamente dejó de lado el acceso del cannabis para uso animal, impidiendo el registro de los profesionales veterinarixs y sus tutores. Desde RESET Animal, a cargo de la veterinaria Paula Lezcano, quien compone a su vez Veterinarios Cannábicos Argentinos junto a decenas de profesionales de la salud animal a nivel federal, se aportaron diversos reclamos administrativos a fin de modificar el temperamento de la cartera de salud, sin haberse avanzado en la materia. Actualmente se desarrollan reuniones con diversos organismos, como el SENASA, a fin de destrabar la utilidad y el acceso del cannabis para fines veterinarios.
Si bien entre 2017 y 2020 no se avanzó en el delineamiento del marco legal definitivo que la Ley 27.350 requería para su puesta en marcha, el trabajo realizado en ese período por las organizaciones de usuarixs y familiares de cannabis para uso médico y por cultivadores solidarixs sentó las bases del escenario actual. Es que tras el Decreto de 2020 que reglamentó la normativa, los actores implicados e interesados en cannabis medicinal no paran de reproducirse. Empresarixs, funcionarixs, profesionales de la salud, que hasta hace no mucho tiempo esquivaban la mirada si se les consultaba sobre marihuana, hoy buscan salir en la foto.
No obstante, cada cual con sus características, gran parte de los proyectos de cultivo a gran escala y de los convenios de investigación, son una muestra concreta de la necesidad e importancia de contar con la participación de la sociedad civil, de quienes llevan muchos años poniendo el pecho, sus manos y conocimientos para que esta planta medicinal llegue a quienes la necesitan. A pesar de la prohibición. Más allá del riesgo de ser detenidos. Y cargando en sus espaldas un pesado estigma social y cultural que, en paralelo con los avances legislativos, se resquebraja y comienza a caer.