Anuar Peche.
Integrante de RESET- Política de Drogas y Derechos Humanos.
Ilustración: Nadia Pizzulo.
La Ley de Drogas (N° 23.737) es sinónimo de persecución, cárcel, estigmatización social/familiar/laboral, discriminación, misoginia, y vulneración de derechos. En sus 31 años de vigencia, el Estado argentino generó gastos siderales en Justicia y Seguridad y nunca pudo acabar o al menos disminuir la famosa “guerra contra el narcotráfico”, objetivo por el cual se sancionó la ley en 1989.
A pesar de la vigencia del fallo Arriola (en 2009 la Corte Suprema de Justicia de la Nación consideró que es “inconstitucional” criminalizar a una persona por tenencia para consumo personal si no pone en peligro a terceros), esta ley punitivista ha criminalizado a mansalva las conductas asociadas al consumo, tenencia y autocultivo, y coloca a lxs usuarixs -prácticamente- en la misma escala penal que violadorxs o asesinxs.
Hay diversos fallos en lxs que Jueces/zas y fiscales declararon la inconstitucionalidad de la conducta, entendiendo que “la tenencia de estupefacientes para consumo personal queda subsumida dentro de la inmunidad del Art. 19 de la Constitución Nacional” (las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados…), al no ofender el orden o la moral pública o generar perjuicio a tercerxs.
Pero muchxs otrxs no tienen en cuenta antecedentes como el de Arriola. Hoy en día, si alguna persona es detenida por una infracción a la ley 23.737, su libertad entra en una especie de ruleta rusa judicial. ¿Por qué? La ley 26052 (“Ley de Desfederalización Parcial de la Competencia Penal en Materia de Estupefacientes”), sancionada en 2005, delegó competencias a las provincias y así profundizó la 23737, generando un sistema de engranaje macabro.
Así, el resultado de esta ruleta rusa judicial no solo depende del tribunal que se encargue de juzgar, sino también de la fiscalía, el acceso a una defensa idónea y la imputación arbitraria que se aplique en cada jurisdicción. No es lo mismo la interpretación sobre un mismo hecho que suelen dar los fueros de narcomenudeo de Buenos Aires que de Córdoba, entre Ríos, etc. A la misma conducta le puede caber una imputación por tenencia para consumo (un mes a dos años de prisión) sobre la cual eventualmente y en un indeterminado tiempo podrá aplicarse “Arriola”; o una imputación de tenencia simple (1 a 6 años de prisión); o en el peor de los casos, una imputación de tenencia para comercio cuya escala va de 4 a 15 años de prisión. Los criterios entre una y otra son de los más abstractos y discrecionales, vinculados a entornos sociales y personales de las personas imputadas, lugar del hecho, cantidades indeterminadas de sustancias en posesión, contextos de demagogia política punitiva que clama por estadísticas que simulen éxitos en las políticas represivas contra el “flagelo”, criterios racistas y xenófobos de lxs operadores judiciales, cantidad de melanina en la piel de la persona imputada, lugar de residencia, etc.
Asimismo, existen diferencias entre jurisdicciones respecto de las legislaciones procesales al aplicar las leyes de fondo, lo cual puede perjudicar aún más a las personas criminalizadas. Los juzgados no están obligados a seguir la jurisprudencia asentada en el fallo “Arriola” y las justicias penales ordinarias provinciales de la mano de la 26052, generaron igual e incluso más daño que la mismísima 23.737.
Una clara evidencia de que a la Justicia argentina le queda mucho por deconstruir en política de drogas y derechos humanos. Siguen existiendo Jueces/zas y fiscales prohibicionistas en cada rincón del país, se continúa allanando, deteniendo, demorando, llenando estadísticas y cárceles con personas que consumen o sujetxs vinculadxs al comercio de drogas ilícitas a pequeña escala.
Los números son alarmantes: En 2019, el 93% de las incautaciones de marihuana fue justamente a personas que consumen y actorxs ligados a las actividades de narcomenudeo (datos del relevamiento del Ministerio de Seguridad, a partir de datos de las cuatro fuerzas federales). Se calcula que más de 20 mil personas son criminalizadas en cada año por tenencia de sustancias ilegales para consumo personal. Por ejemplo, en 2018, hubo un total 21.780 causas vinculadas al delito (datos brindados por la Dirección General de Desempeño Institucional).
Además el incumplimiento del fallo Arriola generó consecuencias graves en el sistema carcelario, por ejemplo, en el aumento de la población por presuntas infracciones a la Ley de Drogas. Sobre todo en mujeres, mujeres trans y travestis. En la actualidad, el 48% de las detenidas en Argentina, están tras las rejas por “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización” en pequeñas cantidades (expuso el procurador adjunto interino de la Penitenciaria de la Nación, Ariel Cejas Meliare, en los 10 años de Arriola en el Congreso de la Nación). Y la superpoblación trae otras complicaciones: falta de acceso a la salud, a la alimentación y violencia.
Uno de los casos recientes de atropello a las libertades individuales de la ley 23737 es el que vivió Diego Ledesma: El 15 de abril pasado, la policía allanó sin ningún tipo de orden judicial su casa en Tortuguitas, encontraron dos plantas de cannabis, material seco, y lo imputaron con el delito de “tenencia ilegal de estupefacientes con fines de comercialización” (tiene penas de entre 4 y 15 años de prisión). Estuvo más de 30 días detenido, pero la justicia finalmente le otorgó la libertad “por falta de mérito”.
¿Cómo justificó la policía su ingreso sin orden? “El motivo que supuestamente habilitaba es que habían visto un comprador en la casa de Ledesma”, contó Juan Manuel Gornatti, abogado de Diego Ledesma en diálogo con Reset. Pero la defensa pudo corroborar que nunca existió situación ilícita alguna. Por este caso repleto de irregularidades, la familia de Diego inició denuncias en la Fiscalía de Cámara en contra de la Policía y su actuación, y también realizó denuncias en asuntos internos de la provincia de Buenos Aires.
Luego de tales atropellos, Diego y su familia volvieron a vivir momentos difíciles. “Hubo varios episodios en los que se notaba que la familia estaba siendo seguida por personal policial; se acercaban policías en forma intimidatoria a la casa por las noches. Esto está registrado con cámaras de video”, denunció el abogado de Ledesma.
Y agregó: “Hoy por hoy la situación está tranquila. Ahora tenemos que seguir adelante para terminar con las causas que están imputados los policías y la causa de Diego para pedir la nulidad y el sobreseimiento total, que sea librado de toda culpa y cargo. Esto se trató de un atropello policial, se quiso inventar una presunta situación ilícita, no sabemos aún con qué motivo”.
Aracelli Rea también vivió en carne propia el peso de esta ley punitivista. El 27 de junio de 2019, efectivos de la policía allanaron su casa de La Plata, secuestraron las plantas de marihuana y el aceite que utilizaba para el tratamiento de su nieto Tiziano, que padece Síndrome de West, más conocido como epilepsia refractaria. Estuvo demorada algunas horas y luego fue liberada, pero todo el material secuestrado quedó incautado. Días después, Aracelli realizó un pedido para reclamar la devolución. Al mes siguiente, en un fallo sin antecedentes, la Justicia penal de La Plata a través de la fiscal Ana Medina ordenó que se le restituyan las plantas de marihuana.
“Es horrible que te allanen, que te apunten con itacas. Me pareció terrible que hayan ingresado con una orden de allanamiento a nombre de otra persona, diciendo que investigaban conjuntamente con otras dos investigaciones de Beriso. Me dijeron que no tenía permiso para plantar, que estaba violando la ley de estupefacientes, pero les dije que no tenía opciones, que probé con el aceite que ofrece el Estado y no tuve soluciones. Tenía todos los papeles que me pedían, inscripción en el Registro Nacional de Pacientes en Tratamiento con Cannabis (RECANN), certificado de discapacidad, historia clínica. Mostré todo para que se den cuenta que no se trataba de narcotráfico. Pero la ley de drogas criminaliza a usuarios, nos persigue. Es muy triste que pase eso. A nosotros por un lado nos salió bien porque nos retribuyeron las plantas, pero hay muchísimas familias que no tienen esa suerte”, comentó Aracelli, en diálogo con Reset.
Y dio detalles del allanamiento: “En el allanamiento no solo te llevan todo el laburo de un año. Además revisaron mi intimidad, dieron vuelta todo, rompieron una puerta. No te puedo explicar como dejaron mi casa. Después de eso vivís con mucho miedo. No pude dormir las primeras semanas con normalidad. Lo grave fue que cuando allanaron los otros dos domicilios de la investigación en conjunto, encontraron al delincuente que supuestamente buscaban en mi casa, con armas, bolsos con municiones, chalecos antibalas. Y lo que hicieron fue poner todo lo que secuestraron de ese allanamiento, junto con mis plantas y sacaron una foto a todo. Eso se lo conté al fiscal cuando me devolvieron las plantas, y me dijo que iba a investigar el porque habían llegado a mi casa. Y le dije que era súper importante que lo haga, porque todo el mundo sabe lo que hago, ya que hace 11 años que vivo en el mismo lugar. Ellos se agarraron de que un policía vino al barrio, investigó y testigos le dijeron que acá vivía el delincuente. Yo dije que quería saber quiénes son los testigos porque es totalmente falso. Todavía no tengo la resolución del fiscal”.
Damian Raña es otra de las víctimas recientes de la ley de drogas. Estuvo 11 meses detenido por “tenencia y producción de estupefacientes para narcomenudeo” y el pasado 12 de mayo recuperó su libertad. La decisión la tomó la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata, que ordenó su liberación y cambió la carátula, reconociendo que su cultivo tenía por objetivo su “consumo personal” (un delito que tiene una pena máxima de dos años, y que es excarcelable).
“Fue horrible. Me quitaron el derecho a la salud, estaba con tratamiento médico. Eso fue suspendido durante todos los meses que estuve detenido, y fue terrible para mi salud. También para mi vida social, porque me quedé sin trabajo. El impacto negativo que sufrió mi familia fue muy fuerte, una conmoción muy grande. Me pasearon por diferentes lugares, por una comisaría y dos alcaldías: estuve 10 días en la comisaría de Ringuelet, ahí fui a la Alcaldía 2 de La Plata, donde estuve de julio hasta octubre. Después fui trasladado a la Alcaldía de Pettinato, de octubre hasta el 5 de diciembre. Y ahí, me dieron una morigeración por mi salud, porque en estos 5 meses y medio el juez se dio cuenta de la gravedad de mi estado y ahí me mandó a domicilio para que siga con los tratamientos. Estuve en domiciliaria, para esperar a que resuelvan, estando en mi casa. Hasta que el 12 de mayo me dieron la libertad”, contó Damián en charla con Reset.
Y concluyó: “Mi causa sigue en proceso debido al accionar que tuvo la policía. La idea es llegar a una solución, sigo a la espera de novedades. Esperemos que se regule el cannabis y se deje de perseguir, y criminalizar a lxs usuarixs y cultivadorxs. Que se facilite el acceso a la sustancia y a la información. Todavía hay gente que piensa que la marihuana es peligrosa. La ley es vieja, no tiene mérito, ni justificativo. Ya hay muchos estudios que demuestran los beneficios del cannabis. Hay que modificar la ley 23737 y la 27350”.
Otro de los ejemplos de atropello de la ley punitivista fue el que vivió Daniel Loza, cultivador solidario que sufrió un allanamiento en mayo de 2018 y fue detenido por «tenencia simple de estupefacientes». Días después la Justicia reconoció que no había pruebas para acusarlo de comercio y le otorgó una prisión domiciliaria. Previo a recuperar la libertad, el “Profe Loza” le pidió a la jueza Garmendia que su material incautado sea enviado a la Facultad de Ciencias Exactas de La Plata para que lo investiguen, y que luego se abra un registro para donar el producto a personas que lo necesiten. Pocas semanas después, Loza falleció, aún estando imputado. Y a los dos años de su adiós, la justicia en un hecho histórico entregó todo lo secuestrado al Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (CIM – CONICET).
“La devolución del material y entrega al Conicet fue increíble para la familia porque se cumplió el deseo de mi viejo. Ahora esperemos que se abra un registro para que se le pueda dar a la gente porque el dolor no espera un fallo judicial”, comentó Kobunco Loza, hijo del Profe, en diálogo con Reset.
Luego, recordó con mucho dolor lo que le tocó vivir a su papá y toda su familia por la ley de drogas. “Cuando metieron en cana a mi viejo, también metieron a la familia en cana, nos saquearon. Esto te agujerea de por vida y sos preso de la estigmatización. Por más que quedés libre, la verdadera libertad ya no te la devuelven más. Lo primero que hace la ley de drogas es daño. Hay una tortura psicológica, económica y un avasallamiento de derechos que no te lo borrás más. Además no entiendo porque este tema está en el ámbito de la seguridad, cuando debería ser un tema de salud”.
Y completó: “El allanamiento de mi viejo estuvo repleto de irregularidades. Desde la investigación, con denuncia anónima, hasta el final del allanamiento. Aparecieron meses antes drones en la casa, en el barrio personas desconocidas, otros que venían a querer comprar algo y mi viejo los sacaba cagando. El allanamiento fue de noche, duró más de 12 horas. Lo llamativo fue que la noticia y la foto del allanamiento con el material vegetal, los motores de heladera, banners, ya estaba en el Diario El Día muchas horas antes de que finalice el operativo. Además de su medicina, a mi viejo le cortaron el laburo y lo desenchufaron”.
La ruleta rusa judicial es siempre incierta. Otro ejemplo de este concepto es el que vivió Iván Malajovich, cultivador y miembro de la Agrupación Paranaense de Autocultivadores de Cannabis (APAC), Entre Ríos. En julio de 2018, allanaron su casa y grow por una supuesta denuncia anónima, luego de que diera unos talleres sobre cultivo.En primera instancia se consideró a dichos talleres como un delito de preconización (“defender, apoyar o aconsejar públicamente”, una conducta que tiene penas de uno a seis años de prisión). Luego, se lo procesó por “cultivo de plantas utilizables para producir estupefacientes”, “guarda de semillas” y “tenencia simple de estupefacientes”.
En marzo de 2019, la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná lo sobreseyó por el delito de “preconización”; sin embargo, ratificó su procesamiento por “cultivo de plantas utilizables para producir estupefacientes”, “guarda de semillas” y “tenencia simple de estupefacientes”. A pesar de reconocerse como cultivador y usuario, Malajovich sigue procesado y deberá demostrar ante la Justicia Federal que no es un narcotraficante. “Mi caso está sin resolver, estoy a la espera de la fecha del juicio”, le contó Iván a Reset.
Estos son a penas unos pocos ejemplos de los reiterados casos de atropellos a las libertades individuales que se sufren en la Argentina. ¿Y ese daño profundo que provocó esa injusticia en cada persona detenida o allanada en lo social/familiar/laboral? Es colosal y lamentablemente irrecuperable. Por eso la necesidad de crear una nueva ley de drogas que no criminalice las conductas asociadas al consumo, que amplíe derechos en línea con el respeto a los derechos humanos para no generar una inseguridad jurídica en las personas ya es imperiosa, con carácter de urgencia.
Después de tanta evidencia médica, científica, estadísticas en materia de seguridad y fallos como el de Arriola, el Estado debería –de una vez- hacerse cargo y tomar esa decisión política que finalice la guerra contra lxs usuarixs y cultivadorxs, y que unifique criterios entre tribunales y jurisdicciones. Los años ya dieron contados casos para comprender que un Estado que criminaliza está siendo más perjudicial que cualquier tipo de sustancia.