{"id":836,"date":"2019-09-22T00:18:19","date_gmt":"2019-09-22T03:18:19","guid":{"rendered":"http:\/\/resetdrogas.com.ar\/?p=836"},"modified":"2019-09-23T08:05:24","modified_gmt":"2019-09-23T11:05:24","slug":"mas-de-40-millones-de-dolares-al-ano-gasta-el-estado-en-criminalizar-a-personas-usuarias-de-drogas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/resetdrogas.com.ar\/index.php\/2019\/09\/22\/mas-de-40-millones-de-dolares-al-ano-gasta-el-estado-en-criminalizar-a-personas-usuarias-de-drogas\/","title":{"rendered":"M\u00e1s de 40 millones de d\u00f3lares al a\u00f1o gasta el Estado en criminalizar a personas usuarias de drogas"},"content":{"rendered":"\t\t
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\"\"<\/p>\n

Costo econ\u00f3mico en la persecuci\u00f3n de personas que usan drogas<\/strong><\/span><\/p>\n

Riccardo Ancillai Pont<\/strong>.<\/strong><\/span>
\u00a0<\/strong>Integrante de RESET – Pol\u00edtica de Drogas y Derechos Humanos.<\/span><\/p>\n

Con la colaboraci\u00f3n de:
Antonella Tiravassi – Virginia Labiano – Marcos Torti Iermini – Tom\u00e1s Camarasa – Mariano Fusero.<\/b><\/span>
\u00a0<\/strong>Integrantes de RESET – Pol\u00edtica de Drogas y Derechos Humanos.<\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

I. Introducci\u00f3n
<\/u><\/strong><\/span>La persecuci\u00f3n y criminalizaci\u00f3n de las personas que usan drogas han tenido un costo social incalculable en materia de vulneraci\u00f3n de derechos humanos, violencia institucional, estigmatizaci\u00f3n social y recursos econ\u00f3micos direccionados a la criminalizaci\u00f3n selectiva en desmedro de los destinados a abordajes sensatos, sanitarios y humanitarios. Tales pol\u00edticas no han evitado el aumento exponencial de los consumos, ni bajado los \u00edndices de criminalidad asociados a la disputa por el mercado ilegal de abastecimiento.
<\/span>Analizar las consecuencias en materia penal, de seguridad, de salud p\u00fablica, educativas, de vulneraci\u00f3n de derechos o sus inmensos da\u00f1os sociales, es algo que excede el objeto de este trabajo. Como contrapartida, aqu\u00ed se pretende abordar un aspecto poco explorado de la denominada \u201cguerra contra las drogas\u201d <\/em>en su versi\u00f3n local: el costo econ\u00f3mico para el Estado. A tal fin, intentaremos aproximarnos de la forma m\u00e1s precisa posible, a cu\u00e1ntos recursos gasta el Estado Nacional en perseguir penalmente a personas que consumen drogas.
<\/span>Cabe aclarar que, para el objeto, prop\u00f3sito y extensi\u00f3n de este trabajo, se analizar\u00e1 y abordar\u00e1 el tema en el marco de la esfera de competencia y acci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico Fiscal de la Naci\u00f3n. A tales conclusiones, habr\u00eda que sumarle los costos derivados en la persecuci\u00f3n en las jurisdicciones que adhirieron a la Ley de Desfederalizaci\u00f3n (N\u00b0 26.052)[1]<\/a>, la cual facult\u00f3 a las provincias a perseguir, juzgar y reprimir ciertos delitos vinculados al consumo y acciones relacionadas al aprovisionamiento para consumo personal.
<\/span>Ello resulta de relevancia a los fines del presente informe, ya que alrededor de siete provincias han adherido a la ley, entre las que figuran dos de las mayores jurisdicciones del pa\u00eds -Buenos Aires y C\u00f3rdoba-, y la Ciudad Aut\u00f3noma de Buenos Aires. Para dimensionar esto, amerita resaltar que \u201cLa justicia federal, la provincia de Buenos Aires y C\u00f3rdoba re\u00fanen el 83% de lxs condenadxs por la ley 23.737\u201d<\/em>[2]<\/a>.
<\/em><\/span>Por las limitaciones propias del an\u00e1lisis y la dificultad en el acceso a los datos sistematizados, en este trabajo no se abordar\u00e1n esas jurisdicciones, sino que se relevar\u00e1 una aproximaci\u00f3n a los costos a nivel de alcance nacional, arrojando un resultado conservador y parcial de la magnitud real del costo econ\u00f3mico que significa la persecuci\u00f3n de las personas que consumen drogas a nivel pa\u00eds.
<\/span>En el futuro se procurar\u00e1 llevar a cabo una nueva investigaci\u00f3n respecto a las provincias adheridas[3]<\/a> a dicha ley para, de esa manera, cuantificar y dimensionar de manera m\u00e1s precisa los enormes costos econ\u00f3micos que acarrea la persecuci\u00f3n en cada jurisdicci\u00f3n y c\u00f3mo ello se complementa con los datos a nivel federal que aportamos aqu\u00ed.<\/span><\/p>\n

II. Datos
<\/u><\/strong><\/span>En lo sucesivo aportaremos los datos que hemos de utilizar para el c\u00e1lculo de los costos por causa y el gasto total en la persecuci\u00f3n de los delitos tipificados en la ley 23.737. Cabe destacar la enorme opacidad de los datos en torno a esta problem\u00e1tica, las dificultades para el acceso a la informaci\u00f3n y la ausencia total o parcial de disponibilidad, sistematizaci\u00f3n y centralizaci\u00f3n de los datos a nivel nacional, lo que impide cualquier comparaci\u00f3n o contraste riguroso. En este sentido, es preciso indicar que el presente informe se funda en un an\u00e1lisis propio a partir de la reconstrucci\u00f3n de informaci\u00f3n relevada de diversas fuentes:<\/span><\/p>\n

a. Presupuesto
<\/strong><\/span>Se requiri\u00f3 a la Procuraci\u00f3n General de la Naci\u00f3n (PGN), a trav\u00e9s de una solicitud de informaci\u00f3n p\u00fablica (AIP N\u00b0 71), la asignaci\u00f3n presupuestaria total correspondiente a los ejercicios 2016, 2017 y 2018. Los datos brindados en respuesta fueron los siguientes:<\/span><\/p>\n

\"\"b. Causas
<\/strong><\/span>En la misma solicitud, se requiri\u00f3 a la PGN que informe la cantidad de causas iniciadas por el Ministerio P\u00fablico Fiscal de la Naci\u00f3n en los respectivos a\u00f1os (2016, 2017, 2018), discriminando la informaci\u00f3n tanto para el fuero federal como para el fuero ordinario. La Direcci\u00f3n General de Desempe\u00f1o Institucional brind\u00f3 los siguientes datos:<\/span><\/p>\n

\"\"Del cuadro anterior podemos observar que hay una discrepancia significativa entre el n\u00famero informado por la Procuraci\u00f3n sobre el <\/span>\u201ctotal de causas\u201d<\/em> (columna 2, fila 4), en relaci\u00f3n al total de causas que obtenemos a partir de la suma de las cifras de ambos fueros registradas por el mismo organismo (columna 5, fila 4). Esto probablemente se debe a que est\u00e1n quedando por fuera algunas causas que pueden corresponder a la Justicia Nacional, raz\u00f3n por la cual se utilizar\u00e1 el n\u00famero total informado por la PGN, a fin de evitar discrepancias en estos valores.
<\/span>Asimismo, para obtener la cantidad de causas por infracci\u00f3n a la ley 23.737 se ha utilizado la informaci\u00f3n brindada en la misma plataforma de informaci\u00f3n p\u00fablica. Estos datos pueden ser corroborados en la web interactiva de la PROCUNAR[4]<\/a>. La misma permite obtener informaci\u00f3n acerca de las causas iniciadas en las distintas jurisdicciones y en los diferentes a\u00f1os a partir del 2012.
<\/span>Mediante la solicitud se requiri\u00f3 una clasificaci\u00f3n basada en los siguientes delitos de la ley 23.737, Art. 5 incisos a, b, c, d y e; y Art. 14 primer y segundo p\u00e1rrafo, obteni\u00e9ndose la siguiente informaci\u00f3n:<\/span><\/p>\n

\"\"Al contrastar la informaci\u00f3n se evidencia lo que se exhibe a continuaci\u00f3n, sobre lo cual se esbozaran algunos comentarios:<\/span><\/p>\n

\"\"Como se desprende del gr\u00e1fico precedente, en el a\u00f1o 2016, del total de 24.745 causas, si bien el 47% (11.688) de las causas por infracci\u00f3n a la ley 23.737 correspond\u00eda al delito de comercializaci\u00f3n de estupefacientes o materias primas (Art. 5 C), lo cierto es que el 36% (9.002) de las causas refer\u00eda al delito de tenencia de drogas para consumo personal. Ahora bien, si a este \u00faltimo le sumamos el 10% (2.502) de causas sobre el delito de tenencia simple de drogas<\/span>[5]<\/a>, podemos ver c\u00f3mo se iguala el valor del delito de comercio al llegar al 46% (11.504).<\/span><\/p>\n

Luego, respecto al a\u00f1o 2017 sobre el total de 22.908 causas, podemos observar lo siguiente:<\/span><\/p>\n

\"\"En este a\u00f1o se produjo una leve reducci\u00f3n del total de causas por infracci\u00f3n a la ley 23.737, pero el cambio m\u00e1s importante se produjo en la relaci\u00f3n al delito de comercializaci\u00f3n de estupefacientes y al delito de tenencia para consumo. Mientras que respecto al delito de tenencia para consumo se produjo una disminuci\u00f3n del 7% (2.382) de causas, lo cierto es que el delito de comercio aument\u00f3 en igual porcentaje respecto del a\u00f1o anterior, representando 802 causas m\u00e1s. Luego, el delito de tenencia simple aument\u00f3 levemente en relaci\u00f3n al 2016.<\/span><\/p>\n

Por \u00faltimo, respecto al 2018, con un total de 21.780 causas, se destaca la siguiente informaci\u00f3n:<\/span><\/p>\n

\"\"Se pueden observar nuevas variaciones respecto al delito de comercializaci\u00f3n de estupefacientes y al delito de tenencia de drogas para consumo personal. El primero disminuy\u00f3 porcentualmente respecto al a\u00f1o anterior, acerc\u00e1ndose al valor de 2017, aunque representando 10.731 causas -el menor valor de los tres a\u00f1os analizados-.
<\/span>Respecto al delito de tenencia para consumo personal, el porcentaje resulta ser el mayor de los tres a\u00f1os, con un total del 37%, pero representado en 8.158 causas; es decir, m\u00e1s que el a\u00f1o 2017 y menos que en el a\u00f1o 2016.<\/span><\/p>\n

III. Metodolog\u00eda
<\/u><\/strong><\/span>Para calcular el \u201ccosto promedio por causa\u201d<\/em> se divide el presupuesto asignado en cada a\u00f1o para el Ministerio P\u00fablico Fiscal de la Naci\u00f3n por la cantidad de causas que se iniciaron en el \u00f3rgano de forma correspondiente a cada a\u00f1o.
<\/span>Aqu\u00ed emerge una dificultad: las partidas presupuestarias, a pesar de ser detalladas, no son lo suficientemente exhaustivas como para poder especificar todos los rubros. \u00a0Sin embargo, podemos asegurar que el Ministerio P\u00fablico Fiscal no utiliza el 100% del presupuesto para la persecuci\u00f3n de personas por la supuesta comisi\u00f3n de un delito, sino que destina parte de \u00e9l para otros fines que hacen al normal funcionamiento como instituci\u00f3n.
<\/span>Por tales razones y considerando que el objeto del trabajo no consiste en realizar un examen contable y minucioso sobre el presupuesto, sino dar cuenta de un valor aproximado que permita dimensionar el gasto realizado por el Estado en la persecuci\u00f3n penal de los delitos relacionados, es que utilizaremos el 80% del presupuesto devengado en cada ejercicio para calcular el costo de criminalizaci\u00f3n. Considerando que la mayor\u00eda de ese presupuesto se destina a fiscal\u00edas en lo penal y su objetivo es la persecuci\u00f3n de delitos no s\u00f3lo en sus tareas de investigaci\u00f3n, sino tambi\u00e9n mediante el mantenimiento de estructuras edilicias, pago de salarios, contrataci\u00f3n de servicios y otra innumerable cantidad de rubros que tienen por fin \u00faltimo sostener una estructura destinada a aquella finalidad.\u00a0
<\/span>Asimismo, se debe tener en cuenta que un n\u00famero importante de causas son susceptibles de sufrir modificaciones en la calificaci\u00f3n legal del delito investigado a lo largo del proceso judicial, como as\u00ed tambi\u00e9n que la car\u00e1tula no siempre refleja fielmente el delito investigado (v.gr: una causa que comience por presunta comercializaci\u00f3n, puede terminar cerr\u00e1ndose por consumo personal). Cabe destacar que la mayor\u00eda de las causas por delitos de tenencia para consumo personal, terminan archivadas por aplicaci\u00f3n de la jurisprudencia establecida en el fallo \u201cArriola\u201d<\/em> por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n en el a\u00f1o 2009; convalid\u00e1ndose as\u00ed erogaciones estatales superfluas.
<\/span>Por tales motivos, cuando se realiza el c\u00e1lculo espec\u00edfico respecto a las personas que usan drogas, se utiliza una metodolog\u00eda similar a la descripta para el presupuesto. En un primer momento se calculan los recursos utilizados en perseguir exclusivamente los delitos de \u201ctenencia simple\u201d<\/em> y \u201ctenencia para consumo personal\u201d<\/em> y luego se le agrega a esta cifra el porcentaje correspondiente a la persecuci\u00f3n de las figuras contenidas en el art. 5 de la ley 23.737. Nuevamente se advierte que, debido a la indeterminaci\u00f3n de la informaci\u00f3n brindada y al d\u00e9ficit de control serio y riguroso sobre los recursos invertidos en materia de pol\u00edtica criminal, es que se har\u00e1n algunos cortes estimativos y arbitrarios, dando como resultado un gasto m\u00ednimo (los delitos de \u201ctenencia\u201d<\/em>) y un n\u00famero aproximado conteniendo tambi\u00e9n algunas causas del art. 5.
<\/span>En este sentido, se decidi\u00f3 utilizar porcentajes variados seg\u00fan el delito que se trate, considerando a su vez, la variabilidad que suponen los cambios de calificaciones legales dentro de los procesos penales.
<\/span>Entonces, para los delitos de tenencia simple de estupefacientes (Art. 14 p\u00e1rrafo primero) y tenencia para consumo personal (Art. 14 p\u00e1rrafo segundo) se decidi\u00f3 tomar el 100% de las causas registradas para calcular el monto total por expedientes.\u00a0
<\/span>Respecto al delito de siembra o cultivo de plantas, o tenencia de semillas, precursores qu\u00edmicos o materias primas (Art. 5 inciso a) se consider\u00f3 un 90% de las causas, por representar en su mayor\u00eda casos de tenencia de plantas o semillas de cannabis sin trascendencia a terceros.
<\/span>Luego, respecto al delito de producci\u00f3n, fabricaci\u00f3n y preparaci\u00f3n de estupefacientes (Art. 5 inciso b), el delito de comercializaci\u00f3n de plantas o semillas utilizables para producir estupefacientes, o su distribuci\u00f3n o daci\u00f3n en pago, o almacenamiento y transporte (Art. 5 inciso d) y el delito de entrega de drogas de forma gratuita o no (Art. 5 inciso e), se decidi\u00f3 tomar el 60% de esas causas abarcando un porcentaje menor que se considera razonable teniendo en cuenta la variabilidad de calificaciones legales dentro de un mismo proceso.
<\/span>Finalmente, respecto al delito de comercializaci\u00f3n de estupefacientes (Art. 5 inciso c) se decidi\u00f3 tener en cuenta un 30% de las causas para determinar el total de costo, consider\u00e1ndolo tambi\u00e9n un valor posible respecto a los cambios de calificaciones legales.
<\/span>Por otro lado, y con el fin de que los costos puedan ser f\u00e1cilmente interpretados, debido a la inestabilidad cambiaria de nuestra moneda nacional, se convertir\u00e1n los gastos a d\u00f3lares estadounidenses. Para ello se calcula el valor promedio de la moneda norteamericana para cada uno de los per\u00edodos, considerando el valor con el que abri\u00f3 cada a\u00f1o y el valor con el que cerr\u00f3.
<\/span>Realizadas todas las salvedades de construcci\u00f3n de este an\u00e1lisis, se procede a desplegar el n\u00facleo del trabajo y los datos a los cuales arribamos:\u00a0<\/span><\/p>\n

IV. C\u00e1lculo de costos
<\/u><\/strong><\/span>a. Porcentajes respecto al presupuesto del Ministerio P\u00fablico Fiscal de la Naci\u00f3n
<\/strong><\/span>En el siguiente cuadro se pueden observar los a\u00f1os utilizados para el presente trabajo (2016, 2017, 2018), la estimaci\u00f3n del valor del d\u00f3lar en cada uno de los a\u00f1os, el presupuesto anual del Ministerio P\u00fablico Fiscal de la Naci\u00f3n, su valor en pesos y el porcentaje estimado (100% y 80%).<\/span><\/p>\n

\"\"b. Valores de costo de causas
<\/strong><\/span>En el siguiente cuadro podremos observar el total de causas para cada uno de los a\u00f1os, y el total de causas relacionadas a delitos contenidos en la Ley 23.737. Con estos datos, obtenemos el costo de causas, tanto unitario en valor pesos y d\u00f3lares, y luego su representaci\u00f3n respecto a los valores de causas por drogas.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

*La m\u00ednima diferencia en los montos surgidos de la multiplicaci\u00f3n de la cantidad de causas por Ley 23.737 y el Costo Total, se debe a que se han considerado \u00fanicamente dos decimales en el c\u00f3mputo realizado a fin de facilitar su lectura. <\/em><\/span><\/p>\n

c. An\u00e1lisis de datos de los puntos (a) y (b)
<\/strong><\/span>A partir de los datos obtenidos en los cuadros y teniendo en consideraci\u00f3n las aclaraciones metodol\u00f3gicas realizadas anteriormente en cuanto al valor del 80% que tomamos como referencia, se est\u00e1 en condiciones de afirmar que:<\/span><\/p>\n

\u2022 A\u00f1o 2016:<\/strong> El Estado Nacional gast\u00f3 cerca de 958 millones<\/strong> de pesos en perseguir delitos tipificados en la ley 23.737, con un costo promedio por causa aproximado de 39.000 pesos<\/strong>. Trasladando el costo a d\u00f3lares utilizando el valor promedio de dicho a\u00f1o, encontramos que se gastaron un total aproximado de 66 millones de d\u00f3lares<\/strong>, con un costo unitario promedio de 600 d\u00f3lares<\/strong> por causa.<\/span><\/p>\n

\u2022 A\u00f1o 2017: <\/strong>En este a\u00f1o el gasto se elev\u00f3 y el Estado Nacional erog\u00f3 300 millones<\/strong> de pesos por causas motivadas en la ley de drogas, es decir, aproximadamente 75 millones en moneda norteamericana<\/strong>, y un costo por causa de 57.000 pesos o 3.200 d\u00f3lares<\/strong>.<\/span><\/p>\n

\u2022 A\u00f1o 2018:<\/strong> Respecto a este a\u00f1o, se debe recordar que hubo una fuerte devaluaci\u00f3n promediando el a\u00f1o que se profundiz\u00f3 al entrar al \u00faltimo trimestre del mismo, raz\u00f3n por la cual los costos en pesos tuvieron un alza nominal, pero llevado a d\u00f3lares el gasto decrece levemente. En este sentido vemos que el costo total de persecuci\u00f3n por delitos contenidos en la ley 23.737 en pesos, fue cercano a los 1.500 millones<\/strong>, mientras que en d\u00f3lares<\/strong> la cifra es cercana a los 55 millones<\/strong>. En el costo unitario promedio, en moneda nacional tenemos un gasto de 000 pesos<\/strong> y en d\u00f3lares de 2.500.<\/strong><\/span><\/p>\n

d. Gasto en persecuci\u00f3n de personas que consumen drogas<\/strong><\/span><\/p>\n

Ahora bien, teniendo en cuenta estos valores respecto a los gastos totales por parte del Estado Nacional en la persecuci\u00f3n de los delitos comprendidos en la ley 23.737, detallaremos c\u00f3mo impacta la informaci\u00f3n en los delitos de forma determinada.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

e. An\u00e1lisis de datos del punto (d)
<\/strong><\/span>Ahora bien, de lo que se observa en el cuadro precedente, podemos afirmar que:<\/span><\/p>\n

\u2022 A\u00f1o 2016: <\/strong>El Estado Nacional gast\u00f3 en perseguir a personas que usan drogas, como m\u00ednimo5 <\/strong>millones de pesos (USD 30.5 millones)<\/strong> s\u00f3lo considerando las causas iniciadas por los delitos previstos en el art. 14, es decir, tenencia simple de estupefacientes y tenencia para consumo personal. En otras palabras, cada causa por tenencia le ha significado al Estado un promedio de 39.000 pesos o 2.600 d\u00f3lares.
<\/strong><\/span>Si al valor total le sumamos el delito de cultivo, siembra o guarda de semillas o materias primas (Art. 5, inciso a) cuyo valor ronda en los 11.5 millones<\/strong> de pesos (USD 786 mil<\/strong>) tenemos un total aproximado de 457<\/strong> millones de pesos (USD 31.2 millones<\/strong>) gastados por el Estado Nacional.
<\/span>Finalmente, si realizamos la suma de todos los valores estimados para este a\u00f1o seg\u00fan cada uno de los delitos que pudieron estar relacionados al consumo, obtenemos la cifra de 621 millones de pesos (42.5 millones de d\u00f3lares) destinados a la represi\u00f3n de delitos de consumo.\u00a0 <\/strong><\/span><\/p>\n

\u2022 A\u00f1o 2017:<\/strong> Respecto a este a\u00f1o, el valor del total de causas respecto a los delitos de tenencia y tenencia para consumo signific\u00f3 unos 516 <\/strong>millones de pesos (USD 29.6 millones<\/strong>), implicando en pesos argentinos un 14% m\u00e1s que el a\u00f1o anterior. En un caudal menor de causas respecto a 2016, cada causa por tenencia le ha significado al Estado un promedio de 57.000 pesos o 3.300 d\u00f3lares.
<\/strong><\/span>En este per\u00edodo, el valor del delito de cultivo, siembra o guarda de semillas o materias primas fue de 14.3 <\/strong>millones de pesos (USD 822 mil), <\/strong>lo que resulta en un total entre estos delitos de 530 millones de pesos (USD 30.5 millones).<\/strong><\/span><\/p>\n

Por \u00faltimo, sumando el gasto del Estado Nacional para todos los delitos analizados en el presente trabajo, se obtiene la suma aproximada de 782 <\/strong>millones de pesos (USD 45 millones) destinados a la represi\u00f3n de delitos relacionados al consumo.\u00a0 <\/strong><\/span><\/p>\n

\u2022 A\u00f1os 2018:<\/strong> En este \u00faltimo a\u00f1o, en relaci\u00f3n a los delitos de tenencia de drogas y tenencia para consumo personal, el Estado Nacional gast\u00f3 alrededor de $680 millones de pesos<\/strong> (USD 24 millones)<\/strong>, es decir, un 25% m\u00e1s en pesos argentinos que el a\u00f1o anterior. En otras palabras, cada causa por tenencia le ha significado al Estado un promedio de 70.500 pesos o 2.500 d\u00f3lares.
<\/strong><\/span>Luego, respecto al delito de cultivo, siembra o guarda de semillas o materias primas, en este a\u00f1o el valor de gasto del Estado Nacional fue de 13.5 <\/strong>millones de pesos (USD 478 mil<\/strong>), el cual sumado a los delitos previstos en el Art. 14 de la ley 23.737 resulta un total aproximado de 694<\/strong> millones de pesos (USD 24.6. millones)<\/strong> Esto significa, un aumento de casi 25% con respecto al periodo anterior considerando la moneda local.
<\/span>Por \u00faltimo, en la suma total del gasto del Estado Nacional en el a\u00f1o 2018, el mismo result\u00f3 un estimado de 971 <\/strong>millones de pesos (USD 34.4 millones<\/strong>), en persecuci\u00f3n de personas que consumen drogas.<\/strong><\/span><\/p>\n

\u2022 Sumatoria total de los a\u00f1os 2016, 2017 y 2018.<\/strong> En este punto, realizaremos la sumatoria de los valores antes mencionados respecto a los tres a\u00f1os relevados, a fin de tener un resultado global de los recursos utilizados por el Estado para perseguir a personas que consumen drogas.
<\/span>En primer lugar, en relaci\u00f3n a los delitos de tenencia simple y tenencia para consumo personal, se puede observar que el Estado Nacional gast\u00f3 en los tres a\u00f1os alrededor de 1.641 millones de pesos (USD 84 millones)<\/strong>, en persecuci\u00f3n de estos delitos comprendidos en el Art. 14 de la ley 23.737.
<\/span>En promedio, cada una de las 30.185 causas<\/u> por delitos de tenencia simple o para consumo tramitadas por el MPF durante 2016, 2017 y 2018, le ha significado una erogaci\u00f3n aproximada de 55 mil pesos<\/u> argentinos o 2 mil d\u00f3lares<\/u> estadounidenses -tomando como referencia el valor promedio de esta moneda en 2018-.<\/b>
<\/span>Luego, en relaci\u00f3n al delito del Art. 5\u00b0 inciso “a” de la ley de drogas, es decir, el delito de cultivo, siembra o guarda de semillas o materias primas, el Estado gast\u00f3 en estos tres periodos la suma total de 39 <\/strong>millones de pesos (USD 2 millones<\/strong>).
<\/span>Finalmente, entre los a\u00f1os 2016 y 2018, podemos observar como el Estado Nacional gast\u00f3 la suma total aproximada de 2.400 millones de pesos (USD 122 millones)<\/u>, en la persecuci\u00f3n de las personas que consumen drogas.<\/span><\/strong><\/em><\/p>\n

V. Consideraciones finales
<\/u><\/strong><\/span>En el a\u00f1o 2011, el Observatorio Argentino de Drogas (OAD) dependiente de la SEDRONAR, advert\u00eda que la mayor\u00eda de los gastos gubernamentales directos (95%) respecto al abordaje del fen\u00f3meno de drogas il\u00edcitas, corresponde a las actividades de reducci\u00f3n de la oferta (represi\u00f3n). A su vez, cerca del 81% del mismo era destinado al Poder Judicial para el tratamiento de las causas judiciales por los delitos contra la \u201cLey de Estupefacientes\u201d [6]<\/a>. S\u00f3lo un 5% del mencionado presupuesto se destinaba a la reducci\u00f3n de la demanda (tratamiento y prevenci\u00f3n de las adicciones). Esta relaci\u00f3n contrasta con la de otros pa\u00edses, como por ejemplo Estados Unidos, que para el a\u00f1o 2018 otorg\u00f3 de una partida de 33.312,30 millones de d\u00f3lares, 52% a reducci\u00f3n de la demanda y 48% a reducci\u00f3n de la oferta[7]<\/a> .
<\/span>De lo expuesto en el presente trabajo, surge que el Estado Nacional a trav\u00e9s del Ministerio P\u00fablico Fiscal de la Naci\u00f3n desperdicia una importante porci\u00f3n de recursos en la persecuci\u00f3n de personas que consumen drogas. El mismo se ha circunscripto a calcular un valor aproximado, tratando de mantener la mayor rigurosidad metodol\u00f3gica con los l\u00edmites impuestos por la informaci\u00f3n p\u00fablica existente y la solicitada al Estado Nacional en la etapa de persecuci\u00f3n de hipot\u00e9ticos delitos.
<\/span>Se est\u00e1n dejando fuera de an\u00e1lisis las instancias previas en la criminalizaci\u00f3n secundaria, en la que contemplamos la actividad represiva de las fuerzas de seguridad, la etapa posterior a la investigaci\u00f3n fiscal en los casos de juzgamiento de las personas por los tribunales, los costos de detenci\u00f3n y prisionizaci\u00f3n en instituciones carcelarias y comisarias, los gastos derivados del establecimiento de medidas educativas y curativas establecidas en la ley 23.737, entre otros. Investigaciones que quedan pendientes si queremos abordar de manera complementaria el problema presupuestario que supone la criminalizaci\u00f3n de personas que consumen drogas.
<\/span>La Corte Suprema de la Naci\u00f3n, hace 10 a\u00f1os, ha declarado la inconstitucionalidad de la persecuci\u00f3n penal de conductas asociadas al consumo y exigido que el Congreso Nacional sancione una normativa destinada a tal fin (fallo \u201cArriola\u201d). A pesar de los cuantiosos proyectos de ley presentados por las m\u00e1s diversas bancadas partidarias y los \u00faltimos dos Poderes Ejecutivos Nacionales (proyectos de reforma al C\u00f3digo Penal)[8]<\/a>, sumado a decenas de recomendaciones de organismos nacionales e internacionales a favor de la despenalizaci\u00f3n de conductas asociadas al consumo[9]<\/a>, y trabajos doctrinarios que demuestran la ineficacia de dichos abordajes[10]<\/a>, la sede legislativa no ha avanzado en la sanci\u00f3n de una norma en tal sentido, configurando ello una deuda improrrogable de nuestro sistema democr\u00e1tico. \u00a0\u00a0
<\/span>Despenalizando a las personas usuarias y abordando los consumos mediante pol\u00edticas educativas, de salud, desarrollo social y reducci\u00f3n de da\u00f1os, en vez de pol\u00edticas represivas, y avanzando hacia modelos regulatorios de las sustancias, no s\u00f3lo se ahorrar\u00edan cuantiosos recursos p\u00fablicos, sino que, incluso, podr\u00edan generarse considerables ingresos en licencias, tributaci\u00f3n y puestos laborales.
<\/span>Asimismo, las fuerzas de seguridad, fiscal\u00edas, juzgados podr\u00edan poner sus esfuerzos y presupuestos en la persecuci\u00f3n de cr\u00edmenes que representen un verdadero grado de lesividad para con la sociedad y no dilapidarlos en la persecuci\u00f3n y sanci\u00f3n de conductas que hacen a la libertad, privacidad, autodeterminaci\u00f3n y soberan\u00eda personal de aquellas personas que transcurren por el consumo de una sustancia bajo el amparo de la Constituci\u00f3n Nacional. <\/span>\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/span><\/p>\n

VI. Bibliograf\u00eda
<\/u><\/strong><\/span>ACQUAVIVA, Mar\u00eda Alejandra e INNAMORATTO, Mar\u00eda Gabriela, \u201cUna mirada retorspectiva sobrre la problem\u00e1tica de las drogas y el encarcelamiento. An\u00e1lisis de estad\u00edsticas carcelarias en Argentina\u201d<\/em>. Disponible en http:\/\/www.jus.gob.ar\/media\/3268829\/SNEEP%2015%20a%C3%B1os%20-%20Una%20mirada%20retrospectiva%20sobre%20la%20problem%C3%A1tica%20de%20las%20drogas%20y%20el%20encarcelamiento.pdf<\/a><\/span><\/p>\n

CORDA, Alejandro. \u201cLa estrategia fallida\u201d.<\/em> Disponible en http:\/\/intercambios.org.ar\/es\/involvedwithus\/la-estrategia-fallida-encarcerlamientos-por-delitos-relacionados-con-estupefacientes-en-la-argentina\/<\/span><\/p>\n

FUSERO, Mariano. \u201cComparativo de proyectos de ley sobre despenalizaci\u00f3n de delitos de consumo de drogas en Argentina (2009\/2016).<\/em> Disponible en http:\/\/www.pensamientopenal.com.ar\/doctrina\/44229-comparativo-proyectos-ley-sobre-despenalizacion-delitos-consumo-drogas-argentina<\/span><\/p>\n

FUSERO, Mariano. \u201cDeclaraciones de organismos internacionales respecto de la no criminalizaci\u00f3n de las personas que usan drogas<\/em>\u201d. Disponible en http:\/\/www.pensamientopenal.com.ar\/doctrina\/45353-declaraciones-organismos-internacionales-respecto-no-criminalizacion-personas-usan;<\/span><\/p>\n

FUSERO, Mariano. \u201cAportes a la reforma de la legislaci\u00f3n penal en materia de despenalizaci\u00f3n de los consumidores de drogas prohibidas<\/em>\u201d. Disponible en http:\/\/www.pensamientopenal.com.ar\/doctrina\/46130-aportes-reforma-legislacion-penal-materia-despenalizacion-consumidores-drogas<\/a>.<\/span><\/p>\n

OFFICE OF NATIONAL DRUG CONTROL POLICY. \u201cPresident\u2019s FY 2020 National Drug Control Budget<\/em>\u201d. Disponible en: https:\/\/www.whitehouse.gov\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/FY-20-Budget-Highlights.pdf<\/span><\/p>\n

SEDRONAR. \u201cAlgunos an\u00e1lisis econ\u00f3micos sobre las sustancias psicoactivas en la Argentina\u201d.<\/em> Disponible en: http:\/\/www.observatorio.gov.ar\/media\/k2\/attachments\/AlgunosZAnlisisZEconmicosZsobreZlasZSustanciasZPsicoactivasZenZArgentinaZ-ZAoZ2011.pdf<\/span><\/p>\n

[1]<\/a> Mediante la ley se estableci\u00f3 un mecanismo de adhesi\u00f3n para aquellas provincias que opten por perseguir, juzgar y reprimir los delitos de venta, entrega, suministro o facilitaci\u00f3n de estupefaciente fraccionados en dosis destinadas directamente al consumidor (Art. 5\u00b0 incisos C y E de la Ley 23.737); siembra, cultivo o guarda de semillas, precursores o cualquier otra materia prima para producir estupefacientes destinados a consumo personal (Art. 5\u00ba pen\u00faltimo p\u00e1rrafo); suministro ocasional y a t\u00edtulo gratuito destinado a consumo personal (Art. 5\u00ba \u00faltimo p\u00e1rrafo); tenencia simple y tenencia para consumo personal (Art. 14), y falsificaci\u00f3n de recetas m\u00e9dicas (Art. 29); como as\u00ed tambi\u00e9n los Art\u00edculos 204, 204 bis, 204 ter y 204 quater del C\u00f3digo Penal, transfiri\u00e9ndosele la respectiva competencia.<\/span><\/p>\n

[2]<\/a>Ver \u201cUna mirada retrospectiva sobre la problem\u00e1tica de las drogas y el encarcelamiento. An\u00e1lisis de estad\u00edsticas carcelarias en Argentina\u201d<\/em> de Mar\u00eda Alejandra Acquaviva y Mar\u00eda Gabriela Innamoratto. Disponible en: http:\/\/www.jus.gob.ar.<\/span><\/p>\n

[3]<\/a> Al momento de esta publicaci\u00f3n, se encuentran adheridas las provincias de Buenos Aires, C\u00f3rdoba, Salta, Chaco, Entre R\u00edos, Tucum\u00e1n, La Rioja, y la Ciudad Aut\u00f3noma de Buenos Aires.<\/span><\/p>\n

[4]<\/a> www.pes.mpf.gov.ar<\/span><\/p>\n

[5]<\/a> La ley no establece una diferenciaci\u00f3n taxativa entre una figura y otra, quedando a discreci\u00f3n de operadores judiciales y fiscal\u00edas la imputaci\u00f3n por una u otra conducta. Es por ello que acciones relacionadas al consumo, generalmente se suelen vincular a imputaciones de figuras agravadas como la tenencia simple o la tenencia para comercio.\u00a0\u00a0<\/span><\/p>\n

[6]<\/a> SEDRONAR. Algunos an\u00e1lisis econ\u00f3micos sobre las sustancias psicoactivas en la Argentina<\/em>. Disponible en: http:\/\/www.observatorio.gov.ar\/media\/k2\/attachments\/AlgunosZAnlisisZEconmicosZsobreZlasZSustanciasZPsicoactivasZenZArgentinaZ-ZAoZ2011.pdf<\/span><\/p>\n

[7]<\/a> OFFICE OF NATIONAL DRUG CONTROL POLICY. President\u2019s FY 2020 National Drug Control Budget<\/em>. Disponible en: https:\/\/www.whitehouse.gov\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/FY-20-Budget-Highlights.pdf<\/a><\/span><\/p>\n

[8]<\/a> V\u00e9ase FUSERO, Mariano. Comparativo de proyectos de ley sobre despenalizaci\u00f3n de delitos de consumo de drogas en Argentina (2009\/2016). <\/em>Disponible en http:\/\/www.pensamientopenal.com.ar\/doctrina\/44229-comparativo-proyectos-ley-sobre-despenalizacion-delitos-consumo-drogas-argentina<\/span><\/p>\n

[9]<\/a> V\u00e9ase FUSERO, Mariano. Declaraciones de organismos internacionales respecto de la no criminalizaci\u00f3n de las personas que usan drogas; <\/em>y Aportes a la reforma de la legislaci\u00f3n penal en materia de despenalizaci\u00f3n de los consumidores de drogas prohibidas. <\/em>Disponibles en http:\/\/www.pensamientopenal.com.ar\/doctrina\/45353-declaraciones-organismos-internacionales-respecto-no-criminalizacion-personas-usan<\/a>; y http:\/\/www.pensamientopenal.com.ar\/doctrina\/46130-aportes-reforma-legislacion-penal-materia-despenalizacion-consumidores-drogas<\/a>.<\/span><\/p>\n

[10]<\/a> V\u00e9ase por ejemplo CORDA, Alejandro. La estrategia fallida<\/em>. Disponible en http:\/\/intercambios.org.ar\/es\/involvedwithus\/la-estrategia-fallida-encarcerlamientos-por-delitos-relacionados-con-estupefacientes-en-la-argentina\/<\/span><\/p>\n

<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/i>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\tDescarga el trabajo en PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

Para citar e<\/strong>ste<\/strong> trabajo:<\/strong><\/span>
En el texto: <\/strong>(Ancillai Pont, 2019).
En la bibliograf\u00eda: <\/strong><\/span>Ancillai Pont, R. (2019).\u00a0Costo econ\u00f3mico en la persecuci\u00f3n de personas que usan drogas<\/i>. [online] RESET – POL\u00cdTICA DE DROGAS Y DERECHOS HUMANOS. Disponible en: https:\/\/resetdrogas.com.ar\/index.php\/2019\/09\/22\/mas-de-40-millones-de-dolares-al-ano-gasta-el-estado-en-criminalizar-a-personas-usuarias-de-drogas\/.<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Presentamos el informe \u201cCosto econ\u00f3mico en la persecuci\u00f3n de personas que usan drogas\u201d donde se releva el gasto del Ministerio P\u00fablico Fiscal en causas de personas usuarias de drogas. El mismo fue realizado por Riccardo Ancillai Pont y con la colaboraci\u00f3n de Antonella Tiravassi, Virginia Labiano, Marcos Torti Iermini, Tomas Camarasa y Mariano Fusero. Todos integrantes de RESET – Pol\u00edtica de Drogas y Derechos Humanos. <\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":838,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"neve_meta_sidebar":"","neve_meta_container":"","neve_meta_enable_content_width":"","neve_meta_content_width":70,"neve_meta_title_alignment":"","neve_meta_author_avatar":"","neve_post_elements_order":"","neve_meta_disable_header":"","neve_meta_disable_footer":"","neve_meta_disable_title":"","footnotes":""},"categories":[21,19],"tags":[36,40,14,41,38,28,17,26,35,39,37],"class_list":["post-836","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-publicaciones","category-publicacionespropias","tag-antonella-tiravassi","tag-criminalizacion","tag-drogas","tag-gasto-del-estado","tag-marcos-torti-iermini","tag-mariano-fusero","tag-politicas-de-drogas","tag-reset","tag-riccardo-ancillai-pont","tag-tomas-camarasa","tag-virginia-labiano"],"yoast_head":"\nM\u00e1s de 40 millones de d\u00f3lares al a\u00f1o gasta el Estado en criminalizar a personas usuarias de drogas - RESET - Pol\u00edtica de Drogas y Derechos Humanos<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/resetdrogas.com.ar\/index.php\/2019\/09\/22\/mas-de-40-millones-de-dolares-al-ano-gasta-el-estado-en-criminalizar-a-personas-usuarias-de-drogas\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"M\u00e1s de 40 millones de d\u00f3lares al a\u00f1o gasta el Estado en criminalizar a personas usuarias de drogas - RESET - Pol\u00edtica de Drogas y Derechos Humanos\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Presentamos el informe \u201cCosto econ\u00f3mico en la persecuci\u00f3n de personas que usan drogas\u201d donde se releva el gasto del Ministerio P\u00fablico Fiscal en causas de personas usuarias de drogas. 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