{"id":724,"date":"2019-09-12T16:50:01","date_gmt":"2019-09-12T19:50:01","guid":{"rendered":"http:\/\/resetdrogas.com.ar\/?p=724"},"modified":"2019-09-20T10:58:13","modified_gmt":"2019-09-20T13:58:13","slug":"confiscar-el-cannabis-de-una-madre-y-su-hijo-para-abastecer-al-estado","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/resetdrogas.com.ar\/index.php\/2019\/09\/12\/confiscar-el-cannabis-de-una-madre-y-su-hijo-para-abastecer-al-estado\/","title":{"rendered":"Confiscar el cannabis de una madre y su hijo, para abastecer al Estado"},"content":{"rendered":"\t\t
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Comentario al fallo “Cejas, Marina Daniela s\/Tenencia simple de Estupefacientes”.<\/em><\/span><\/p>\n

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Nora Maciel –\u00a0<\/strong>Marcos Chigal –\u00a0<\/strong>Mariano Fusero.<\/strong><\/span>
\u00a0Integrantes de RESET \u2013 Pol\u00edtica de Drogas y Derechos Humanos.<\/strong><\/span><\/p>\n

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En fecha 6 de septiembre, el Juez de Garant\u00edas N\u00ba 2 de Mar del Plata, Sa\u00fal Errandonea, resolvi\u00f3 hacer lugar al pedido del Fiscal Leandro Favaro que hab\u00eda solicitado el sobreseimiento de Marina Daniela Cejas, imputada en orden al delito de tenencia simple de estupefacientes en oportunidad de realizarse un allanamiento en su domicilio, autorizado por el propio Juez. En b\u00fasqueda de armas de fuego, prendas de vestir y aparatos celulares, las fuerzas de seguridad no encontraron nada de ello, sino cannabis utilizado por la nombrada para la elaboraci\u00f3n artesanal de aceite a fin de suministrarlo a su hijo menor de seis a\u00f1os, quien padece de un trastorno mixto de desarrollo con rasgos t\u00edpicos del espectro autista.<\/span><\/p>\n

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Lo particular del fallo es la disposici\u00f3n final del material incautado, d\u00e1ndole el destino solicitado por el Fiscal, o sea, la entrega a la Facultad de Ciencias Exactas, Departamento de Qu\u00edmica de la Universidad Nacional de Mar del Plata, a los efectos de ser utilizados en el proyecto “Estudio sobre las propiedades del aceite medicinal de cannabis y sus componentes\u201d<\/em>. Ello por encima del pedido realizado por la propia madre de devoluci\u00f3n de lo secuestrado, a fines de que su hijo contin\u00fae su tratamiento.<\/span><\/p>\n

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El fallo no resiste un an\u00e1lisis conforme el tamiz de los derechos humanos y del debido proceso.\u00a0En primer lugar, el producto del allanamiento para resultar leg\u00edtimamente decomisado, debe estar relacionado con la pr\u00e1ctica de un hecho delictivo o la comisi\u00f3n de un delito.\u00a0Marina Cejas fue sobrese\u00edda en virtud de haberse considerado que su conducta result\u00f3 at\u00edpica, ya que la misma fue realizada dentro de los par\u00e1metros del Art. 19 de la carta magna, respecto de lo cual est\u00e1 vedada toda intromisi\u00f3n estatal en la medida de que no se afecten derechos o bienes de terceros. En este entendimiento si lo decomisado est\u00e1 relacionado, como lo dice el fiscal, con el autocultivo para producci\u00f3n de una sustancia con fines terap\u00e9uticos amparado en los lineamientos del Fallo Arriola y el mentado art\u00edculo 19 de la CN,\u00a0estamos hablando de una conducta que no puede ser leg\u00edtimamente reprochada como delito.<\/span><\/p>\n

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No obstante ello, se resolvi\u00f3 el decomiso del material secuestrado y su entrega a la Universidad, por sobre la devoluci\u00f3n solicitada por la madre, sustentado exclusivamente en las disposiciones contenidas en el Art. 30 de la Ley 23.737, el cual prev\u00e9 \u00fanicamente dos consecuencias para el destino del secuestro de estupefacientes: su incineraci\u00f3n<\/em> o bien destinarlo a entidades p\u00fablicas<\/em>, dado su valor de uso o cultural.<\/span><\/p>\n

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En tal sentido, se recab\u00f3 testimonio de una investigadora de la Facultad en cuesti\u00f3n, que mencion\u00f3 que el material deb\u00eda ser preservado y dada la manipulaci\u00f3n efectuada sobre el mismo por distintas personas, no hab\u00eda seguridad de que no estuviese contaminado, considerando las implicaciones negativas que podr\u00eda tener elaborar productos a partir de ese material.<\/span><\/p>\n

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Aparentemente, en vez de acompa\u00f1ar y asesorar a la madre en cuesti\u00f3n respecto de tales eventualidades producto del accionar ileg\u00edtimo de las agencias punitivas en su intimidad y manipulaci\u00f3n indebida de una sustancia destinada a fines terap\u00e9uticos de un ni\u00f1o, se ha optado por apropiarse de la misma aprovech\u00e1ndose de tales circunstancias y antecedentes. En un mundo ideal, tal vez el Departamento de Qu\u00edmica de la Universidad, mediante su representante, podr\u00eda haber ofrecido tal acompa\u00f1amiento y asesoramiento a la madre poniendo a su disposici\u00f3n los recursos t\u00e9cnicos y experiencia cient\u00edfica, de los cuales seguramente carece, y el poder judicial hacer lugar a tal ofrecimiento institucional de recursos p\u00fablicos. Ninguna normativa lo impide, como ninguna normativa se\u00f1ala que un programa de investigaci\u00f3n como el dispuesto por ley 27.350, deba\/pueda ser abastecido de la sustancia por los decomisos que se hagan a una madre que cultiva la misma para su hijo. La determinaci\u00f3n pretoriana en la elecci\u00f3n de tales alternativas, es una decisi\u00f3n basada meramente en principios de humanidad, sensatez y justicia.<\/span><\/p>\n

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Como bien se\u00f1alan los magistrados intervinientes, el Programa debiera estar sustentado en el cultivo y elaboraci\u00f3n p\u00fablica de la sustancia por medio de las agencias estatales que se facultan en la norma (CONICET, INTA, INASE, ANLAP, etc). Ante tal omisi\u00f3n estatal, por inoperancia, desidia pol\u00edtica, desfinanciamiento y desguace de organismos p\u00fablicos, los magistrados podr\u00edan haber ordenado a las autoridades el cabal cumplimiento de lo exigido por la ley, o, como se opt\u00f3, valerse de lo decomisado a una madre sentando un precedente absurdo y macabro. Los magistrados se valen de una intromisi\u00f3n inconstitucional de las agencias punitivas en la intimidad de una familia, seg\u00fan ellos mismos determinaron, para abastecer un programa institucional suplantando la desidia institucional a costa de la salud de un ni\u00f1o.<\/span><\/p>\n

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Surge aqu\u00ed una segunda cuesti\u00f3n a considerar. Si no se pod\u00eda asegurar la falta de contaminaci\u00f3n del material, \u00bfqu\u00e9 investigaci\u00f3n seria y con suficiente rigor cient\u00edfico se podr\u00eda obtener a partir del mismo material? creemos que ninguna. Todo esto adem\u00e1s de considerar la escasez del material incautado, el desconocimiento de la cepa de la que se trata, de su trazabilidad, de la t\u00e9cnica de cultivo utilizada, de la forma de cosecha, entre otros factores determinantes a la hora de avanzar en un estudio que garantice resultados fidedignos en materia cient\u00edfica. Frente a esta absoluta falta de certeza, se encuentra Marina, qui\u00e9n a partir de ese material incautado, elaboraba artesanalmente aceite que suministraba a su hijo, que a ciencia cierta le brindaba una mejor\u00eda notable, corroborada incluso por los facultativos que lo trataban conforme lo dan por probado y reconocido el Juez como por el Fiscal.<\/span><\/p>\n

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Conforme la normativa aplicable, que bien detallan los magistrados en sus intervenciones, se desprende que la madre no tiene posibilidad alguna de acceder a la sustancia dentro de la legalidad, ya que la importaci\u00f3n de la sustancia o inserci\u00f3n al Programa de investigaci\u00f3n, actualmente est\u00e1n restringidas para una enfermedad distinta (epilepsia) a la que padece el ni\u00f1o (autismo), motivo de un claro exceso en las facultades reglamentarias del poder ejecutivo nacional al regular los alcances de la ley 27.350. Dicha arbitrariedad e inconstitucionalidad en el exceso las potestades reglamentarias, que han sido analizadas por otros tribunales del pa\u00eds, no fueron motivo de expresi\u00f3n o contemplaci\u00f3n alguna por los magistrados intervinientes. Por lo cual se plantea la siguiente circunstancia: Por un lado, una madre no tiene forma de acceso legal a la sustancia por el obrar inconstitucional y desatenci\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas. Por otro lado, un Programa p\u00fablico no tiene acceso a la sustancia por la irresponsabilidad e inoperancia de los mismos poderes p\u00fablicos. El poder judicial decide abastecer y suplantar esta inoperancia, dejando al desamparo a la madre.<\/span><\/p>\n

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A todas estas cuestiones, deben sum\u00e1rsele que aqu\u00ed est\u00e1 en juego la salud y bienestar de un menor de edad, y es aqu\u00ed donde existe una finalidad superior a la investigaci\u00f3n cient\u00edfica que es el inter\u00e9s superior del ni\u00f1o.\u00a0El proceso penal no puede desatender ello, dado que la Convenci\u00f3n sobre los Derechos del Ni\u00f1o (CDN) es transversal a todas las ramas del derecho, y nos dice que debe primar su bienestar a cualquier otra situaci\u00f3n jur\u00eddica o f\u00e1ctica que resulta contrapuesta con tal finalidad. \u201cEn todas las medidas concernientes a los ni\u00f1os que tomen las instituciones p\u00fablicas o privadas de bienestar social, los tribunales<\/strong>, las autoridades administrativas o los \u00f3rganos legislativos, una consideraci\u00f3n primordial a que se atender\u00e1 ser\u00e1 el inter\u00e9s superior del ni\u00f1o\u201d<\/em> (cfr. art.\u00a03\u00a0del referido instrumento, el resaltado nos pertenece).<\/span><\/p>\n

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En funci\u00f3n de ello es claro que los derechos de gozar del m\u00e1ximo nivel de salud por parte del ni\u00f1o y de su inter\u00e9s superior, son preponderantes a todas las consideraciones realizadas por el Juez y el Fiscal, incluso aquellas que tienen que ver con acciones a futuro como lo son las investigaciones a cargo de la Universidad.\u00a0El inter\u00e9s superior del ni\u00f1o en cuanto a la necesidad de contar con el aceite de cannabis elaborado domiciliariamente por su madre,\u00a0surge evidente en el p\u00e1rrafo del fallo donde se analiza la intervenci\u00f3n m\u00e9dica de los profesionales que atienden al ni\u00f1o. De all\u00ed surge que, aunque no han prescripto el aceite (por imposibilidad normativa y riesgo penal, que omiten considerar los magistrados),\u00a0los profesionales conocen tal circunstancia y constatan evidentes mejoras en la salud del ni\u00f1o desde su suministro (fs. 11 del fallo). \u00bfQu\u00e9 puede resultar de mayor peso f\u00e1ctico o jur\u00eddico que la salud de un ni\u00f1o de seis a\u00f1os? Una investigaci\u00f3n cient\u00edfica dispuesta sobre el material secuestrado solo podr\u00eda ser legal, leg\u00edtima y debidamente dispuesta, en el entendimiento de que dicha acci\u00f3n garantizar\u00eda de modo inmediato un mejoramiento en las condiciones de salud del ni\u00f1o.\u00a0Hasta ahora quien garantiz\u00f3 tales mejoras, ha sido \u00fanica y exclusivamente, su propia madre.<\/span><\/p>\n

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Por otro lado, el fallo desconoce en este punto el rol preponderante que juega la familia en la crianza y desarrollo del ni\u00f1o, as\u00ed como la procuraci\u00f3n de su bienestar.\u00a0Ignora por ejemplo las normas\u00a04, 5, 6 y concordantes de la CDN, y los art\u00edculos 6, 7 y concordantes de la ley 26.061, en cuanto a que la FAMILIA es el espacio prioritario para el desarrollo del ni\u00f1o y el pleno ejercicio de sus derechos. Esta legislaci\u00f3n exige al estado apoyar y fortalecer la misma a trav\u00e9s de diversas medidas que requiera, para el mejor cumplimiento de su funci\u00f3n.\u00a0Muy al contrario de lo que parece decir el fallo, en cuanto a la invariabilidad del texto penal de la ley 23.737,\u00a0son las instituciones y las leyes las que deben modificarse atendiendo este paradigma y no al rev\u00e9s, las personas y especialmente los ni\u00f1os no deben adaptarse a las deficiencias del Estado.\u00a0\u00a0<\/span><\/p>\n

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Los\/as ni\u00f1os\/as, especialmente, como las personas adultas, tienen consagrado el derecho a la privacidad y el Estado tiene prohibida all\u00ed toda injerencia arbitraria (Art. 16 CDN y 19 CN). Podr\u00eda sostenerse sin dudas que el decomiso de la sustancia que contribu\u00eda a su bienestar y salud en el \u00e1mbito de la familia,\u00a0afecta severamente su privacidad con trascendencia a otros derechos elementales como la salud.<\/span><\/p>\n

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Asimismo, el fallo incurre en graves contradicciones al soslayar una correcta interpretaci\u00f3n del derecho a la salud consagrado en los instrumentos internacionales. Dice, en apoyo de una decisi\u00f3n err\u00f3nea, que no le compete a la justicia penal determinar la posibilidad de que un paciente pueda elegir su tratamiento. Esa autolimitaci\u00f3n impuesta por el Juez, no le permite analizar con racionalidad las normas de fondo que involucran a cualquier proceso,\u00a0incluido el penal. Es que los derechos consagrados para los seres humanos no conocen distinciones en los fueros penales o civiles;\u00a0son transversales y deben ser atendidos all\u00ed donde los\/as magistrados\/as son llamados a intervenir.<\/span><\/p>\n

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Creemos que es en este tipo de casos en los que debe primar la correcta valoraci\u00f3n de todas las normas que conforman el ordenamiento jur\u00eddico que resulta aplicable. Solamente as\u00ed se podr\u00e1n arribar a resoluciones que sean verdaderamente justas en orden a los intereses en juego, y en el caso concreto, proteger y acompa\u00f1ar el bienestar de un ni\u00f1o de seis a\u00f1os que solo encontraba alivio a partir de la medicina elaborada natural y artesanalmente por su madre. El poder legislativo desatendi\u00f3 sus reclamos, el poder ejecutivo restringi\u00f3 sus derechos y el poder judicial decomis\u00f3 su medicina.<\/span><\/p>\n

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Un poder judicial que dista bastante al apodo que se le brinda coloquialmente como \u201cJusticia\u201d.\u00a0\u00a0\u00a0<\/span><\/p>\n

Podes leer el fallo en el siguiente link:
FALLO CEJAS<\/a><\/b><\/span><\/p>\n

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Comentario al fallo “Cejas, Marina Daniela s\/Tenencia simple de Estupefacientes”. Nora Maciel –\u00a0Marcos Chigal –\u00a0Mariano Fusero.\u00a0Integrantes de RESET \u2013 Pol\u00edtica de Drogas y Derechos Humanos. 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