Por Noelia Galera, Abogada (UBA).
Magister en Derechos Humanos, Estado y Sociedad (UNTREF).
Integrante de RESET – Pol\u00edtica de Drogas y Derechos Humanos. <\/p>\n\n\n\n
En un mundo cada vez m\u00e1s conectado, nuestra actividad en l\u00ednea puede estar siendo observada m\u00e1s de lo que pensamos. Recientemente, el Ministerio de Seguridad emiti\u00f3 la Resoluci\u00f3n 428\/2024<\/strong>, que autoriza a las fuerzas de seguridad a realizar tareas preventivas mediante la inspecci\u00f3n de lo que los usuarios suben en Internet, utilizando fuentes digitales abiertas. <\/strong>Esto ha generado preocupaci\u00f3n sobre la privacidad y las libertades individuales de los ciudadanos.<\/p>\n\n\n\n Para entender mejor esta situaci\u00f3n, retrocedamos un poco en el tiempo. Durante la emergencia sanitaria causada por la pandemia de COVID-19, el Ministerio de Seguridad aprob\u00f3 un protocolo para la prevenci\u00f3n policial del delito en el espacio cibern\u00e9tico, llamado Protocolo General para la prevenci\u00f3n policial del delito con uso de Fuentes Digitales Abiertas, mediante la Resoluci\u00f3n 144\/2020. En ese momento, la circulaci\u00f3n en la v\u00eda p\u00fablica estaba sumamente limitada, y se sospechaba que el delito se hab\u00eda trasladado al mundo digital debido al aislamiento social obligatorio.<\/p>\n\n\n\n Sin embargo, una vez que la emergencia sanitaria lleg\u00f3 a su fin, este protocolo fue derogado en octubre de 2022. La Resoluci\u00f3n 720\/2022 explic\u00f3 que el protocolo fue creado en un contexto particular, durante el cual la pandemia oblig\u00f3 al Estado a restringir parcialmente la movilidad, lo que aument\u00f3 el uso de medios digitales a nivel global. Con la disminuci\u00f3n de la emergencia, el Ministerio de Seguridad consider\u00f3 que la vigilancia preventiva en l\u00ednea pod\u00eda ser excesiva y violatoria de garant\u00edas constitucionales, y que las medidas de investigaci\u00f3n en medios digitales deb\u00edan ser realizadas \u00fanicamente a pedido de autoridades judiciales competentes.<\/p>\n\n\n\n Es por eso que la reciente reinstauraci\u00f3n de los ciber-patrullajes mediante la Resoluci\u00f3n 428\/2024 ha generado controversia.<\/p>\n\n\n\n Aunque inicialmente se autoriz\u00f3 la vigilancia digital para delitos espec\u00edficos como trata de personas, tr\u00e1fico de estupefacientes, lavado de dinero y terrorismo, la nueva resoluci\u00f3n publicada ayer ampl\u00eda esta vigilancia a “cualquier otro delito del que se pueda obtener noticia a trav\u00e9s del ciberespacio”<\/strong>. Esta ampliaci\u00f3n es preocupante, ya que podr\u00eda conducir a una vigilancia masiva e injustificada de los ciudadanos.<\/p>\n\n\n\n El Rol Policial: Prevenci\u00f3n y Investigaci\u00f3n en la Lucha Contra el Delito.<\/strong><\/p>\n\n\n\n Para entender mejor esta situaci\u00f3n, es importante hacer una breve s\u00edntesis sobre las funciones que la ley otorga a la polic\u00eda<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n La primera de ellas es la funci\u00f3n de prevenci\u00f3n del delito,<\/strong> tarea que cumple la polic\u00eda al patrullar las calles y que es fundamental en el mantenimiento del orden p\u00fablico y la seguridad de la comunidad. Dicho accionar tiene como objetivo principal disuadir la comisi\u00f3n de delitos y promover un ambiente seguro en las \u00e1reas urbanas y rurales. La simple presencia de polic\u00edas patrullando las calles se supone que crea un sentimiento de seguridad en la comunidad a la vez que puede disuadir a potenciales delincuentes de cometer actos criminales.<\/p>\n\n\n\n Por otro lado, los patrullajes permiten a la polic\u00eda identificar y responder r\u00e1pidamente a situaciones sospechosas o delitos en curso<\/strong>, lo que puede llevar a la detenci\u00f3n de infractores antes de que puedan completar sus acciones delictivas y a la protecci\u00f3n de posibles v\u00edctimas. Estos son los supuestos de flagrancia en los que la prevenci\u00f3n tiene obligaci\u00f3n inmediata de actuar.<\/p>\n\n\n\n