{"id":2480,"date":"2022-08-26T18:54:20","date_gmt":"2022-08-26T21:54:20","guid":{"rendered":"http:\/\/resetdrogas.com.ar\/?p=2480"},"modified":"2022-08-30T09:07:24","modified_gmt":"2022-08-30T12:07:24","slug":"olfato-policial-vs-arriola","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/resetdrogas.com.ar\/index.php\/2022\/08\/26\/olfato-policial-vs-arriola\/","title":{"rendered":"Olfato Policial vs Arriola"},"content":{"rendered":"\t\t
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Una reflexi\u00f3n a trece a\u00f1os de la declaraci\u00f3n del fallo clave que dict\u00f3 la inconstitucionalidad del delito de la tenencia para consumo personal de estupefacientes.<\/span><\/p>\n

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Por lxs integrantes de RESET – Pol\u00edtica de Drogas y Derechos Humanos<\/strong>:<\/span><\/p>\n

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Noelia Galera
<\/strong>Abogada egresada de la UBA, Magister en Derechos Humanos, Estado y Sociedad de la UNTREF, Defensora P\u00fablica Oficial Coadyuvante ante el Juzgado Federal de R\u00edo Grande, Tierra del Fuego e Islas del Atl\u00e1ntico Sur.<\/em><\/span><\/p>\n

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Paola Di Silverio <\/strong><\/span><\/p>\n

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Abogada egresada de la UNLP, Diplomada en Derecho Administrativo de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado (Procuraci\u00f3n del Tesoro de la Naci\u00f3n), Abogada en Patronato de Liberados del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires<\/em><\/span><\/p>\n

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Fernando Salvador<\/strong><\/span><\/p>\n

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Abogado (UNLP) Diplomado en Corrupci\u00f3n P\u00fablica, Privada y Compliance (UCA). Diplomatura Universitaria en An\u00e1lisis Forense Digital (UCASAL). Diplomatura en Innovaci\u00f3n y Gesti\u00f3n Judicial Tecnol\u00f3gica (Universidad Champagnat).<\/em><\/span><\/p>\n

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\u00a0Palabras Preliminares<\/strong>.<\/strong><\/span><\/p>\n

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Pese al principio republicano de publicidad de los actos de gobierno y la sanci\u00f3n de la ley 27.275 de Derecho de Acceso a la Informaci\u00f3n P\u00fablica, dif\u00edcilmente la ciudadan\u00eda com\u00fan pod\u00eda acceder a las estad\u00edsticas oficiales referentes a las causas iniciadas por infracci\u00f3n a la ley de drogas.<\/span><\/p>\n

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La Procunar, sector del Ministerio P\u00fablico Fiscal creado para dise\u00f1ar una pol\u00edtica criminal y las l\u00edneas de intervenci\u00f3n de los fiscales federales en materia de drogas, elabor\u00f3 su \u00faltimo informe nacional en el a\u00f1o 2016. Quiz\u00e1s influenciado por la desfederalizaci\u00f3n\/1 del narcomenudeo <\/strong>en varias provincias, desde aquel tiempo a esta \u00e9poca solo cont\u00e1bamos con trabajos estad\u00edsticos sectorizados (como el estudio de la narcocriminalidad en Santa Fe), o con informes anuales de actuaci\u00f3n de esa oficina, mas no del trabajo de campo de las distintas fiscal\u00edas federales del pa\u00eds.<\/span><\/p>\n

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Recientemente, el mencionado organismo incorpor\u00f3 a la Plataforma Interactiva de Informaci\u00f3n Estad\u00edstica (PES) las variables tasa de litigiosidad y su comparaci\u00f3n con el total de causas iniciadas por drogas, permitiendo el acceso a la informaci\u00f3n de las causas iniciadas por estupefacientes desde 2011 hasta 2021 en el fuero federal. El Programa Digital tambi\u00e9n nos permite discriminar la informaci\u00f3n por delito, territorio, forma de inicio de los procesos, entre otros datos de sumo inter\u00e9s para identificar la pol\u00edtica criminal de drogas que gu\u00eda al titular de la acci\u00f3n penal.<\/span><\/p>\n

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Con motivo de un nuevo aniversario del Fallo Arriola, en el cual la Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n dej\u00f3 claramente asentada su postura de que la penalizaci\u00f3n de la tenencia de estupefacientes para consumo personal es inconstitucional, el presente trabajo intentar\u00e1 analizar si, efectivamente, la doctrina de aquel precedente ha hecho mella en la pol\u00edtica nacional de persecuci\u00f3n penal en las causas que versan sobre infracci\u00f3n a la ley 23.737.<\/span><\/p>\n

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Comencemos por el principio.<\/span><\/p>\n

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No podemos analizar la pol\u00edtica criminal orientada al \u201ccombate al narcotr\u00e1fico\u201d<\/strong> sin reparar en los antecedentes legislativos que rigieron y a\u00fan rigen en nuestro pa\u00eds.<\/span><\/p>\n

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La Argentina agrav\u00f3 la penalizaci\u00f3n de conductas relacionadas al consumo de sustancias fiscalizadas, mediante la ley N\u00b0 20.771 del a\u00f1o 1974.<\/strong><\/span><\/p>\n

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Bajo la bandera de la defensa de la \u201cseguridad nacional\u201d y la \u201cdefensa social\u201d, la exposici\u00f3n de motivos de dicha norma enfatiz\u00f3 que \u201cel tr\u00e1fico ilegal de estupefacientes debe ser perseguido hasta su aniquilaci\u00f3n\u201d. Guiada por esta cruzada tendiente a erradicar las drogas<\/strong>, la norma impon\u00eda una pena de 1 a 6 a\u00f1os de prisi\u00f3n al que \u201ctuviere en su poder estupefacientes, aunque estuvieren destinados a consumo personal<\/strong>.\u201d<\/span><\/p>\n

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La ley 20.771, que ve\u00eda a las personas consumidoras como eslabones imprescindibles de la cadena de narcotr\u00e1fico, fue reemplazada por la ley 23.737 de 1989 que sin dejar de etiquetarlas como \u201cdelincuentes\u201d<\/strong>, tambi\u00e9n las tild\u00f3 de \u201cenfermas\u201d<\/strong>, permitiendo suplantar la pena de prisi\u00f3n con medidas de seguridad curativas y educativas ante la comisi\u00f3n de determinadas conductas asociadas al consumo.<\/span><\/p>\n

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La norma, vigente actualmente, diferencia la tenencia simple de estupefacientes, cuya pena en expectativa oscila entre 1 a 6 a\u00f1os, del que detenta la sustancia para su consumo personal, cuya pena se reduce ostensiblemente -de un mes a dos a\u00f1os de prisi\u00f3n-.<\/span><\/p>\n

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Sin perjuicio de la tajante diferencia punitiva, demostrando un inter\u00e9s cuantitativamente \u201cmenor\u201d del Estado de perseguir personas que consumen, la t\u00e9cnica legislativa no deja de ser vaga, imprecisa y arbitraria, pues recae sobre lxs operadores judiciales identificar cu\u00e1ndo se est\u00e1 ante una tenencia simple y cuando ante una tenencia con miras al autoconsumo<\/strong>, anunciando normativamente que ello depende \u201cde su escasa cantidad y dem\u00e1s circunstancias\u201d.<\/span><\/p>\n

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Y esto no es un dato menor. M\u00e1xime si tenemos en cuenta que, a partir del fallo Arriola, se declar\u00f3 inconstitucional la tenencia de estupefacientes<\/strong> para consumo personal.<\/span><\/p>\n

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La falta de certeza es tal que 20 gramos de clorhidrato de coca\u00edna puede ser para algunxs jueces tenencia para consumo\/2, mientras que para otros tenencia simple, por considerar que exceden una posible ingesta personal.<\/span><\/p>\n

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Sobre este t\u00f3pico el precedente \u201cVega Gimenez\u201d\/3 -tambi\u00e9n de la Corte Suprema- declar\u00f3 la inconstitucionalidad no de una norma, sino de un criterio de interpretaci\u00f3n de las normas. En este sentido, sostuvo que en caso de duda respecto a si la cantidad de sustancia secuestrada responde o no al consumo personal, no puede optarse por calificar esa conducta como una tenencia simple, por entender que se trata de una figura residual que se utiliza cuando no se puede probar la detentaci\u00f3n de la droga para el autoconsumo o para el comercio.<\/span><\/p>\n

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En caso de dudas, siempre se debe optar por la posici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa para las personas imputadas, cual es la tenencia para consumo personal.\u00a0<\/strong><\/span><\/p>\n

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Sin embargo, no es inusual encontrar sentencias de los tribunales inferiores que resultan contrarios a la doctrina del citado fallo Vega Gimenez, pese a que la Corte ha recalcado en varias ocasiones que sus fallos merecen, en principio, seguimiento por los tribunales inferiores, y una resoluci\u00f3n contraria a estos est\u00e1ndares afectar\u00eda entre otras cuestiones de trascendental importancia, el principio de seguridad jur\u00eddica que impone la necesaria confianza de lxs justiciables en las decisiones adoptadas por los \u00f3rganos del Poder Judicial. Ello, sin perjuicio del retardo procesal y dispendio jurisdiccional que conlleva el contrariar criterios asentados del m\u00e1ximo Tribunal Nacional.<\/span><\/p>\n

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\u00a0<\/strong>El fallo Arriola y sus implicancias, a trece a\u00f1os de su dictado.<\/strong><\/span><\/p>\n

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El 25 de agosto de 2009, los\u00a0 jueces\u00a0 de\u00a0 la Corte\u00a0 Suprema\u00a0 de\u00a0 Justicia de la Naci\u00f3n establecieron, por unanimidad, que el art\u00edculo 14, segundo p\u00e1rrafo, de la ley 23.737 deb\u00eda ser invalidado<\/strong>.\u00a0<\/span><\/p>\n

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Para decidir de ese modo, la Corte sostuvo que dicha norma conculca el art\u00edculo 19\/4 de la Constituci\u00f3n nacional, en la medida en que, al penalizar la tenencia de estupefacientes para propio consumo<\/strong> -cuando se\u00a0 realice\u00a0 en\u00a0 condiciones\u00a0 tales que no traigan aparejado un peligro concreto o un da\u00f1o a derechos o bienes de terceros-, se invade la esfera de la libertad personal<\/strong>, expresamente excluida de la autoridad de los \u00f3rganos estatales.<\/span><\/p>\n

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No obstante desde aquella fecha a la actualidad la interpretaci\u00f3n jur\u00eddica sobre los delitos de tenencia de estupefacientes para consumo personal ha quedado librada a la actividad discrecional de cada Fiscal\u00eda y Juzgado<\/strong>, sea cual fuere su competencia.<\/span><\/p>\n

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Pese a la contradicci\u00f3n legal en relaci\u00f3n al fallo citado,\u00a0 la persecuci\u00f3n por tenencia de la sustancia sigue vigente en la pr\u00e1ctica policial y judicial, conforme claramente se analizar\u00e1 en los ac\u00e1pites siguientes.<\/strong><\/span><\/p>\n

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An\u00e1lisis de la informaci\u00f3n suministrada por la PROCUNAR.<\/strong><\/span><\/p>\n

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Entre el a\u00f1o 2011 y el 2021 se iniciaron por tenencia para consumo 80.080 causas siendo los picos de inicios de las mismas los a\u00f1os 2011 con 10.609, el a\u00f1o 2016 con 9.002, bajando a 3.412 causas iniciadas en el a\u00f1o 2020 en que atravesamos la pandemia.<\/span><\/p>\n

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Vale aclarar que, como lo se\u00f1alamos en un comienzo, los datos analizados corresponden a causas iniciadas s\u00f3lo en el fuero federal<\/strong>. A ello debemos sumar la tramitaci\u00f3n de causas iniciadas en las provincias adheridas a la ley de desfederalizaci\u00f3n<\/strong>. Sin lugar a dudas, el n\u00famero de causas iniciadas a consumidorxs -por tenencia simple o bien narcomenudeo- debe ser ostensiblemente mayor<\/strong>, permaneciendo inmovil el n\u00famero final de causas por narcotr\u00e1fico, lavado y contrabando puesto que no es competencia de las provincias \u201cdesfederalizadas\u201d.<\/span><\/p>\n

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Si confrontamos este dato (causas iniciadas por tenencia para consumo personal<\/strong>) con la evoluci\u00f3n de causas iniciadas por todos los otros delitos relacionados con la ley de drogas que contempla la plataforma, advertimos que ese n\u00famero representa el 35% de los expedientes que tramitaron ante los juzgados federales del pa\u00eds<\/strong>. Ello teniendo en cuenta que el total de causas por estupefacientes iniciadas en la Argentina en la justicia federal fue de 227.360.<\/span><\/p>\n

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Ahora bien, no podemos dejar de reparar en la delgada y arbitraria l\u00ednea que separa los delitos de tenencia simple y tenencia para consumo personal<\/strong>, quedando al arbitrio del juez catalogar de una u otra manera la conducta reprochada.\u00a0<\/span><\/p>\n

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En consecuencia, si hacemos una detenida lectura de las estad\u00edsticas brindadas por la PROCUNAR, debemos reparar en que, desde enero de 2011 a diciembre de 2021, casi la mitad versaron sobre comercio, contrabando y tr\u00e1fico de estupefacientes (120.455), mientras que la otra mitad (106.905) se dedic\u00f3 a perseguir y en ocasiones, castigar, a las personas tenedoras de sustancia estupefacientes<\/strong> para su consumo personal, a lxs simples portadores de sustancia y a lxs que fueron encontrados consumiendo en la v\u00eda p\u00fablica, conducta reprimida de forma aut\u00f3noma por el art\u00edculo 12 inciso b de la ley 23.737.<\/span><\/p>\n

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Por consiguiente, si incluy\u00e9ramos los casos de tenencia simple a los relacionados al consumo personal, arribar\u00edamos a 47% de las causas relacionados con delitos de tenencia sin una finalidad clara de comercializaci\u00f3n<\/strong>.<\/span><\/p>\n

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En este contexto, resulta dif\u00edcil que las fuerzas federales puedan abocarse a llevar adelante investigaciones respecto a eslabones superiores de la cadena de comercializaci\u00f3n, contrabando o lavado de activos cuando, al menos -si tomamos en consideraci\u00f3n s\u00f3lo los casos tipificados como tenencia para consumo personal- el 35% de la faz operativa -al menos- est\u00e1 puesta en perseguir el consumo que, desde Bazterrica a esta parte pasando por Arriola, la Corte Suprema de Justicia de la naci\u00f3n ha declarado inconstitucional.<\/span><\/p>\n

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\u00bfCu\u00e1l es el costo de la persecuci\u00f3n a personas consumidoras?<\/strong><\/span><\/p>\n

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Si ponemos atenci\u00f3n al informe \u201cM\u00c1S DE 40 MILLONES DE D\u00d3LARES AL A\u00d1O GASTA EL ESTADO EN CRIMINALIZAR A PERSONAS USUARIAS DE DROGAS<\/strong>\u201d del a\u00f1o 2019, en dicho informe se expresa que: \u201cel Estado Nacional gast\u00f3 en los a\u00f1os 2016, 2017 y 2018 alrededor de 1.641 millones de pesos (USD 84 millones), en persecuci\u00f3n de estos delitos comprendidos en el Art. 14 de la ley 23.737. En promedio, cada una de las 30.185 causas por delitos de tenencia simple o para consumo tramitadas por el MPF durante 2016, 2017 y 2018, le ha significado una erogaci\u00f3n aproximada de 55 mil pesos argentinos o 2 mil d\u00f3lares estadounidenses -tomando como referencia el valor promedio de esta moneda en 2018-\u201d<\/a>.\u00a0<\/em><\/span><\/p>\n

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A esta altura y pese a Arriola, como se\u00f1ala Fusero: \u201cla tenencia de cualquier sustancia il\u00edcita con fines de consumo, su autocultivo, la utilizaci\u00f3n en la v\u00eda p\u00fablica sin afectaci\u00f3n a terceras personas, entre otras conductas relacionadas al mero uso de estas sustancias, al d\u00eda de hoy sigue siendo objeto de la mayor de las arbitrariedades policiales y judiciales que se agravan en contextos de gobiernos adeptos a la demagogia punitiva<\/strong>.\u00a0<\/span><\/p>\n

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La criminalizaci\u00f3n primaria legislada sobre los consumos, es la excusa predilecta de las agencias policiales para habilitar su poder represor<\/strong> de forma selectiva y violenta en su ejercicio del control social sobre los grupos hist\u00f3ricamente vulnerados.\u00a0<\/span><\/p>\n

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En tal entendimiento, resulta imperioso brindar criterios objetivos de actuaci\u00f3n policial y judicial, a fin de obturar las interpretaciones difusas. M\u00e1s a\u00fan, cuando las fuerzas de seguridad en su proceder hist\u00f3rico contra las personas que consumen, son quienes determinan en mayor medida la pol\u00edtica criminal en materia de sustancias fiscalizadas\u201d\/5.\u00a0\u00a0<\/span><\/p>\n

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Persecuci\u00f3n contra personas consumidoras -el olfato policial-<\/strong><\/span><\/p>\n

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En el presente gr\u00e1fico podemos observar que el 82% de las 80.080 causas que se iniciaron en el per\u00edodo analizado corresponde a la prevenci\u00f3n realizada por fuerzas policiales.<\/span><\/p>\n

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En cuanto al dato \u201cprevenci\u00f3n de fuerzas policiales\u201d descartamos que se realicen tareas investigativas en tanto ser\u00eda il\u00f3gico suponer que las fuerzas federales lo hagan en causas donde se determina que s\u00f3lo existe consumo.<\/span><\/p>\n

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Entonces, \u00bfc\u00f3mo se explica esa prevenci\u00f3n policial que origina procesos penales contra consumidorxs?<\/strong><\/span><\/p>\n

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Los operativos de tr\u00e1nsito en rutas, ciudades, barrios populares, estaciones de trenes, micros, aeropuertos, pasos fronterizos, detenciones en la calle y en menor medida la relaci\u00f3n con otro tipo de delito<\/strong> (ej: detener a una persona por un robo y que detente estupefacientes para consumo personal) entendemos que son los modos en que el olfato policial libera la lucha supuesta contra el narcotr\u00e1fico<\/strong>.<\/span><\/p>\n

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Esta persecuci\u00f3n a personas consumidoras sucede pese a lo se\u00f1alado en Arriola, que: \u201cninguna de las convenciones suscriptas\u00a0 por\u00a0 el\u00a0 Estado\u00a0 Argentino\u00a0 en\u00a0 relaci\u00f3n\u00a0 a\u00a0 la\u00a0 tem\u00e1tica (Convenci\u00f3n de las Naciones Unidas contra el Tr\u00e1fico Il\u00edcito de\u00a0 Estupefacientes\u00a0 y\u00a0 Sustancias\u00a0 Psicotr\u00f3picas\u00a0 de\u00a0 1988;\u00a0 el Convenio sobre sustancias psicotr\u00f3picas de 1917 y la Convenci\u00f3n \u00danica\u00a0 sobre\u00a0 Estupefacientes\u00a0 de\u00a0 1961)\u00a0 lo\u00a0 comprometen a criminalizar la tenencia de estupefacientes para uso personal. Antes bien, se se\u00f1ala que tal cuesti\u00f3n queda “a reserva de sus principios constitucionales y de los conceptos fundamentales de su ordenamiento jur\u00eddico” (art\u00edculo 3, inciso 2\u00ba; art\u00edculo 22\u00a0 y\u00a0 art\u00edculos\u00a0 35\u00a0 y\u00a0 36\u00a0 de\u00a0 las\u00a0 mencionadas\u00a0 Convenciones, respectivamente)\u00a0 con\u00a0 lo\u00a0 que\u00a0 las\u00a0 mismas\u00a0 normativas\u00a0 de\u00a0 las Convenciones evidencian sin esfuerzo su respeto por el art\u00edculo 19 constitucional\u201d<\/em>\/6.<\/span><\/p>\n

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\u00bfQu\u00e9 es el olfato policial?\u00a0<\/strong><\/span><\/p>\n

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El concepto <\/strong>olfato policial<\/em><\/strong> refiere al hecho de asociar ciertas caracter\u00edsticas como la vestimenta, el color de piel, la edad, posici\u00f3n social, un tipo de barrio, con cierto imaginario de sujetxs o colectivos peligrosxs.<\/strong><\/span><\/p>\n

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La juventud<\/strong>, sobre todo aquella que tiene determinados estilos de vida y pautas de consumo, es un indicador que orienta de alg\u00fan modo el trabajo policial. De este modo, actores que no tienen un\u00a0 gran impacto en el despliegue de la narcocriminalidad, que desempe\u00f1an tareas de poca o nula trascendencia en la organizaci\u00f3n delictiva como mujeres cis y trans, j\u00f3venes, usuarixs y cultivadores,\u00a0 son consideradxs narcotraficantes.<\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

De este modo, el sistema judicial, en lugar de abordar din\u00e1micas criminales complejas, prioriza la investigaci\u00f3n de causas individuales, las cuales conllevan, en palabras del Dr. Eugenio Ra\u00fal Zaffaroni, \u201c…a un efecto pernicioso que tiene la estigmatizaci\u00f3n de cada persona que ingresa en el sistema penal (juzgado, comisar\u00eda), y que puede generar una carrera criminal o una fuerte lesi\u00f3n a la autoestima\u2026\u201d<\/em>\/7.<\/span><\/p>\n

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\u00bfC\u00f3mo sobrevive el olfato policial amparado en una ley de rango inferior y contraria a la Constituci\u00f3n Nacional?<\/strong><\/span><\/p>\n

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Para contestar este interrogante, llegamos a la conclusi\u00f3n de que el olfato policial sobrevive, en primer lugar, porque las agencias del sistema penal en nuestro pa\u00eds <\/strong>-a trav\u00e9s de procesos de estigmatizaci\u00f3n social y una marcada l\u00f3gica represiva- desarrollan una pol\u00edtica criminal que no siempre respeta los l\u00edmites del Estado de Derecho<\/strong>.<\/span><\/p>\n

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Tradicionalmente, se ha analizado y abordado a los problemas del delito y las violencias desde un encuadre penal, con fuerte presencia del elemento policial, a trav\u00e9s de pr\u00e1cticas alentadas por una creciente demanda punitiva<\/strong>.<\/span><\/p>\n

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En segundo lugar, la pol\u00edtica discursiva de la \u201cguerra contra el narcotr\u00e1fico\u201d o \u201cnarcotr\u00e1fico cero\u201d derivada de lineamientos de discursos pol\u00edticos que responden a expectativas sociales de punitivismo, opera a trav\u00e9s de un sistema penal que resulta discriminatorio y selectivo<\/strong>.<\/span><\/p>\n

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En tercer lugar, el rol de los medios de comunicaci\u00f3n deviene insoslayable<\/strong>, ya que \u00e9stos fortalecen el imaginario social, a partir de la construcci\u00f3n de la agenda medi\u00e1tica; de modo que se utiliza a la demagogia punitiva como orientaci\u00f3n discursiva y pragm\u00e1tica en la pol\u00edtica criminal y de seguridad, construyendo una imagen social de sujetxs peligrosxs<\/strong>\/8, aceptada por gran parte de la opini\u00f3n p\u00fablica.<\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

De este modo, \u201cel poder punitivo criminaliza seleccionando, por regla general, a las personas que encuadran en los estereotipos criminales y que por ello son vulnerables, por ser s\u00f3lo capaces de obras il\u00edcitas toscas y por asumirlas como roles demandados seg\u00fan los valores negativos \u2013o contravalores\u2212 asociados al estereotipo (criminalizaci\u00f3n conforme al estereotipo)<\/em>\u201d\/9.\u00a0<\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

Aqu\u00ed entra en juego lo que los autores denominan \u201ccriminolog\u00eda medi\u00e1tica\u201d<\/strong>, la cual crea la realidad de un mundo de personas decentes frente a una masa de criminales identificada a trav\u00e9s de estereotipos, que configuran un \u201cellxs\u201d separado del resto de la sociedad, por ser un conjunto de personas diferentes y malvadas. Al final, ese conjunto denominado \u201cellxs\u201d, no se conforma con delincuentes violentxs, sino que es un mundo m\u00e1s amplio de personas estereotipadas que no cometieron ning\u00fan delito y que, de seguro, nunca lo han de cometer.\u00a0<\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

Al construir en \u201cellxs\u201d al enemigo de la sociedad decente, colocando en la misma bolsa a todas las personas que comparten las mismas caracter\u00edsticas (f\u00edsicas o sociales),<\/strong> se crea el mensaje de que el\/la adolescente de un barrio precario que fuma marihuana o toma cerveza en una esquina ma\u00f1ana cometer\u00e1 el mismo hecho reprochable\u00a0 que la persona que se le parece y que mat\u00f3 a una anciana en una salidera bancaria\/10.\u00a0<\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

Por \u00faltimo y no menos importante en cuanto a esta pr\u00e1ctica, debemos tener en cuenta que el \u201colfato policial\u201d ha sido vedado por el m\u00e1ximo int\u00e9rprete normativo a nivel regional.\u00a0<\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

El 1 de septiembre de 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, \u201cla Corte\u201d o \u201cel Tribunal\u201d) dict\u00f3 sentencia mediante la cual declar\u00f3 la responsabilidad internacional de la Rep\u00fablica Argentina por las violaciones a diversos derechos en perjuicio de los se\u00f1ores Carlos Alberto Fern\u00e1ndez Prieto (en adelante, \u201cse\u00f1or Fern\u00e1ndez Prieto\u201d) y Carlos Alejandro Tumbeiro (en adelante, \u201cse\u00f1or Tumbeiro\u201d). El caso se relacion\u00f3 con dos supuestos espec\u00edficos de restricciones de derechos por acciones de la polic\u00eda: la interceptaci\u00f3n y posterior registro del autom\u00f3vil donde se transportaba el se\u00f1or Fern\u00e1ndez Prieto por parte de la Polic\u00eda de la Provincia de Buenos Aires en 1992, y la detenci\u00f3n con fines de identificaci\u00f3n y requisa corporal del se\u00f1or Tumbeiro por parte de la Polic\u00eda Federal Argentina en 1998.<\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

La Corte IDH, al declarar la responsabilidad internacional de la Rep\u00fablica Argentina, concluy\u00f3 que el Estado era responsable por la violaci\u00f3n a los art\u00edculos 7 (derecho a la libertad personal), 8 (garant\u00edas judiciales), 11 (protecci\u00f3n de la honra y de la dignidad) y 25.1 (protecci\u00f3n judicial) de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos en relaci\u00f3n con los art\u00edculos 1.1 (obligaci\u00f3n de respetar y garantizar los derechos) y 2 (deber de adoptar disposiciones de derecho interno) del mismo instrumento, en perjuicio de los se\u00f1ores Fern\u00e1ndez Prieto y Tumbeiro, y por la violaci\u00f3n a los art\u00edculos 24 (igualdad ante la ley) y 1.1 (deber de no discriminaci\u00f3n) de la Convenci\u00f3n, en perjuicio del se\u00f1or Tumbeiro<\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

En su reconocimiento de responsabilidad internacional, suscrito el 4 de marzo de 2020, el Estado acept\u00f3 la totalidad de las conclusiones establecidas por la Comisi\u00f3n en su Informe de fondo<\/strong>, lo cual incluye las concernientes a que las detenciones de los se\u00f1ores Fern\u00e1ndez Prieto y Tumbeiro se enmarcaron en un contexto general de detenciones practicadas sin orden judicial ni supuestos de flagrancia en Argentina. En el mismo orden, en su escrito de alegatos finales de 18 de junio de 2020, el Estado reconoci\u00f3 que este \u201ccaso constituye un emblema de lo\u00a0 que\u00a0 se\u00a0 conoci\u00f3\u00a0 en\u00a0 nuestro\u00a0 pa\u00eds,\u00a0 durante la d\u00e9cada del 90, como el \u2018olfato policial\u2019<\/strong>,\u00a0 que implicaba\u00a0 actuaciones\u00a0 policiales\u00a0 descontroladas,\u00a0 incentivadas por pol\u00edticas de seguridad p\u00fablica basadas en operativos de prevenci\u00f3n discrecionales, sin investigaci\u00f3n ni inteligencia previa, y por ello, profundamente ineficientes<\/a>\u201d.<\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

En relaci\u00f3n a ello, vale aclarar que ambos casos se enmarcaron en infracciones a la ley 23.737. Hoy, dos a\u00f1os despu\u00e9s de dicha sentencia internacional, a\u00fan no se ha hecho operativa la aplicaci\u00f3n de la misma por parte del Estado argentino en tanto contin\u00faan las pr\u00e1cticas que incluyen arbitrariedad policial y el armado de causas penales en connivencia con los sectores judiciales, movilizando grandes cantidades de recursos<\/strong> de manera poco inteligente, y dando lugar a situaciones violatorias de derechos humanos que apuntan especialmente a poblaciones vulnerables.<\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

La criminalizaci\u00f3n ha convertido el tr\u00e1fico de drogas en un negocio fabuloso<\/strong>, facilitando la creaci\u00f3n de sistemas de poder paralelo. A mayor represi\u00f3n, suben los precios de las sustancias en proporci\u00f3n a la potencia de las mismas, y como consecuencia se produce una grosera acumulaci\u00f3n de poder econ\u00f3mico en la mafia que maneja el tr\u00e1fico il\u00edcito\/11.<\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

Los datos disponibles no prueban la efectividad de la \u201cguerra contra las drogas\u201d pero no dejan dudas sobre sus consecuencias negativas para los derechos fundamentales de las personas consumidoras de estupefacientes ilegalizados.\u00a0<\/strong><\/span><\/p>\n

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Conclusi\u00f3n<\/strong><\/span><\/p>\n

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Las estad\u00edsticas e informes de actuaci\u00f3n son de suma importancia, no solo por la obligatoriedad de la publicidad de los actos de gobierno, sino tambi\u00e9n porque permiten advertir cu\u00e1l es la pol\u00edtica de persecuci\u00f3n en los delitos relacionados con estupefacientes.<\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

Celebramos que la PROCUNAR sea transparente acerca del ejercicio de la acci\u00f3n p\u00fablica para perseguir y criminalizar a personas en conflicto con la ley de drogas.<\/strong><\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

En este punto, an\u00e1logamente la UFEM (Unidad Fiscal especializada en Violencia contra las Mujeres) tiene dicho que los ministerios p\u00fablicos fiscales deben construir informaci\u00f3n criminal, entendida \u00e9sta como el registro de los hechos delictivos que ingresan al sistema judicial penal.\u00a0<\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

En su informe titulado \u201c10 preguntas b\u00e1sicas sobre la construcci\u00f3n de informaci\u00f3n criminal sobre femicidios y transfemicidios\/travesticidios\u201d, esa agencia ha se\u00f1alado que\u00a0 \u201cSu recopilaci\u00f3n permite conocer la cantidad, modalidad y variabilidad de los delitos, la dimensi\u00f3n de los fen\u00f3menos criminales y su desarrollo. Los ministerios p\u00fablicos fiscales (en adelante, MP) ocupan una posici\u00f3n privilegiada dentro de los sistemas penales para colectar y procesar datos v\u00e1lidos y confiables, dado que son los titulares de la acci\u00f3n penal p\u00fablica (especialmente aquellos que cuentan con sistemas acusatorios). Construir informaci\u00f3n sobre los delitos de manera rigurosa, comparable en el tiempo y entre las distintas jurisdicciones es imprescindible para que las estrategias de persecuci\u00f3n penal resulten m\u00e1s eficaces y se puedan desarrollar acciones diferenciales en funci\u00f3n de la tipolog\u00eda de los hechos. Permite establecer objetivos, seleccionar medios y mecanismos de abordaje, determinar temporalidades y estructurar en general el conjunto de <\/em>decisiones que componen una pol\u00edtica de persecuci\u00f3n penal.\u201d<\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

“El Informe de PROCUNAR de 2016\/12., ya se\u00f1alaba que el 87% de las causas iniciadas por estupefacientes, se iniciaron por prevenci\u00f3n de las fuerzas de seguridad<\/strong>, las cuales versaron mayoritariamente sobre el delito de tenencia de estupefacientes para consumo personal.<\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

Hoy, siete a\u00f1os despu\u00e9s, las estad\u00edsticas permanecen casi inmutables, el Estado contin\u00faa aunando esfuerzos en perseguir a personas consumidoras,<\/strong> pol\u00edtica absurda de persecuci\u00f3n penal que se aparta de la doctrina del fallo Arriola, emanada del M\u00e1ximo Tribunal del pa\u00eds y \u00faltimo int\u00e9rprete de la Constituci\u00f3n Nacional.<\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

La despenalizaci\u00f3n de la tenencia para consumo, de la tenencia simple y del consumo ostentoso son algunas de las modificaciones que deber\u00edan ponerse en pr\u00e1ctica como exigencia m\u00ednima para respetar nuestro Estado Constitucional de Derecho <\/strong>y direccionar tales esfuerzos represivos en la persecuci\u00f3n eficaz de los eslabones superiores responsables del tr\u00e1fico il\u00edcito de estupefacientes.\u00a0<\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

El gran dispendio de actividad policial, judicial y de recursos para llevar adelante intervenciones sin sentido, que luego prescriben y se archivan, dista mucho de ser una pol\u00edtica criminal satisfactoria en la medida en que contin\u00faa criminalizando a personas consumidoras, incrementando el narcotr\u00e1fico y la corrupci\u00f3n que generan sus ganancias exacerbadas parad\u00f3jicamente, en nombre de la \u201cguerra contra las drogas\u201d<\/strong>.<\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/p>\n

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NOTAS<\/strong><\/span><\/p>\n

1. Siempre esta clase de delitos fue de competencia de los tribunales federales (anterior art. 34 de ley 23.737). La competencia material exclusiva a la justicia de excepci\u00f3n o federal continu\u00f3 hasta el dictado de la Ley N\u00b0 26.052 del a\u00f1o 2005 que reform\u00f3 el art. 34 de la vigente normativa de estupefacientes se\u00f1alando que: Los delitos previstos y penados por esta ley ser\u00e1n de competencia de la justicia federal en todo el pa\u00eds, excepto para aquellas provincias y la Ciudad Aut\u00f3noma de Buenos Aires, que, mediante ley de adhesi\u00f3n, opten por asumir su competencia en las condiciones y con los alcances que se prev\u00e9n a continuaci\u00f3n: 1. Art\u00edculo 5\u00ba incisos c) y e), cuando se comercie, entregue, suministre o facilite estupefacientes fraccionados en dosis destinadas directamente al consumidor. 2. Art\u00edculo 5\u00ba pen\u00faltimo p\u00e1rrafo. 3. Art\u00edculo 5\u00ba \u00faltimo p\u00e1rrafo. 4. Art\u00edculo 14. 5. Art\u00edculo 29. 6. Art\u00edculos 204, 204 bis, 204 ter y 204 quater del C\u00f3digo Penal.Es as\u00ed que al d\u00eda de hoy las provincias de\u00a0 Buenos Aires, C\u00f3rdoba, Salta, Formosa, Chaco, Entre R\u00edos, Santiago del Estero y la Ciudad Aut\u00f3noma de Buenos Aires han adherido a la mencionada norma y han efectuado su implementaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

2. C\u00e1m Fed de Apelaciones Bah\u00eda Blanca. TOF de Santa Rosa 8\/8\/2017 expte FBB 004288\/2015\/TO01<\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

3. https:\/\/sjconsulta.csjn.gov.ar\/sjconsulta\/consultaSumarios\/buscarSumariosFallo.html?idSumario=137145<\/a><\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

4. \u00a0Art\u00edculo 19.- Las acciones privadas de los hombres que de ning\u00fan modo ofendan al orden y a la moral p\u00fablica, ni perjudiquen a un tercero, est\u00e1n s\u00f3lo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados. Ning\u00fan habitante de la Naci\u00f3n ser\u00e1 obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no proh\u00edbe.<\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

5. \u00a0Fusero, M. \u201cDeterminantes policiales de la pol\u00edtica represiva contra las personas que usan drogas\u201d. 2022.\u00a0<\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

6. \u00a0Fallo \u201cArriola\u201d Considerando 17) voto Lorenzetti.<\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

7. \u00a0Zaffaroni, Ra\u00fal Eugenio, Senado de la Naci\u00f3n Argentina, \u201cA 10 a\u00f1os de Arriola\u201d,\u00a0 20 de Agosto de 2019\u00a0<\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

8. \u00a0Considerando 20 Arriola: 20) Que la jurisprudencia internacional tambi\u00e9n se ha manifestado en contra del ejercicio del poder punitivo del Estado en base a la consideraci\u00f3n de la mera peligrosidad de las personas. Al respecto se ha se\u00f1alado que “La valoraci\u00f3n de\u00a0 la\u00a0 peligrosidad\u00a0 del\u00a0 agente\u00a0 implica\u00a0 la\u00a0 apreciaci\u00f3n\u00a0 del juzgador acerca de las probabilidades de que el imputado cometa hechos delictuosos en el futuro, es decir, agrega a la imputaci\u00f3n por los hechos realizados, la previsi\u00f3n de hechos futuros que probablemente\u00a0 ocurrir\u00e1n…Sobra\u00a0 ponderar\u00a0 las\u00a0 implicaciones, que son evidentes, de este retorno al pasado, absolutamente inaceptable \u00a0 desde \u00a0 la \u00a0 perspectiva \u00a0 de \u00a0 los \u00a0 derechos humanos…”(CIDH,\u00a0 Serie\u00a0 C\u00a0 N\u00ba\u00a0 126,\u00a0 caso\u00a0 Ferm\u00edn\u00a0 Ram\u00edrez\u00a0 vs. Guatemala, sentencia del 20 de junio de 2005). Este principio tambi\u00e9n ha sido receptado por esta Corte en el precedente in re “Gramajo” (Fallos: 329:3680) qui\u00e9n adem\u00e1s agreg\u00f3 que “…En un Estado, que se proclama de derecho y tiene como premisa el principio republicano de gobierno, la Constituci\u00f3n no puede admitir que el propio estado se arrogue la potestad \u2014sobrehumana\u2014 de juzgar la existencia misma de la persona, su proyecto de vida y la realizaci\u00f3n del mismo, sin que importe a trav\u00e9s de qu\u00e9 mecanismo pretenda hacerlo, sea por la v\u00eda del reproche de la culpabilidad o de la neutralizaci\u00f3n de la peligrosidad, o si se prefiere mediante la pena o a trav\u00e9s de\u00a0 una\u00a0 medida de seguridad…” (ver en sentido coincidente “Maldonado” Fallos: 328:4343). As\u00ed \u00a0 aquellas \u00a0 consideraciones \u00a0 que \u00a0 fundan \u00a0 la criminalizaci\u00f3n del consumidor en base a la posibilidad de que estos\u00a0 se\u00a0 transformen\u00a0 en\u00a0 autores\u00a0 o\u00a0 part\u00edcipes\u00a0 de\u00a0 una\u00a0 gama innominada\u00a0 de\u00a0 delitos,\u00a0 parecen\u00a0 contradecir\u00a0 el\u00a0 est\u00e1ndar internacional que impide justificar el poder punitivo del Estado s\u00f3lo en base a la peligrosidad.<\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

9. \u00a0Cfr. Zaffaroni, E. Ra\u00fal; Alagia, Alejandro; Slokar, Alejandro, Derecho Penal, Parte General, Ediar, Bs. As., 2005, p. 11.<\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

10. \u00a0Zaffaroni, E. Ra\u00fal, ob. cit., pp. 369-370<\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

11. \u00a0Tr\u00e1fico de estupefacientes y Derecho Penal Editorial Ad-Hoc Ed. 2002. pag 29<\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

12. \u00a0Procunar, Informe estad\u00edstico sobre Narcocriminalidad 2016. Una aproximaci\u00f3n a la persecuci\u00f3n penal a trav\u00e9s de las causas iniciadas por estupefacientes en el MPF en 2015. Publicado en \u201chttps:\/\/www.mpf.gob.ar\/procunar\/files\/2016\/10\/Informe-estad%C3%ADstico-sobre-Narcocriminalidad-2016.pdf<\/a>\u201d<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/p>\n

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Olfato Policial vs Arriola<\/a><\/span><\/p>\n

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