{"id":1764,"date":"2021-04-12T16:08:24","date_gmt":"2021-04-12T19:08:24","guid":{"rendered":"http:\/\/resetdrogas.com.ar\/?p=1764"},"modified":"2021-04-22T13:03:26","modified_gmt":"2021-04-22T16:03:26","slug":"la-regulacion-del-cannabis-en-mexico-y-la-ruptura-con-prohibicionismo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/resetdrogas.com.ar\/index.php\/2021\/04\/12\/la-regulacion-del-cannabis-en-mexico-y-la-ruptura-con-prohibicionismo\/","title":{"rendered":"La regulaci\u00f3n del cannabis en M\u00e9xico y la ruptura con prohibicionismo"},"content":{"rendered":"\t\t
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Con la media sanci\u00f3n de la Ley General para la Regulaci\u00f3n del Cannabis, M\u00e9xico dio un paso m\u00e1s en la desconstrucci\u00f3n del paradigma prohibicionista<\/strong>. La aprobaci\u00f3n de la C\u00e1mara de Diputados del uso recreativo de la marihuana el 10 de marzo, denominado de \u201cconsumo adulto\u201d, el pa\u00eds mesoamericano busca convertirse en el tercer caso en el continente (junto con Canad\u00e1 y Uruguay) en regular el mercado, en todo el territorio, de una droga hasta entonces vetada por las convenciones internacionales para fines no medicinales. Al mismo tiempo, la nueva normativa se inserta en la b\u00fasqueda de apartarse de la l\u00f3gica belicista impuesta por los Estados Unidos e internalizadas por los gobiernos anteriores<\/strong>. Luego de varios a\u00f1os de fracasos en materia de seguridad contra el narcotr\u00e1fico, el presidente Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador busca llevar adelante una pol\u00edtica aut\u00f3noma de drogas, modificando medidas frente a la demanda y focalizando la coerci\u00f3n f\u00edsica frente al crimen organizado. <\/span><\/span><\/p>\n

Hasta el momento, M\u00e9xico se alineaba en gran parte de lo que se conoce como paradigma prohibicionista. Como aseguran varios autores (Gonz\u00e1lez, 2015; D\u00edaz Cuervo, 2016, Mansilla, 2017; Tokatli\u00e1n, 2017), el prohibicionismo, surgido a partir de acuerdos bilaterales a fines del siglo XIX e instituido como r\u00e9gimen internacional a partir de las convenciones sobre estupefacientes, posee un doble objetivo: por un lado, restringir ciertas sustancias para usos medicinales; y, por otro lado, prohibir su uso \u2013y de otras drogas\u2013 para otros fines (D\u00edaz Cuervo, 2016, p. 102). Mientras que el primero est\u00e1 regulado a trav\u00e9s de las instituciones internacionales (como la Junta Internacional de Fiscalizaci\u00f3n de Estupefacientes – JIFE), y las empresas farmac\u00e9uticas que operan a trav\u00e9s de licitaciones, el segundo est\u00e1 regido por la clandestinidad donde el crimen organizado es quien impone las condiciones comerciales (precio, cantidades y calidades). <\/span><\/span><\/p>\n

A su vez, este r\u00e9gimen establece que los Estados deben tomar acciones para garantizar el acervo necesario para la producci\u00f3n de drogas legales e impedir la comercializaci\u00f3n y consumo de las sustancias ilegales<\/strong>. Sin embargo, como asegura D\u00edaz Cuervo<\/span><\/span> (2016, p. 173), las convenciones internacionales est\u00e1n plagados de facultades potestativas, es decir, que depende de la voluntad de las partes. En este amplio margen de acci\u00f3n, algunos Estados han interpretado como v\u00e1lido declarar la guerra a sustancias o mercados ilegales, como lo han hecho los Estados Unidos desde 1969 y China m\u00e1s recientemente en el 2005<\/strong> (Tokatli\u00e1n, 2017, p. 27-28). La respuesta al porqu\u00e9 algunos pa\u00edses toman posiciones belicistas se debe a consideraciones pol\u00edticas o geoestrat\u00e9gicas en las que las potencias tienen un papel global importante, por la \u00e9tica que algunas sociedades asignan al uso de drogas para fines no cient\u00edficos y el r\u00e9dito pol\u00edtico de los gobiernos en inclinarse hacia ese peso moral (D\u00edaz Cuervo, 2016, p. 181). <\/span><\/span><\/p>\n

En la amplia cantidad de pa\u00edses que han internalizado el paradigma prohibicionista, M\u00e9xico se ubica como un caso paradigm\u00e1tico<\/strong>. Por un lado, ha sido uno de los principales pa\u00edses en adaptar pol\u00edticas de securitizaci\u00f3n y militarizaci\u00f3n respecto al problema de las drogas, m\u00e1s all\u00e1 de mantener una diferencia clara entre seguridad p\u00fablica y defensa nacional. Por otro lado, se ubica en el grupo de Estados que, hasta el momento, hab\u00edan suavizado las sanciones penales aplicables al consumo y a la posesi\u00f3n de drogas ilegales, lo que conform\u00f3 una reinterpretaci\u00f3n del prohibicionismo en los \u00faltimos a\u00f1os. Lo complejo es que ambas cuestiones se dieron de forma simult\u00e1nea durante la presidencia de Felipe Calder\u00f3n (2006-2012).<\/span><\/p>\n

Luego de la entrada en vigor de las Convenciones internacionales, desde los 80s, M\u00e9xico fue incorporando medidas tendientes a endurecer las penas, tanto para la oferta como para la demanda, lo que permiti\u00f3 la criminalizaci\u00f3n de individuos. A su vez, el problema de las drogas comenz\u00f3 a ser un problema de seguridad p\u00fablica con t\u00edmidos intentos de militarizaci\u00f3n. Sin embargo, a partir del siglo XXI, con el crecimiento de la actividad criminal de los carteles, parad\u00f3jicamente comenzaron a ensayarse nuevas pol\u00edticas de forma cruzada: mientras que se declar\u00f3 la Guerra contra las Drogas y se incorpor\u00f3 a las fuerzas militares en las pol\u00edticas de seguridad, se buscaron pol\u00edticas hacia la demanda con el objetivo de delimitar el consumo de la venta minorista<\/strong>. <\/span><\/p>\n

El primer intento por reformular las pol\u00edticas de drogas fue el proyecto de ley enviado por Vicente Fox en diciembre de 2003, el cual buscaba precisar cantidades m\u00e1ximas de sustancias prohibidas que un sujeto puede poseer sin ameritar sanci\u00f3n penal. Hasta el momento, el C\u00f3digo Penal Federal no contemplaba distinci\u00f3n alguna e impon\u00eda de cinco a quince a\u00f1os de presi\u00f3n (adem\u00e1s de una multa) a quien posea cualquier sustancia estipulada por la ley. A su vez, mientras que el consumo no estaba prohibido, si lo estaba la posesi\u00f3n, lo que imped\u00eda distinguir al consumo del peque\u00f1o tr\u00e1fico. El proceso legislativo finaliz\u00f3 con la aprobaci\u00f3n de la ley en abril del 2006; sin embargo, por presiones norteamericanas, al mes siguiente Fox decidi\u00f3 vetar la ley<\/strong>. <\/span><\/p>\n

El segundo intento se llev\u00f3 adelante en noviembre del 2007, cuando la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodr\u00edguez del Partido Alternativa Socialdem\u00f3crata (PAN), present\u00f3 su primera iniciativa tendiente a modificar la legislaci\u00f3n sobre drogas (las otras dos fueron incorporadas en abril y septiembre del 2008). Dichos intentos ten\u00edan como objetivo establecer una clara distinci\u00f3n entre consumo y tr\u00e1fico a partir cantidades m\u00e1ximas, la diferenciaci\u00f3n del cannabis de otras drogas il\u00edcitas, sustituir penas privativas de la libertad por educativas para los casos grave de consumo y regular el uso industrial y medicinal de la marihuana<\/strong>. Finalmente, estas iniciativas nunca llegaron a dictaminarse; sin embargo, fue el primer intento documentado en pos de la despenalizaci\u00f3n del uso de cannabis.<\/span><\/p>\n

Reci\u00e9n el tercer proyecto, presentado por Felipe Calder\u00f3n en abril de 2008 (en pleno despliegue de tropas militares para combatir el problema de las drogas) propon\u00eda despenalizar la posesi\u00f3n de drogas ilegales para consumo personal, estableciendo cantidades m\u00e1ximas por cada tipo<\/strong>. En s\u00ed, esta iniciativa retoma la ley vetada por Fox y adiciona modificaciones a la Ley General de Salud respecto a la prevenci\u00f3n y tratamiento de la farmacodependencia. A partir de las reformas, promulgadas en agosto del 2009, la posesi\u00f3n de ciertas drogas ilegales constitu\u00eda un delito sin penalidad, siempre y cuando la cantidad no sobrepasen la tabla contenida en el Art\u00edculo 479 del C\u00f3digo Penal Federal<\/span>1<\/a><\/span><\/sup>. <\/span><\/span><\/p>\n

Varios a\u00f1os despu\u00e9s, comienza a rediscutirse los alcances del prohibicionismo y, tambi\u00e9n, las pol\u00edticas relacionadas a la Guerra contra el Narcotr\u00e1fico. En lo que respecta espec\u00edficamente al consumo (particularmente de marihuana), se comenz\u00f3 a trabajar en un nuevo proyecto de ley, que recuper\u00f3, en gran parte, las iniciativas de Guadalupe Conde. En diciembre del 2020, la C\u00e1mara de Senadores aprob\u00f3 el dictamen y, el pasado 30 de marzo, fue la oportunidad para que la C\u00e1mara de Diputados diera la primera media sensaci\u00f3n con 316 votos a favor, 129 en contra y 23 abstenciones<\/strong>. Sin embargo, al producirse modificaciones en el dictamen, el proyecto de ley deber\u00e1 ser pasado nuevamente al Senado (el cual ser\u00e1 tratado en septiembre de este a\u00f1o). <\/span><\/span><\/p>\n

Este proyecto busca reformar los art\u00edculos del C\u00f3digo Penal Federal y la Ley General de Salud, adem\u00e1s de crear el Instituto Mexicano de Regulaci\u00f3n y Control de Cannabis (IMRCC). Las principales reformas en estos marcos normativos refieren al derecho de las personas mayores de 18 a\u00f1os a consumir cannabis: posesi\u00f3n hasta 28 gramos; cultivo hasta seis u ocho plantas (dependiendo de la cantidad de habitantes en un hogar); venta y derivados, siempre que sea en establecimientos autorizados por el IMRCC; y, producci\u00f3n, exportaci\u00f3n e importaci\u00f3n, siempre que se cuente con las licencias correspondientes. Otra modificaci\u00f3n importante radica en que en caso se superar la tenencia para consumo personal, y no superando los 200 gramos, el individuo incurre en falta administrativa (dejando solamente a quienes superen esta cantidad y no posean autorizaci\u00f3n dentro de la \u00f3rbita del derecho penal). M\u00e1s all\u00e1 del autocultivo, los usuarios podr\u00e1n acceder al cannabis a trav\u00e9s de clubes de consumo, empresas reguladas e instituciones especializadas con fines terap\u00e9uticos<\/strong>. <\/span><\/span><\/p>\n

A su vez, se impone ciertas restricciones como el consumo frente a menores de 18 a\u00f1os, de cualquier persona imposibilitada de manifestar su consentimiento o de adultos que expresamente lo hagan<\/strong>. En este sentido, los menores que accedan al cannabis incurrir\u00e1n en delito, como tambi\u00e9n las personas que les suministren cualquier cantidad o los hagan participar de alguna actividad productiva. Tampoco se podr\u00e1 consumir marihuana en \u00e1reas laborales, establecimientos comerciales con acceso p\u00fablico, instituciones educativas, instalaciones gubernamentales, lugares donde el tabaco est\u00e9 prohibido y sitios de concurrencia masiva donde puedan acceder menores de 18 a\u00f1os<\/strong> (por ejemplo, centros comerciales o parques). Tambi\u00e9n est\u00e1 prohibido conducir veh\u00edculos, operar equipos o manejar maquinaria que pueda causar da\u00f1os debido a los efectos del cannabis.<\/span><\/span><\/p>\n

M\u00e1s all\u00e1 del logro que se adjudica el gobierno en t\u00e9rminos de garantizar derechos individuales, el nuevo marco jur\u00eddico sobre el uso del cannabis no est\u00e1 exento de cr\u00edticas<\/strong>. Por un lado, si bien se han modificado las cantidades, la marihuana a\u00fan permanece dentro de la lista de sustancias prohibidas y la persistencia del delito de simple tenencia. Esto hace pensar que la extorsi\u00f3n policial puede seguir ocurriendo, solo que con cantidades diferentes. Por otro lado, existe una sobrerregulaci\u00f3n para los individuos que quieran consumir, ya que deben realizar modificaciones en sus hogares para evitar las molestias con vecinos, lo cual implica una clara diferencia social seg\u00fan el tipo de vivienda de cada individuo. Respecto al desarrollo de un mercado, quedan dudas respecto a la posici\u00f3n que tendr\u00e1n las empresas nacionales, ya que los tecnicismos del cannabis legal est\u00e1n en manos de compa\u00f1\u00edas extranjeras.<\/span><\/span><\/p>\n

Contrario a esto, se prev\u00e9n varias externalidades positivas. Una de ellas tiene que ver con la recaudaci\u00f3n impositiva por parte del Estado como lo ha demostrado Uruguay. Por otro lado, se estima que como beneficio el cultivo desalentar\u00e1 el consumo en el mercado ilegal y dar\u00e1 la oportunidad a campesinos para llevar adelante producciones registradas de cannabis<\/strong>. Adem\u00e1s, se les permitir\u00e1 a las universidades, instituciones y centros de estudios la posibilidad de realizar estudios sobre los beneficios del cannabis, lo cual podr\u00eda incentivar el desarrollo e investigaci\u00f3n nacional. <\/span><\/span><\/p>\n

M\u00e1s all\u00e1 de los pros y los contras o de las fallas en la aplicabilidad, el nuevo proyecto de regulaci\u00f3n del cannabis es un paso en la deconstrucci\u00f3n del paradigma prohibicionista en M\u00e9xico<\/strong>. A partir de ello, la incorporaci\u00f3n de derechos y las garant\u00edas individuales, marcan un nuevo cap\u00edtulo en los casos de pol\u00edticas alternativas sobre drogas. Por un lado, se atiende la individualidad de las personas que quieran practicar el uso del cannabis para fines recreativos y, por otra parte, se abre la posibilidad para su utilidad medicinal. En l\u00edneas generales, durante el gobierno de L\u00f3pez Obrador, comienza a comprenderse el problema del consumo, particularmente del cannabis desde otro punto de vista, dejando de lado el paradigma prohibicionista enmarcado en el r\u00e9gimen internacional de drogas<\/strong>. <\/span><\/p>\n

Bibliograf\u00eda<\/u><\/span><\/strong><\/span><\/p>\n