{"id":1697,"date":"2021-02-08T16:10:23","date_gmt":"2021-02-08T19:10:23","guid":{"rendered":"http:\/\/resetdrogas.com.ar\/?p=1697"},"modified":"2021-02-08T16:13:56","modified_gmt":"2021-02-08T19:13:56","slug":"jorge-paladines-las-respuestas-que-da-lenin-moreno-a-las-crisis-son-policiales-y-militares","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/resetdrogas.com.ar\/index.php\/2021\/02\/08\/jorge-paladines-las-respuestas-que-da-lenin-moreno-a-las-crisis-son-policiales-y-militares\/","title":{"rendered":"Jorge Paladines: &#8220;Las respuestas que da Lenin Moreno a las crisis son policiales y militares&#8221;"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"1697\" class=\"elementor elementor-1697\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-551e0dae elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"551e0dae\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-69dfe256\" data-id=\"69dfe256\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-6a8326dc elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"6a8326dc\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p><span style=\"color: #000000;\"><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Por <strong>Alejandro Miguez<\/strong><\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">Integrante de Reset \u2013 Pol\u00edtica de Drogas y Derechos Humanos<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Jorge Paladines es Abogado (Universidad de Guayaquil) y Mag\u00edster en Derecho (Universidad Andina Sim\u00f3n Bolivar). Ha publicado art\u00edculos sobre penalidad y sobre las pol\u00edticas de drogas vigentes en Latinoam\u00e9rica desde una perspectiva cr\u00edtica. En di\u00e1logo con Reset, realiz\u00f3 un balance de las medidas aplicadas en las \u00faltimas d\u00e9cadas en Ecuador y de aspectos relacionados al sistema internacional de fiscalizaci\u00f3n. En esta primera parte que publicamos, Paladines analiz\u00f3 los cambios llevados adelante por el gobierno de Rafael Correa y los virajes ocurridos durante la gesti\u00f3n de Lenin Moreno. Estos aspectos \u2013en el contexto electoral particular de Ecuador (que tiene 16 candidatos a la presidencia)\u2013 son claves para entender las relaciones entre pol\u00edtica econ\u00f3mica y pol\u00edtica penal. Los sinuosos caminos de la pol\u00edtica ecuatoriana incluyen medidas contradictorias, que tienen como corolario la ley contra el consumo y microtr\u00e1fico sancionada por el morenismo el a\u00f1o pasado.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><strong>La pol\u00edtica de drogas en la \u00faltima d\u00e9cada en Ecuador tuvo un marco de reformas muy contradictorio. \u00bfC\u00f3mo se puede explicar este recorrido hecho de marchas y contramarchas en la legislaci\u00f3n y en las pol\u00edticas p\u00fablicas?<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">El cuadro es un laboratorio donde se pueden observar las tensiones entre la cooperaci\u00f3n internacional, la influencia y el papel de las agencias internacionales y tambi\u00e9n las contradicciones internas. B\u00e1sicamente, en lo que tiene que ver a la relaci\u00f3n entre pol\u00edtica p\u00fablica, legislaci\u00f3n y tambi\u00e9n jurisprudencia (y haciendo un recorrido de los \u00faltimos catorce a\u00f1os, donde hay dos gobiernos que demuestran diferencias, sobre todo en lo que tiene que ver con el manejo econ\u00f3mico del Estado) uno puede encontrar que, como antecedente, Ecuador tiene la pre-existencia de la ley 108, la ley de sustancias estupefacientes y psicotr\u00f3picas de 1990, una ley que se enmarca dentro de todo ese carnaval de reformas legislativas que en los a\u00f1os ochenta recib\u00eda Am\u00e9rica Latina. Estoy hablando de las reformas y las leyes duras antidrogas en Argentina, en Colombia, en Per\u00fa, en Bolivia; Ecuador, finalmente, se inscribi\u00f3 dentro de ese influjo internacional \u2013donde, evidentemente, tuvo protagonismo Estados Unidos\u2013 con la ley 108. Esa ley tuvo vigencia durante veinticuatro a\u00f1os y fue causante aproximadamente de la detenci\u00f3n de m\u00e1s de 60 mil personas bajo cargos de posesi\u00f3n, empleando el denominado art\u00edculo 62, que llev\u00f3 al Ecuador \u2013y que todav\u00eda recibe consecuencias\u2013 a ser juzgado y condenado ante el Sistema Interarmericano de Derechos Humanos. Las sentencias m\u00e1s importantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene que ver precisamente con el empleo de esta ley: todas estas se\u00f1alan la aplicaci\u00f3n de esta ley que tuvo vigencia durante dos a\u00f1os. Pero la historia contempor\u00e1nea de este recorrido de la pol\u00edtica de drogas en el Ecuador (donde se develan las contradicciones) tiene que ver b\u00e1sicamente con un punto de partida que surge en el a\u00f1o 2008, con el denominado indulto a las mulas del narcotr\u00e1fico, seguido inmediatamente de la Constituci\u00f3n que inscribi\u00f3 por primera vez en un art\u00edculo (el 364) la prohibici\u00f3n de criminalizar a usuarias y usuarios de drogas \u2013algo que en otras latitudes, otros pa\u00edses, est\u00e1 encriptado en rango de jurisprudencia, de decisi\u00f3n de las altas cortes (como la sentencia 221 de 1994, en el caso colombiano)\u2013. Por primera vez, la Constituci\u00f3n ecuatoriana se puso un art\u00edculo a nivel y a rango de principio constitucional para prohibir la persecuci\u00f3n \u2013y, por lo tanto, violar la presunci\u00f3n o el estado jur\u00eddico de inocencia\u2013 de usuarias y usuarios que leg\u00edtimamente poseen drogas para su autoabastecimiento, para su consumo. En ese sentido, se dan estas dos grandes pol\u00edticas p\u00fablicas; estas dos normas llevan a que se produzca la liberaci\u00f3n de m\u00e1s de dos mil personas privadas de la libertad (como consecuencia del indulto).<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><strong>\u00bfQu\u00e9 cambi\u00f3 con la reforma constitucional?<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">La Constituci\u00f3n de 2008 es confirmada con un art\u00edculo interesante \u2013el n\u00famero 5\u2013 que proh\u00edbe el establecimiento de bases militares extranjeras a consecuencia, precisamente, de la suscripci\u00f3n de 1998 de un acuerdo entre Ecuador y Estados Unidos (entre los poderes ejecutivos) para colocar una base en el nombre de la guerra contra las drogas. Estoy hablando de la famosa base en la ciudad de Manta, un puesto de operaciones avanzadas, que fue producto de mucha cr\u00edtica social (por la discusi\u00f3n de nuestra soberan\u00eda, del papel de nuestra soberan\u00eda). En el a\u00f1o 2009, el gobierno de Rafael Correa decidi\u00f3 no renovarlo. Seguidamente, en el 2013 por primera vez en la historia del Ecuador se introdujo una pol\u00edtica de umbrales para proteger ese estatus del art\u00edculo 364 que imped\u00eda la criminalizaci\u00f3n. Un a\u00f1o m\u00e1s tarde Ecuador decidi\u00f3 no renovar los acuerdos arancelarios, las preferencias arancelarias, que recib\u00eda como contraprestaci\u00f3n para que se reduzcan algunos productos que ingresaban al mercado estadounidense en nombre de la guerra contra las drogas. Por los br\u00f3colis que entraban en EE.UU, Ecuador ten\u00eda que poner una cara de mano dura y cubrir los costos del encarcelamiento, persecuci\u00f3n penal y, por supuesto, sueldos y presupuestos para agencias de seguridad y justicia en nombre de la guerra contra las drogas.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">En el 2014, Ecuador crea un nuevo c\u00f3digo penal donde pone fin a la ley de sustancias estupefacientes y psicotr\u00f3picas vigente durante veinticuatro a\u00f1os y lo interesante es que en este nuevo c\u00f3digo, en el art\u00edculo 220, se le da proporcionalidad a las penas; no se discute la acci\u00f3n en s\u00ed, de la posesi\u00f3n y de la discriminalizaci\u00f3n para el uso libre de drogas, pero se crean m\u00e1rgenes que permiten rangos de tolerancia pero, a su vez, le crea al sistema penal un criterio de proporcionalidad \u2013pues si algo caracter\u00edstico ten\u00eda la ley 108 es que las penas eran totalmente desproporcionadas, es decir: las penas por posesi\u00f3n simple de drogas en el art\u00edculo 62 de esa ley llevaba al encarcelamiento hasta por 25 a\u00f1os, a la reclusi\u00f3n mayor especial, penas que eran mayor al homicidio por ejemplo.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Y finalmente, dentro de esa tendencia progresista de poner en cuesti\u00f3n y de discutir la pol\u00edtica internacional, de la guerra contra las drogas, estoy hablando tambi\u00e9n del prohibicionismo, se crea en 2015 una nueva ley para suplantar la parte \u2013digamos\u2013 discursiva de rehabilitaci\u00f3n y de salud social que ten\u00eda la ley 108, que era una parte nada m\u00e1s narrativa, ret\u00f3rica, simb\u00f3lica, porque en el fondo \u2013como tambi\u00e9n ocurri\u00f3 en Argentina y en otros pa\u00edses\u2013 las leyes de drogas son profundamente penales por fuera de los c\u00f3digos penales; usan discursos de salud p\u00fablica, de rehabilitaci\u00f3n, usan discursos de prevenci\u00f3n pero en el fondo son mandatos de optimizaci\u00f3n para las polic\u00edas y los sistemas penales. En este recorrido tambi\u00e9n se producen contradicciones. En el 2015, como consecuencia del impacto que recibe el gobierno de las noticias de los medios de comunicaci\u00f3n y del consumo de hero\u00edna que se empieza a desarrollar sobre todo en poblaciones altamente vulnerables \u2013segmentos socioec\u00f3micos que pertenecen a los quintiles m\u00e1s bajos de la pobreza\u2013 y que se da en un mercado que empieza a atrapar y a generar problemas de salud social en poblaciones de ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes; como consecuencia de esta impresi\u00f3n que recibe el gobierno (tambi\u00e9n de los medios de comunicaci\u00f3n), decide reducir los m\u00e1rgenes de posesi\u00f3n l\u00edcita de drogas en los umbrales creados en 2013 y, a su vez, en las escalas del castigo que deb\u00edan ser confirmadas con nuevos umbrales para los criterios de proporcionalidad de la pena.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Ecuador tiene umbrales para la posesi\u00f3n l\u00edcita de drogas pero, a su vez, tiene escalas de castigo que son operativizados por otros umbrales que muchas veces los jueces confunden los primeros con los segundos y que nada tienen que ver, porque los segundos de lo que hablan nada m\u00e1s es de los criterios de proporcionalidad para la aplicaci\u00f3n de la pena. Esos segundos umbrales fueron reducidos al punto que no hay una frontera cierta entre la posesi\u00f3n l\u00edcita y el tr\u00e1fico a m\u00ednima escala (o microtr\u00e1fico, como lo dicen las narrativas period\u00edsticas y policiales). Se aument\u00f3 tambi\u00e9n la pena en las escalas de m\u00ednima y mediana cantidad para el tr\u00e1fico de drogas considerado como reproche penal. Y, a su vez, act\u00faa aqu\u00ed el poder judicial para crear una controvertida jurisprudencia que en 2015 llev\u00f3 a un aumento de las penas y a la acumulaci\u00f3n de las penas, indistintamente si la persona que era atrapada en posesi\u00f3n ten\u00eda coca\u00edna, marihuana u otra sustancia sujeta a fiscalizaci\u00f3n. Sin embargo, ya en el gobierno de Lenin Moreno se radicaliza una contradicci\u00f3n que se ve\u00eda venir desde el gobierno pasado.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><strong>\u00bfC\u00f3mo se produce la radicalizaci\u00f3n?<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Esa radicalizaci\u00f3n responde tambi\u00e9n al compromiso que adquiere el nuevo gobierno con los EE.UU; estoy hablando de la disoluci\u00f3n de la \u00fanica secretar\u00eda, el \u00fanico \u00f3rgano, el \u00fanico ente encargado de la pol\u00edtica de prevenci\u00f3n de drogas, que finalmente Lenin Moreno decide abolir como instituci\u00f3n. Y abolir tambi\u00e9n al Ministerio de Justicia, que fue creado durante el gobierno de Rafael Correa, una entidad cuyo \u00f3ptimo o mensaje central era administrar la pol\u00edtica penitenciaria. Ecuador no cuenta m\u00e1s con Ministerio de Justicia; entre 2017 y 2018 se aboli\u00f3 tambi\u00e9n la Secretar\u00eda t\u00e9cnica de drogas; en el 2020 se crea la ley contra el consumo y microtr\u00e1fico de drogas (que de microtr\u00e1fico no tiene nada). En el fondo es una ley para perseguir a usuarios y usuarias en el espacio p\u00fablico, porque se echa mano de esta pr\u00e1ctica que algunos pa\u00edses empiezan a reproducir en nombre de la territorializaci\u00f3n de la pol\u00edtica de drogas que, insisto, reproduce el mensaje que los alcaldes y los gobiernos aut\u00f3nomos descentralizados o las federaciones comiencen a administrar el espacio p\u00fablico. Pero, claro, administrarlo desde una perspectiva altamente prohibicionista. Es ah\u00ed que Ecuador tiene desde mediados del a\u00f1o pasado esta ley que no hace m\u00e1s que confirmar lo que ya se ven\u00eda haciendo a\u00f1os antes: poner en rango de ley las ordenanzas, las pol\u00edticas territoriales de prohibir la posesi\u00f3n \u2013y por ende tambi\u00e9n el uso\u2013 de drogas de uso il\u00edcito o reprochadas a nivel del prohibicionismo en el espacio p\u00fablico.\u00a0 Dando a entender que el espacio p\u00fablico es competencia exclusiva de la autoridad municipal y que los habitantes, la vida y las decisiones tambi\u00e9n de quienes pululen le compete moralmente a quienes administren las ciudades.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\"> Por ende, aqu\u00ed se viola fundamentalmente \u2013adem\u00e1s de la presunci\u00f3n de inocencia y del art\u00edculo 36 que proh\u00edbe la criminalizaci\u00f3n de usuarios\u2013 el derecho al h\u00e1bitat. Y ese derecho es tambi\u00e9n la decisi\u00f3n que toman las personas en el espacio p\u00fablico sin afectar a terceros. Lo que hace esta ley es propiciar una caza de brujas que, finalmente, tiene mucho que ver con el esp\u00edritu de libre mercado o neoliberal que adquiere el gobierno de Lenin Moreno, que se confirma con el reglamento para la producci\u00f3n e industrializaci\u00f3n del cannabis creado por el Ministerio de Agricultura y que tiene que ver con el aparecimiento de los intereses de las corporaciones internacionales en territorio ecuatoriano. Es un pa\u00eds que goza de una posic\u00f3n geogr\u00e1fica privilegiada, porque no tiene el fr\u00edo \u00e1rtico ni tampoco la amenaza de las cuatro estaciones que sin dudas afectan tambi\u00e9n en los costos de producci\u00f3n de cannabis con menos de un 1% de THC. Por lo tanto, lo que hace es nuevamente reproducir la l\u00f3gica neoliberal, donde en nombre de cierta flexibilizaci\u00f3n de la pol\u00edtica de drogas \u2013que en el fondo lo que hace es interesarle m\u00e1s a las corporaciones neoliberales, a las corporaciones transnacionales\u2013 produce en este caso un papel bastante poco soberano del Estado. <\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Este reglamento no subraya en la econom\u00eda popular y solidaria, no crea competencias ni toma las habilidades de los peque\u00f1os productores, de los usuarios, de las personas que en territorio ecuatoriano han producido cannabis para su propia econom\u00eda. En ese sentido, esta contradicci\u00f3n refleja las tensiones de la pol\u00edtica p\u00fablica, las tensiones de la legislaci\u00f3n, de la jurisprudencia en un escenario donde el Ecuador se vuelve un laboratorio importante de an\u00e1lisis porque devela y refleja \u2013no s\u00f3lo el nivel profundo de contradicciones\u2013 los intereses corporativos que dentro y fuera de las fronteras de nuestro pa\u00eds tambi\u00e9n terminan siendo visibles o pat\u00e9ticos en otros pa\u00edses o en otras latitudes.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><strong>Usted es muy cr\u00edtico de las derivas punitivistas de la Revoluci\u00f3n Ciudadana de Correa, \u00bfqu\u00e9 ocurri\u00f3 en los \u00faltimos a\u00f1os, con Lenin Moreno en el poder?<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Hay un trabajo que hicimos con M\u00e1ximo Sozzo, con investigadores y crimin\u00f3logos de Am\u00e9rica Latina que fue publicado por CLACSO en Argentina en 2015 que tiene que ver con las contradicciones que se dan a nivel penalidad y de punitividad en los Estados latinoamericanos. En ese nivel donde muchos de ellos adoptaron una pol\u00edtica si bien no profundamente de izquierda, al menos socialdem\u00f3crata. De ah\u00ed las caracter\u00edsticas de Venezuela, de Argentina y las de Ecuador. Pero en Ecuador hay un detonante importante que se d\u00e1 en la relaci\u00f3n entre pol\u00edtica de drogas y politicas de seguridad: estoy hablando del papel de las polic\u00edas. Algo que ocurri\u00f3 y que marc\u00f3 un clivaje, un punto quiz\u00e1s sin retorno dentro de la pol\u00edtica criminal ecuatoriana (si se le puede llamar as\u00ed) fue el intento de golpe de Estado por parte de la Polic\u00eda Nacional en 2011. El 30 de septiembre. <\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Ese intento \u2013que m\u00e1s adelante llev\u00f3 a investigaciones judiciales que poco \u00e9xito tuvieron (y donde probablemente tambi\u00e9n hubo desbordes)\u2013 marc\u00f3 un antes y despu\u00e9s de la pol\u00edtica, porque cualquiera hubiese cre\u00eddo que a partir de semejante suceso (en el caso ecuatoriano) se hubiera emprendido una profunda reforma de las agencias de seguridad y no ocurri\u00f3 precisamente eso. Por el contrario: las agencias de seguridad terminaron con un poder mucho m\u00e1s radical. La caracter\u00edstica en ese trabajo que hicimos con CLACSO fue la de remarcar que si bien la revoluci\u00f3n ciudadana se caracteriza (estoy hablando del gobierno de Rafael Correa) por una cr\u00edtica al neoliberalismo, esa cr\u00edtica no se traslad\u00f3 al nivel de la pol\u00edtica criminal. Por lo tanto, el mismo esquema prohibicionista, el mismo esquema corporativo, no s\u00f3lo termin\u00f3 continuando, sino radicaliz\u00e1ndose. Estoy hablando ah\u00ed del papel del entonces Ministro del Interior (que incluso termin\u00f3 condecorado por la DEA); mientras en Bolivia Evo Morales pon\u00eda en cr\u00edtica el papel de esta agencia de los EE.UU, en Ecuador condecoraba contradictoriamente a un ministro dentro un gobierno que pon\u00eda en cuesti\u00f3n al neoliberalismo y al papel de EE.UU a nivel internacional en lo que significa su hegemon\u00eda, la cooperaci\u00f3n internacional. Digamos que estas contradicciones mostraron que algo no estaba funcionando bien en lo fundamental, que era \u2013dentro de la pol\u00edtica de drogas\u2013 que Ecuador pueda aplicar el estatuto de su propia y soberana Constituci\u00f3n a un hecho real. <\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Por eso el art\u00edculo 364 se queda en un nivel <em>de jure<\/em>, hu\u00e9rfano; porque en la pr\u00e1ctica, de facto, el corporativismo de las agencias de seguridad, el nivel de las pol\u00edticas p\u00fablicas (no solo a nivel nacional sino territorial, municipal), el papel de las agencias y corporaciones judiciales y la jurisprudencia se desentiende de ese mandato constitucional. Al final, pr\u00e1cticamente queda a un nivel de art\u00edculo, de promesa y no de contrato. Esos elementos son nuevamente llevados al gobierno de Lenin Moreno, quien \u2013a diferencia del gobierno de Correa\u2013 asume una pol\u00edtica de libre mercado, de reducci\u00f3n del tama\u00f1o del Estado y esa relaci\u00f3n entre neoliberalismo y el corporativismo policial da la impresi\u00f3n que deja al Estado m\u00e1s d\u00e9bil, que solo se sostiene por el poder de las armas, de las agencias de seguridad. Las respuestas que da Lenin Moreno a las crisis, a los conflictos sociales es, b\u00e1sicamente, respuestas policiales y militares; frente a las manifestaciones de 2009, la respuesta de Moreno fue policializaci\u00f3n y militarizaci\u00f3n, estados de excepci\u00f3n total; frente a la cat\u00e1strofe del coronavirus, la primera respuesta que da (y casi la \u00fanica) es la misma. Miles de personas han muerto, cientos de ellas en las calles (sobre todo de Guayaquil); no hay un hospital construido durante su gobierno que pueda cubrir las magnitudes, dimensiones y demandas que pacientes contagiados por coronavirus; los hospitales no dan abasto, tienen capacidad para cubrir esa demanda, los m\u00e9dicos son despedidos, los m\u00e9dicos tambi\u00e9n fallecen; los maestros no reciben su sueldo a tiempo, y no solamente eso, sino tambi\u00e9n reciben un sueldo recortado, como dando a entender que los maestros son culpables de la pandemia. <\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Es decir, la creaci\u00f3n de un Estado social del derecho \u2013que se construye con un Estado que interviene en la pol\u00edtica p\u00fablica, en lo social, que crea escuelas, carreteras, hospitales\u2013 no es caracter\u00edstica del gobierno de Lenin Moreno; si lo fue durante el gobierno de Correa.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><strong>\u00bfQu\u00e9 trae el proyecto de ley \u201ccontra el consumo y microtr\u00e1fico de drogas\u201d del gobierno de Moreno?<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Y es ah\u00ed donde se crea finalmente la ley contra el consumo y microtr\u00e1fico de drogas de 2020, que empodera supuestamente a los municipios, a los gobiernos aut\u00f3nomos descentralizados, para el control del espacio p\u00fablico. Pero en el fondo lo que esta ley hace es policializar a los municipios. Es decir, le da a los alcaldes la tarea de convertirse en entes colaboradores de la polic\u00eda para la persecuci\u00f3n de poseedoras y poseedores de sustancias sujetas a fiscalizaci\u00f3n en el espacio p\u00fablico. Con un margen de cero tolerancia. Lo que se les est\u00e1 diciendo en otras palabras es: \u201csi bien no queremos violar (entre comillas) la Constituci\u00f3n de la Rep\u00fablica, tampoco queremos tener usuarias y usuarios en las calles\u201d. <\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">El uso y consumo de droga solo est\u00e1 tolerado dentro del espacio domiciliario, dentro de las casas. Quedan ah\u00ed grandes preguntas, como saber d\u00f3nde un usuario o usuaria puede abastecerse de sus sustancias para su propio consumo; si para ello tendr\u00eda que hacerlo v\u00eda Amazon o comprarlo de forma telem\u00e1tica; preguntas que rayan el absurdo. Esta ley lo que hace es perfeccionar el prohibicionismo en el Ecuador. Ecuador no fue en la l\u00ednea de la liberalizaci\u00f3n o la cr\u00edtica. Se radicaliza a partir de esta ley que, peligrosamente, viola el principio del estado jur\u00eddico de inocencia de las personas y que \u2013como dije hace un momento\u2013 tambi\u00e9n viola el derecho al h\u00e1bitat (que muchas veces se confunde con el derecho a la vivienda). \u00c9ste tiene que ver con las libres decisiones, a creer tambi\u00e9n que la ciudad le pertenece a los habitantes, que no le pertenece solo a una autoridad estatal. Le pertenece a las decisiones libres que las personas puedan tomar en las ciudades: a andar en pantaloneta, en patineta, a hacer ejercicio al aire libre. Todo en el marco de todas las restricciones que se dan como consecuencia de la pandemia.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Pero al margen de esto, lo que se est\u00e1 diciendo es que ese derecho sustancial de los habitantes est\u00e1 en entredicho, que le corresponde fundamentalmente a la autoridad municipal\/policial decidirlo. Finalmente, esta ley lo que hace es involucrar los presupuestos municipales para la persecuci\u00f3n policial de la guerra contra las drogas. Se exige a trav\u00e9s de esta ley que las polic\u00edas municipales \u2013que generalmente est\u00e1n dedicadas a velar que el comercio no se ejerza en condiciones informales\u2013 deben prestar sus recursos, lo cual implica sus recursos presupuestarios, log\u00edsticos, para la persecuci\u00f3n. Es una ley abiertamente inconstitucional, a\u00fan no hay una demanda de inconstitucionalidad en el Ecuador. Estamos a meses del cierre del gobierno de Lenin Moreno, y en esto la Corte Constitucional ha sido complaciente con las pol\u00edticas neoliberales. Estoy hablando de las primeras manifestaciones que se desarrollaron en octubre de 2019, donde muchas personas perdieron sus ojos, perdieron su vida, como consecuencia de la brutal represi\u00f3n estatal del gobierno de Moreno; el papel de la Corte fue muy complaciente con esos estados de excepci\u00f3n. No puso en cuesti\u00f3n la pol\u00edtica neoliberal (fundamentalmente el papel del Fondo Monetario Internacional) ni las decisiones \u2013que incluso est\u00e1n recetadas en ingl\u00e9s (ni siquiera en espa\u00f1ol)\u2013 para reducir el tama\u00f1o del Estado; para esta visi\u00f3n, la inversi\u00f3n es gasto y, por lo tanto, el gobierno debe reducir lo que significa presupuestos para la salud, educaci\u00f3n. Ah\u00ed, por ejemplo, la gran ola de despidos que se est\u00e1n dando en este gobierno. Lo que determin\u00f3 la Corte Constitucional es no dar v\u00eda libre al derecho a la protesta (por supuesto en el marco de respetar la propiedad privada, de respetar en este caso la prestaci\u00f3n de servicios p\u00fablicos). Lo que hizo fue proscribirlo, prohibirlo, para darle v\u00eda libre al estado de excepci\u00f3n. Por lo tanto, a ejercer la pol\u00edtica neoliberal.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">En este sentido, la Corte hizo una interpretaci\u00f3n en febrero de 2019 de una consulta que ten\u00eda que ver con los umbrales, sobre la constitucionalidad. Es una interpretaci\u00f3n de dos p\u00e1ginas. Lo que hace es confirmar que la pol\u00edtica de umbrales es leg\u00edtima, es constitucional. No se hubiese necesitado de una consulta constitucional para confirmarlo, bastaba revisar el art\u00edculo 364 de la Constituci\u00f3n. Lo que hace esta consulta es, nuevamente, hacer eco en un lenguaje muy pobre en t\u00e9rminos constitucionales a lo que dice el art\u00edculo 364, pero no toca el n\u00facleo central que es el desarrollo en s\u00ed de la posesi\u00f3n. Habla de lo que dice la convenci\u00f3n de 1988 sobre la exigibilidad de probar o demostrar el tr\u00e1fico, pero hay elementos jur\u00eddicos\/dogm\u00e1ticos, jur\u00eddicos\/penales mucho m\u00e1s profundos que la simple menci\u00f3n de la obligaci\u00f3n de demostrar el tr\u00e1fico. Esta ley vuelve a amenazar la presunci\u00f3n de inocencia y vuelve a colocar el esp\u00edritu de la vieja ley 108, de la nefasta ley de sustancias estupefacientes y psicotr\u00f3picas en pleno siglo veintiuno. Veinticuatro a\u00f1os despu\u00e9s de la vigencia de esta ley que termin\u00f3 en 2014, vuelve a aparecer en 2020 el esp\u00edritu prohibicionista con efectos totalmente inconstitucionales. No s\u00f3lo en t\u00e9rminos del libre desarrollo de la personalidad, sino tambi\u00e9n sobre la presunci\u00f3n de inocencia de personas que no pueden ser consideradas como criminales \u2013o que su acci\u00f3n deba ser reprochada por el solo hecho de tener sustancias en el espacio p\u00fablico.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Jorge Paladines es Abogado (Universidad de Guayaquil) y Mag\u00edster en Derecho (Universidad Andina Sim\u00f3n Bolivar). Ha publicado art\u00edculos sobre penalidad y sobre las pol\u00edticas de drogas vigentes en Latinoam\u00e9rica desde una perspectiva cr\u00edtica. 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