{"id":1375,"date":"2020-05-27T16:37:39","date_gmt":"2020-05-27T19:37:39","guid":{"rendered":"http:\/\/resetdrogas.com.ar\/?p=1375"},"modified":"2020-05-28T11:27:00","modified_gmt":"2020-05-28T14:27:00","slug":"responsabilidad-parental-el-interes-superior-del-nino-y-cannabis-medicinal-hacia-una-interpretacion-armonica-de-los-ddhh","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/resetdrogas.com.ar\/index.php\/2020\/05\/27\/responsabilidad-parental-el-interes-superior-del-nino-y-cannabis-medicinal-hacia-una-interpretacion-armonica-de-los-ddhh\/","title":{"rendered":"Responsabilidad Parental, el Inter\u00e9s Superior del Ni\u00f1o y Cannabis para uso Medicinal. Hacia una interpretaci\u00f3n arm\u00f3nica de los DDHH."},"content":{"rendered":"\t\t
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Nora Maciel.<\/strong><\/span>
Integrante de RESET- Pol\u00edtica de Drogas y Derechos Humanos.<\/span><\/p>\n

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1.-Introducci\u00f3n:
<\/u><\/strong>Este art\u00edculo presenta una reflexi\u00f3n acerca de la relaci\u00f3n entre el derecho de familia y la provisi\u00f3n de cannabis medicinal domiciliario a los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes con determinadas enfermedades o dolencias. Pretendo demostrar c\u00f3mo la transversalidad de los derechos humanos une en forma coherente la responsabilidad parental, la protecci\u00f3n integral de ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes y las pol\u00edticas de drogas en lo que se refiere al cannabis medicinal mediante el autocultivo.<\/span>
Aunque resulte dislocado pensar la tem\u00e1tica de pol\u00edticas de drogas desde el derecho de familia, lo cierto es que la incorporaci\u00f3n de los Tratados de Derechos Humanos a la Constituci\u00f3n Nacional, especialmente la Convenci\u00f3n de los Derechos del Ni\u00f1o y con ellos las opiniones del Comit\u00e9 de Seguimiento, as\u00ed como los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, determinan que cuando se afirma que los derechos humanos est\u00e1n interrelacionados, interdependientes y son transversales, no es posible pensar un derecho jer\u00e1rquicamente superior a otro, aun cuando se trate del inter\u00e9s superior del Ni\u00f1o.<\/span>
A modo de esclarecer desde qu\u00e9 posici\u00f3n adopto esta comprensi\u00f3n, destaco que inter\u00e9s superior del ni\u00f1o no implica prioridad de un derecho humano sobre otro, sino de pol\u00edticas p\u00fablicas sobre otras. Los Ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes tienen prioridad en asignaci\u00f3n presupuestaria, prioridad en la atenci\u00f3n y prioridad en la elaboraci\u00f3n de las pol\u00edticas p\u00fablicas.<\/span>
La inquietud de escribir esta tem\u00e1tica surge a partir del Fallo de la C\u00e1mara federal de Rosario Sala A, en la causa Prieto Carina Soledad y otros c\/ Estado Nacional s\/ Amparo Ley 16.986, donde los jueces de alzada, revocaron un fallo de la primera instancia que autorizaba el autocultivo para producci\u00f3n de aceite medicinal para suministro a ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes.<\/span>
La armonizaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico para interpretar normas que presentan vac\u00edos legales como la ley de cannabis medicinal, obliga a realizar un recorrido que permita por v\u00eda de una desagregaci\u00f3n l\u00f3gica cu\u00e1l es la soluci\u00f3n para el caso concreto.<\/span>
La importancia de esto radica en que a veces el \u00e9xito de este ejercicio, permite pensar una reforma legislativa acorde a los paradigmas vigentes en materia de DDHH.<\/span><\/p>\n

2.-Recorrido anal\u00edtico. El Estado del arte respecto a la interpretaci\u00f3n de derechos sobre ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes.
<\/u><\/strong>Para analizar cualquier aspecto jur\u00eddico relacionado con ni\u00f1ez y adolescencia, es imprescindible recurrir al corpus iuris<\/em> del derecho internacional, formado por los tratados interamericanos de derechos humanos y la Convenci\u00f3n de los Derechos del Ni\u00f1o todos ellos tienen rango Constitucional en nuestro pa\u00eds (art.75 inc.22) y por tal raz\u00f3n, es imposible interpretar el derecho interno sin considerar la vigencia de estas normas, que nos brindan adem\u00e1s, el contexto de DDHH imprescindible para abordar las pol\u00edticas de drogas sobre todo cuando se relaciona espec\u00edficamente con el inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, el derecho a la salud, la familia y sus relaciones con el Estado.<\/span>
Comprender cu\u00e1l es la funci\u00f3n del Estado en relaci\u00f3n con los ni\u00f1os que tienen familias que proveen a sus cuidados, cuando se trata de alcanzar el m\u00e1ximo nivel posible de salud, es vital para no caer en miradas restrictivas e intervencionistas que justamente est\u00e1n vedadas por los tratados de DDHH, especialmente la CADH y la CDN.<\/span>
El \u00e1mbito latinoamericano tiene como instrumento b\u00e1sico la CADH que asegura derechos de una manera gen\u00e9rica en el art\u00edculo 19 y la Convenci\u00f3n de los Derechos del Ni\u00f1o de Naciones Unidas, con sus protocolos complementarios, y protocolos facultativos, a lo que debe sumarse la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a trav\u00e9s de sus sentencias y opiniones consultivas. Tambi\u00e9n integra este orden contextual las Observaciones del Comit\u00e9 de los Derechos del Ni\u00f1o.<\/span>
En este marco, el sistema interamericano de protecci\u00f3n de derechos humanos ha desarrollado a trav\u00e9s de la CIDH un conjunto de est\u00e1ndares m\u00ednimos, los cuales los estados partes del sistema deben asumir,<\/strong> al ser la CIDH la interprete aut\u00e9ntica y final de la CADH.<\/span>
La Corte IDH en materia de protecci\u00f3n de menores ha determinado cuatro principios rectores extra\u00eddos de la Convenci\u00f3n de los Derechos del Ni\u00f1o, los cuales deben inspirar en forma transversal e implementarse en todo sistema de protecci\u00f3n integral de Ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes.<\/span>
Esos principios son el principio de no discriminaci\u00f3n, el principio del inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, el respeto al derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo; y el principio de respeto a la opini\u00f3n de la ni\u00f1a o del ni\u00f1o en todo procedimiento que lo afecte, es decir el derecho a ser o\u00eddo.[1]<\/sup><\/a><\/span>
Estos y otros m\u00e1s fueron desarrollados en los Ni\u00f1os de la Calle (Villagran Morales y otros) vs. Guatemala, donde la CIDH abord\u00f3 los derechos a la no discriminaci\u00f3n, a la asistencia especial a los ni\u00f1os privados de su medio familiar, a la garant\u00eda de la supervivencia y el desarrollo del ni\u00f1o, al derecho a un nivel de vida adecuado y a la reinserci\u00f3n social de todo ni\u00f1o v\u00edctima de abandono o explotaci\u00f3n\u201d.[2]<\/sup><\/a><\/span>
La prevalencia del principio del inter\u00e9s superior del ni\u00f1o debe ser entendida como la garant\u00eda de la que irradia la vigencia de todos los dem\u00e1s derechos. Nunca puede ser entendida para limitar o restringir en nombre de este principio, otros derechos previstos en la CDN. La obligaci\u00f3n de adoptar medidas especiales de protecci\u00f3n para los ni\u00f1os, alcanza al Estado, la sociedad y la familia. A la inversa, los primeros obligados son la familia, la sociedad, el Estado. Ello porque se busca siempre la prevalencia del \u00e1mbito de crianza natural, social cercano y luego las instituciones estatales.<\/span>
Como se\u00f1ala la CIDH, \u201cen principio, la familia debe proporcionar la mejor protecci\u00f3n de los ni\u00f1os contra el abuso, el descuido y la explotaci\u00f3n. Y el Estado se halla obligado no solo a disponer y ejecutar directamente medidas de protecci\u00f3n de los ni\u00f1os, sino tambi\u00e9n favorecer, de la manera m\u00e1s amplia, el desarrollo y fortaleza del n\u00facleo familiar. En este sentido, el reconocimiento de la familia como elemento natural y fundamental de la sociedad, con derecho a la protecci\u00f3n de la sociedad y el Estado, constituye un principio fundamental del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, consagrado por los art\u00edculos 16.3 de la Declaraci\u00f3n Universal, VI de la Declaraci\u00f3n Americana, 23.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos y 17.1 de la Convenci\u00f3n Americana, a ser complementarias a las que deben adoptar la sociedad y la familia<\/em>.\u201d[3]<\/sup><\/a><\/span>
Para hacer vigente estas normas, los Estados tienen la obligaci\u00f3n de adecuar la legislaci\u00f3n interna a las disposiciones convencionales. Pero esta obligaci\u00f3n no se limita al texto constitucional o legislativo, sino que alcanza a las pr\u00e1cticas estatales en todas sus \u00e1reas para tornar operativos los est\u00e1ndares de protecci\u00f3n de los derechos humanos.[4]<\/sup><\/a><\/span>
Ense\u00f1a entonces el caso Rochac Hern\u00e1ndez vs. Salvador, que: \u201cel Estado debe abstenerse de interferir indebidamente en las relaciones privadas o familiares de la ni\u00f1a y del ni\u00f1o, sino tambi\u00e9n que, seg\u00fan las circunstancias, debe adoptar providencias positivas para asegurar el ejercicio y disfrute pleno de sus derechos. Esto exige que el Estado, como responsable del bien com\u00fan, resguarde el rol preponderante de la familia en la protecci\u00f3n del ni\u00f1o, y preste asistencia del poder p\u00fablico a la familia, mediante la adopci\u00f3n de medidas que promuevan la unidad familiar<\/em>\u201d.[5]<\/sup><\/a><\/span>
En esa misma l\u00ednea, el caso Furlan y Familiares vs. Argentina, ha establecido que los Estados deben adoptar medidas especiales cuando los ni\u00f1os presentan alg\u00fan tipo de discapacidad. El logro del mejor posible estado de salud, as\u00ed como el acceso y la asequibilidad de la atenci\u00f3n de la salud de calidad es un derecho inherente para todos los ni\u00f1os. \u201cLos ni\u00f1os con discapacidad muchas veces quedan al margen de todo ello debido a m\u00faltiples problemas en particular discriminaci\u00f3n, la falta de acceso y ausencia de informaci\u00f3n, y\/o recursos financieros, el transporte y el acceso f\u00edsico a los servicios de atenci\u00f3n de salud<\/em>\u201d[6]<\/sup><\/a><\/span>
Puntualmente el 23.1 de la CDN establece: 1.-\u201cLos Estados partes reconocen que el ni\u00f1o mental o f\u00edsicamente impedido deber\u00e1 disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad, le permitan llegar a bastarse a s\u00ed mismos y faciliten la participaci\u00f3n activa del ni\u00f1o en la comunidad<\/em>\u201d.<\/span>
Cobra especial relevancia para un ni\u00f1o con discapacidad, la vida familiar, as\u00ed en la opini\u00f3n consultiva OC 17\/02, la CIDH dijo: \u201cEl ni\u00f1o tiene derecho a vivir en familia, llamada a satisfacer sus necesidades materiales, afectivas y psicol\u00f3gicas. El derecho de toda persona a recibir protecci\u00f3n contra injerencias arbitrarias o ilegales en su familia, forma parte, impl\u00edcitamente del derecho a la protecci\u00f3n de la familia y del ni\u00f1o, y adem\u00e1s est\u00e1 expresamente reconocido por los art\u00edculos 12.1 de la Declaraci\u00f3n universal de los Derechos Humanos, V de la Declaraci\u00f3n Americana de Derechos y Deberes del Hombre, 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos, 11.2 de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos y 8 de la Convenci\u00f3n Europea de Derechos Humanos. Estas normas adquieren especial relevancia cuando se analiza interacciones entre los ni\u00f1os y sus familias.\u201d
<\/em>En este sentido, y para efectos de esta opini\u00f3n, los Estados partes en la Convenci\u00f3n Americana tienen el deber, bajo los art\u00edculos 19 (derechos del ni\u00f1o) y 17 (protecci\u00f3n a la familia) en combinaci\u00f3n con el art\u00edculo 1.1 de la misma, de tomar todas las medidas positivas que aseguren protecci\u00f3n a los ni\u00f1os contra los malos tratos, sea en sus relaciones con las autoridades p\u00fablicas, sea en las relaciones interindividuales o con entes no estatales.<\/span><\/p>\n

3.-Breve Rese\u00f1a del marco de interpretaci\u00f3n contextual de los Derechos del Ni\u00f1o con el fallo de la C\u00e1mara caratulado: \u201c<\/u><\/strong>AMPARO \u201cPrieto, Carina Soledad y otros c\/Estado Nacional s\/ Amparo \u2013 Ley 16.986 (2018)\u201d, Juzgado Federal N\u00b0 2 de Rosario\u201d
<\/strong><\/u>El caso:<\/strong> la presentaci\u00f3n reuni\u00f3 a 8 mujeres madres de ni\u00f1os de 5 y 10 a\u00f1os y una mujer de 43 a\u00f1os. En el transcurso del proceso judicial, falleci\u00f3 un ni\u00f1o. La acci\u00f3n tuvo sentencia favorable en primera instancia.<\/span>
El amparo se promovi\u00f3 contra el Estado Nacional a fin de que se \u201cordene el suministro de aceites, cremas y material vaporizable de cepas identificables con balances variados de CBD y THC, en cantidad suficiente de cepas para su rotaci\u00f3n permanente y que resultan ser indispensables para una correcta atenuaci\u00f3n de las patolog\u00edas que sufren cada uno\/a de nuestros\/as ni\u00f1os\/as, por encontrarse en juego los derechos constitucionales<\/em>\u201d a la vida, la salud, la integridad f\u00edsica y ps\u00edquica y la libertad de los\/as mismos\/as.<\/span>
El objeto de la medida cautelar consiste en que se habilite el cultivo de cannabis en sus domicilios, amparadas en su intimidad y al resguardo de terceros, con fines de \u201cconsumo medicinal para hijos\/as menores, con la rotaci\u00f3n de cepas necesaria y que resultan ser indispensables\u201d para una \u201ccorrecta atenuaci\u00f3n de las patolog\u00edas que sufren\u201d.<\/em> Todo esto en coordinaci\u00f3n con un Laboratorio de la Facultad de Ciencias Bioqu\u00edmicas y Farmac\u00e9uticas de la UNR (en adelante, el Laboratorio de la UNR) que realizar\u00e1 las cromatograf\u00edas del aceite (esta t\u00e9cnica es una de las m\u00e1s utilizadas para identificar la intensidad y el contenido de los cannabinoides1, en este caso, es importante para poder analizar los niveles de THC o CBD) y la asistencia profesional m\u00e9dica y psicol\u00f3gica de la Asociaci\u00f3n de Usuarios y Profesionales para el abordaje del Cannabis (en adelante, AUPAC).<\/span>
Adem\u00e1s, exigen la inconstitucionalidad de los arts. 14 y 5 incs. A y E en relaci\u00f3n con los p\u00e1rrafos pen\u00faltimo y \u00faltimo de la Ley 23.737 as\u00ed como de toda otra normativa inferior que obste al ejercicio de sus derechos.<\/span>
SENTENCIA DE 2\u00b0 INSTANCIA<\/span>
La Sala A de la C\u00e1mara Federal de Rosario se pronunci\u00f3 en contra del amparo por voto de su mayor\u00eda de integrantes el 21 de junio de 2019.<\/span>
En el considerando 10\u00b0 (P.30-35), analiza la verosimilitud de derecho de las amparistas y si corresponde \u201cotorgar en forma preventiva la facultad de producir un medicamento para suministrarle a sus hijos\u201d. Desarrolla la idea del ni\u00f1o como sujeto de derechos, pero diferente a la \u201cmadre\u201d y, en este sentido, cree que es necesario \u201ccentrarnos en sus necesidades y velar por sus intereses\u201d; se extiende sobre el \u201cinter\u00e9s superior del ni\u00f1o\u201d. Para distinguir entre \u201cpadres\u201d e \u201chijos\u201d que no pueden dar su consentimiento \u201cen forma plena\u201d en cuestiones de salud y recupera los precedentes \u201cBahamondez\u201d y \u201cAlbarracini\u201d de la CSJN. Dice que necesario separar conceptualmente \u201cintereses del menor como sujeto de derecho de los intereses de otros sujetos individuales o colectivos, incluso llegado al caso, del de los padres\u201d. Cita un precedente sobre adopci\u00f3n (2005, CSJN) que reafirmar\u00eda esta distinci\u00f3n de intereses.<\/span>
Los jueces del voto mayoritario dicen que hay \u201cuna tercera persona\u201d y esta no tiene el \u201cconsentimiento pleno\u201d. Se\u00f1ala que el art.19 de la CN no se aplica al caso ya que \u201caqu\u00ed se encuentra en juego el inter\u00e9s superior del ni\u00f1o menor de edad y este es una persona distinta a las amparistas<\/em>\u201d. Esta distinci\u00f3n fundamenta la mayor exigencia al analizar \u201cla verosimilitud de que el medicamento casero solicitado v\u00eda cautelar es beneficioso para el ni\u00f1o<\/em>\u201d.<\/span>
Por otro lado, sostiene que \u201cla aplicaci\u00f3n del medicamento casero a un menor de edad trasciende notoriamente la esfera de privacidad de las madres, ya que involucra la salud de los ni\u00f1os y sus consecuencias se proyectan directamente a esas terceras personas\u201d.<\/span>
Al contrastar los fundamentos del fallo con la perspectiva de interpretaci\u00f3n de la Convenci\u00f3n de los Derechos del Ni\u00f1o conforme los precedentes analizados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se advierte que el Fallo de la C\u00e1mara Federal de Rosario Sala A, en torno al rechazo del derecho de las progenitoras, a proveerles medicina casera, ante la ineficacia de los medicamentos convencionales o incluso de aquellos que son de la misma especie que los fabricados en forma dom\u00e9stica?, resulta arbitrario y en clara contradicci\u00f3n con el an\u00e1lisis antes desarrollado.<\/span>
La metodolog\u00eda de interpretaci\u00f3n del derecho apelando a la confrontaci\u00f3n de los mismos, conlleva al error de sostener que los ni\u00f1os de autos est\u00e1n en riesgo y los jueces deben ampararlos en contra de los progenitores.<\/span>
Considerar al ni\u00f1o un sujeto de derecho y por ello un tercero en la relaci\u00f3n madre e hijo, desde la confrontaci\u00f3n de derechos entre ambos, cuando no hay ninguna causal de riesgo para la vida del ni\u00f1o, es contrariar los principios del derecho de familia y el rol de esta en el cuidado y protecci\u00f3n de los ni\u00f1os, especialmente aquellos que presentan alg\u00fan grado de discapacidad o se encuentran aquejados por una enfermedad cr\u00f3nica.<\/span>
Dice el considerando 10) \u201cComo primera cuesti\u00f3n hay que valorar que el ni\u00f1o menor de edad es un sujeto de derecho, es decir que es una persona distinta de la madre por lo que debemos centrarnos en sus necesidades y velar por sus intereses\u201d. Agrega \u201ccon lo cual la presencia del Estado debe acentuarse a fin de que no sean vulnerados sus derechos personal\u00edsimos y fundamentales como el derecho a la vida y a gozar de la mejor calidad de vida posible, entre otros\u201d.<\/span>
La familia es el primer eslab\u00f3n en la cadena de corresponsabilidades en la crianza del ni\u00f1o, luego la sociedad en general y por \u00faltimo el Estado como garante de la vigencia de los derechos a trav\u00e9s de las pol\u00edticas p\u00fablicas de protecci\u00f3n integral.<\/span>
Los ni\u00f1os son sujetos de derecho y son por ello mismo una persona distinta de los adultos, pero este car\u00e1cter no los a\u00edsla del contexto familiar y social. Por el contrario, las familias gozan de una protecci\u00f3n como tal y los ni\u00f1os dentro de ella gozan del derecho a criarse en un ambiente familiar, con afecto, con cuidados especiales y con respeto a su integridad y dignidad.[7]<\/sup><\/a><\/span>
Los padres y madres que proveen al cuidado de sus hijos con medicina casera, concretamente cannabis proveniente del autocultivo, no lo hacen porque quieran estar fuera de los est\u00e1ndares de la medicina convencional, sino justamente porque aquella no pudo proveerles la soluci\u00f3n o al menos un paliativo a la enfermedad.<\/span>
El inter\u00e9s superior del Ni\u00f1o que es definido en el art\u00edculo 3 de la ley 26.061 y cuya interpretaci\u00f3n a la luz de los DDHH fue expuesta m\u00e1s arriba, debe ser asimilado en nuestro ordenamiento jur\u00eddico para un ni\u00f1o criado y atendido en su faz material y espiritual en el seno de su familia como el mismo inter\u00e9s conforme la mirada del adulto, esta deber\u00e1 necesariamente ser la pauta predominante. Pero si se trata de un adolescente o de un ni\u00f1o con madurez suficiente aquella pauta se ve desplazada por el efectivo derecho a ser o\u00eddo y en especial a sus opiniones sean tenidas en cuenta. (Minyersky N., y Herrera M. 2008:49).<\/span>
Llamativamente en los casos conocidos de solicitud de autocultivo para producci\u00f3n de cannabis medicinal, los juzgados no han empleado t\u00e9cnicas de escucha, por los medios que provee la interdisciplina, a aquellos destinatarios de la medida o amparo judicial.<\/span>
Siguiendo las ense\u00f1anzas de Aida Kemelmajer de Carlucci, Marisa Herrera y Nora Lloveras, la competencia y la autonom\u00eda progresiva son dos conceptos diferenciados, que vienen muy necesarios apuntar en el caso en an\u00e1lisis, pues siendo ambos del \u00e1mbito del ejercicio de los derechos personal\u00edsimos, ha sido muy desarrollada por la bio\u00e9tica, porque se trata del desarrollo evolutivo, que va adquiri\u00e9ndose en funci\u00f3n de la comprensi\u00f3n psicol\u00f3gica y cognitiva. Cuando no es posible por determinadas circunstancias de salud que un sujeto comprenda acabadamente lo que se le dice y sus alcances, puede ocurrir que la decisi\u00f3n no sea \u201caut\u00f3noma\u201d pero si \u201cparticipada\u201d.[8]<\/sup><\/a><\/span>
El fallo cuestiona las decisiones de los padres, sin interiorizarse por un proceso de escucha a los ni\u00f1os, los jueces se asumen en un rol paternalista y as\u00ed objetivizan la vida del ni\u00f1o y su persona, desplazan las decisiones familiares y asumen un intervencionismo prohibicionista contrario a todos los principios antes desarrollados.<\/span>
Es errado el razonamiento de los jueces de invocar el derecho de autodeterminaci\u00f3n del 19 de la CN, para considerarlo como un l\u00edmite a la posibilidad de los padres de decidir respecto de la salud de los hijos, sino se ha valorado ni evaluado por alg\u00fan medio la opini\u00f3n de los ni\u00f1os, o bien el mensaje que surge de evaluar la relaci\u00f3n padres e hijos en el contexto salud\/afectividad\/discapacidad\/tratamientos.<\/span>
El fallo de la C\u00e1mara de Rosario antes individualizado, analiza para los principios establecidos en los casos Bahamondez y Albarracini, y los considera aplicables a situaciones que son f\u00e1cticamente diversas. En esos precedentes la autonom\u00eda de la voluntad prevaleci\u00f3 porque all\u00ed el afectado manifest\u00f3 expresamente o se pudo inferir su voluntad de actos pre existentes a situaciones carentes de voluntad. Por eso la CSJN sostuvo la preeminencia de la decisi\u00f3n de los individuos que en el marco de sus respectivas facultades adoptaron decisiones respecto de su salud, correctamente mantenidas en contra de aquellos que pretend\u00edan modificar las mismas, alterando la esfera de autodeterminaci\u00f3n garantizada por la Constituci\u00f3n Nacional.[9]<\/sup><\/a><\/span>
En la atenci\u00f3n de la salud de NNA es central el rol de los progenitores y otras personas adultas que ejerzan roles de cuidado. Tal como reconoci\u00f3 el Comit\u00e9 de los Derechos del Ni\u00f1o (observaci\u00f3n general 15, 2013): \u201cLos padres son la fuente m\u00e1s importante de diagn\u00f3stico y atenci\u00f3n primaria precoces en el caso de ni\u00f1os de corta edad, y el factor protector m\u00e1s importante\u201d.
<\/em>El paradigma de responsabilidad parental que abandona la patria potestad instala el lugar de acompa\u00f1amiento y contenci\u00f3n, de all\u00ed que desde ese lugar los padres son los m\u00e1s habilitados para detectar las situaciones m\u00e1s convenientes para sus hijos, porque los conocen y vienen asistiendo sus problemas de salud.<\/span>
El art\u00edculo 14 de la ley 26.061 dice que el Estado debe promover, proteger y garantizar la salud de NNA de forma prioritaria e integral. La integralidad se refiere a la atenci\u00f3n de las tres esferas de la salud como entidad biopsicosocial, en su relaci\u00f3n con los otros derechos humanos que aseguren el completo bienestar de las personas.<\/span>
El art\u00edculo 16 de la CDN, concordante con el art\u00edculo 10 de la referida ley a su vez garantiza a NNA el derecho estar libre de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia.<\/span><\/p>\n

Propuesta. A modo de conclusi\u00f3n:
<\/u><\/strong>Una soluci\u00f3n acorde al paradigma de derechos humanos en pol\u00edticas de cannabis medicinal e inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, es recurrir a la teor\u00eda interpretativa de la armonizaci\u00f3n del derecho y no como lo hace el fallo de Rosario antes referido, desde la confrontaci\u00f3n o jerarquizaci\u00f3n de derechos.<\/span>
No todos los casos se resuelven con la teor\u00eda de la confrontaci\u00f3n donde un derecho es superior a otro, sino que en algunos casos implica una armonizaci\u00f3n del sistema jur\u00eddico (especialmente los casos de relaciones familiares y Estado).<\/span>
La petici\u00f3n de las madres de autos, nos interpela desde el derecho de familia y de decisiones en ese marco. No se trata de autonom\u00eda personal y libre elecci\u00f3n de un plan de vida individual, sino de una familia con alguno de sus integrantes con una patolog\u00eda que implica grandes esfuerzos grupales para sortear diariamente la vida hogare\u00f1a y social.<\/span>
En ese contexto debe ser entendido el inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, el derecho a la salud integral, su capacidad progresiva y la posibilidad de ser o\u00eddo, el derecho de los padres a elegir el tratamiento que desde su conocimiento en la lucha diaria por la mejor\u00eda del ni\u00f1o, optan por una pr\u00e1ctica que merece el amparo del Estado.<\/span>
La justicia debe velar por el derecho de todas y cada una de las personas, entendiendo los contextos, aqu\u00ed no est\u00e1 en juego la salud p\u00fablica porque las patolog\u00edas y su tratamiento con el cannabis hogare\u00f1o no se encuentra dentro de las sustancias que pueden provocar afecciones a terceros, tampoco hay colisi\u00f3n entre los derechos de los progenitores y de los ni\u00f1os porque estos buscan mejorar la calidad de vida de sus hijos, justamente recurren a la justicia para visibilizar esta situaci\u00f3n no contemplada en las leyes espec\u00edficas de cannabis medicinal.<\/span>
Por otro lado y para concluir, desde el derecho y desde los tribunales debemos interpelarnos sobre los conceptos de salud, bienestar y enfermedad porque estos no tienen que ver exclusivamente con estructuras que no est\u00e1n a nuestro alcance, sino que responden a una relaci\u00f3n\/interacci\u00f3n de las personas con el medio: f\u00edsico-natural, cultural, social y pol\u00edtico, las decisiones que se adopten debilitan o fortalecen no solo la salud sino tambi\u00e9n las instituciones.<\/span>
Si hoy existieran fallos armonizadores del derecho en materia de cannabis medicinal tendr\u00edamos quiz\u00e1s por estas alturas una adecuada ley de cannabis medicinal y las familias no estar\u00edan sufriendo vulneraci\u00f3n de derechos esenciales.<\/span><\/p>\n

[1]<\/a> Corte Interamericana de Derechos Humanos, OC-21\/14, 19 de agosto de 2014, p\u00e1rrafo 68.<\/span><\/p>\n

[2]<\/a> Corte Interamericana de Derechos Humanos, Ni\u00f1os de la Calle (villagran Morales y otros) vs. Guatemala, de 19 de noviembre de 1999, p\u00e1rrafo 196.<\/span><\/p>\n

[3]<\/a> Corte Interamericana de Derechos Humanos, OC 17\/02, de 28 de agosto de 2002, p\u00e1rrafo 66.<\/span><\/p>\n

[4]<\/a> Corte Interamericana de Derechos Humanos, OC 21\/14 de 19 de agosto de 2014, p\u00e1rrafo 65.<\/span><\/p>\n

[5]<\/a> Corte Interamericana de Derechos Humanos, Rochac Hernandez y otros vs. El Salvador, de 14 de octubre de 2014, p\u00e1rrafo 107.<\/span><\/p>\n

[6]<\/a> Corte interamericana de Derechos Humanos, Furl\u00e1n y Familiares Vs. Argentina, de 31 de Agosto de 2012 parrafo 138.<\/span><\/p>\n

[7]<\/a> \u201cLos Estados partes respetaran las responsabilidades, los derechos y deberes de los padres, o en su caso, la familia ampliada o de la comunidad, seg\u00fan establezca la costumbre local, de los tutores u otras personas encargadas legalmente del ni\u00f1o de impartirle, en consonancia con la evoluci\u00f3n de sus facultades, direcci\u00f3n, orientaci\u00f3n apropiadas para que el ni\u00f1o ejerza los derechos reconocidos en la presente convenci\u00f3n.\u201d (ART.5 CDN).<\/span><\/p>\n

[8]<\/a> Tratado de Derecho de Familia, Seg\u00fan Codigo Civil y Comercial de 2014, Tomo I, arts.401 a 508, pag.14 y sgtes. Aida Kemelmajer de Carlucci, Marisa Herrera, Nora Lloveras, Editorial Rubinzal-Culzoni. Buenos Aires 2014.-<\/span><\/p>\n

[9]<\/a> Con fecha 01\/06\/12 la Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n se expidi\u00f3 en el caso \u201cAlbarracini Nieves, Jorge Washington s\/medidas precautorias.-\u201cPorque cabe recordar que V.E. ha declarado que el derecho a la vida es el primer derecho de la persona humana, que resulta reconocido y garantizado por la Constituci\u00f3n Nacional, por lo que es de la mayor importancia advertir la especial perspectiva de este derecho (Fallos: 310:112), pues el primer deber del juez es preservar la vida (Fallos: 324:51, voto del juez Nazareno)\u201d.<\/span><\/p>\n

Luego, es un aut\u00e9ntico desconcepto pretender que el Estado subrogue a los seres humanos en su libertad de conciencia; se reputa como territorio ajeno a la injerencia estatal: nadie como el propio individuo para ponderar beneficios, riesgos y perjuicios y determinar en las arenas de la soberan\u00eda corporal.<\/span><\/p>\n

En boca de la Corte: \u201cUna conclusi\u00f3n contraria significar\u00eda convertir al art. 19 de la Carta Magna en una mera f\u00f3rmula vac\u00eda, que s\u00f3lo proteger\u00eda el fuero \u00edntimo de la conciencia o aquellas conductas de tan escasa importancia que no tuvieran repercusi\u00f3n alguna en el mundo exterior\u201d.<\/span><\/p>\n

<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Nora Maciel presenta una reflexi\u00f3n acerca de la relaci\u00f3n entre el derecho de familia y la provisi\u00f3n de cannabis con fin medicinal domiciliario a los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes con determinadas enfermedades o dolencias. 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