{"id":1012,"date":"2019-12-11T13:00:37","date_gmt":"2019-12-11T16:00:37","guid":{"rendered":"http:\/\/resetdrogas.com.ar\/?p=1012"},"modified":"2019-12-18T12:09:10","modified_gmt":"2019-12-18T15:09:10","slug":"politica-criminal-vs-politicas-sanitarias-en-materia-de-drogas-contradicciones-entre-la-ley-de-salud-mental-y-la-ley-de-estupefacientes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/resetdrogas.com.ar\/index.php\/2019\/12\/11\/politica-criminal-vs-politicas-sanitarias-en-materia-de-drogas-contradicciones-entre-la-ley-de-salud-mental-y-la-ley-de-estupefacientes\/","title":{"rendered":"Pol\u00edtica criminal vs. pol\u00edticas sanitarias en materia de drogas. Contradicciones entre la Ley de Salud Mental y la Ley de Estupefacientes"},"content":{"rendered":"\t\t
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Pol\u00edtica criminal vs. pol\u00edticas sanitarias en materia de drogas.
Contradicciones entre la Ley de Salud Mental y la Ley de Estupefacientes<\/strong><\/span><\/p>\n

Soledad Jorgelina Artigas.<\/strong>
Licenciada en Psicolog\u00eda, Facultad de Psicolog\u00eda, Universidad de Buenos Aires. Especializaci\u00f3n en Psicolog\u00eda cl\u00ednica, Facultad de psicolog\u00eda, Universidad de Buenos Aires.<\/span><\/p>\n

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El siguiente texto presenta, de forma general, dos perspectivas diferentes sobre pol\u00edticas de drogas e intervenciones con personas que usan drogas.<\/span><\/p>\n

En primer lugar, desarrolla un modelo focalizado en la prohibici\u00f3n de la sustancia y de conductas asociadas al consumo, donde la problem\u00e1tica est\u00e1 centrada en el objeto (estupefaciente) y en la derivaci\u00f3n judicial. Desde dicho modelo, el Estado interviene, ante el consumo de sustancias, con medidas de seguridad (educativas – curativas) que buscan un \u00fanico fin: la abstinencia. Si la persona que consume no puede cumplir con dichas medidas de seguridad, puede ser pasible de sanci\u00f3n penal.<\/span><\/p>\n

En segundo lugar, se expone un modelo orientado por el paradigma de los derechos humanos, donde la problem\u00e1tica est\u00e1 centrada principalmente en el sujeto y el contexto. Este modelo comprende el consumo (problem\u00e1tico o no) dentro de la tem\u00e1tica de la salud p\u00fablica, e interviene desde medidas sanitarias que apuntan al objetivo de la protecci\u00f3n de la salud integral, promoci\u00f3n de h\u00e1bitos saludables, prevenci\u00f3n y asistencia a usuarixs con consumo problem\u00e1tico (o no) de sustancias legales o ilegales.\u00a0\u00a0<\/span><\/p>\n

En la Argentina, las actuales pol\u00edticas de drogas \u2013y las consecuentes intervenciones con personas que usan drogas- est\u00e1 basada, de forma hegem\u00f3nica, en un modelo \u201cprohibicionista-abstencionista\u201d, el cual posee, como fue mencionado previamente un principal objetivo: el abandono del consumo a trav\u00e9s de la amenaza de prisi\u00f3n o de tratamientos compulsivos impuestos por el sistema penal. Ello no comprende el universo real de la problem\u00e1tica e instala la prohibici\u00f3n y la abstinencia como conceptos claves para todos y todas, desde un abordaje represivo y compulsivo. Dicha pol\u00edtica de drogas posee dos fuentes en su l\u00ednea de justificaci\u00f3n: por un lado, la jur\u00eddico-penal, fundada en el supuesto orden p\u00fablico y que se refleja en la Ley N\u00b0 23.737. Por otro lado, la terap\u00e9utica (el sistema de asistencia sanitaria y social), fundada principalmente en su contenido moral y que propone como objetivo el abandono del consumo, la abstinencia.<\/span><\/p>\n

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La Ley N\u00b0 23.737 de estupefacientes, al d\u00eda de la fecha, lleva 30 a\u00f1os de vigencia desde su promulgaci\u00f3n sin modificaciones sustanciales. Dicha ley est\u00e1 influenciada por pol\u00edticas norteamericanas orientadas a la supuesta \u201cguerra contra las drogas\u201d que, en Argentina, ha llevado a instancias judiciales a las personas que consumen estupefacientes, y ha velado los motivos estructurales -sociales, sanitarios y educacionales- que son parte del problema.<\/span><\/p>\n

Adem\u00e1s de los problemas constitucionales que los juristas han advertido desde hace d\u00e9cadas, en varios puntos esta ley presenta contradicciones con el paradigma que ha inspirado la Ley Nacional de Salud Mental N\u00b0 26.657.\u00a0<\/span><\/p>\n

En este sentido, la ley de estupefacientes utiliza representaciones con las cuales se etiqueta con una fuerte connotaci\u00f3n criminalizante, de peligrosidad y de desviaci\u00f3n de la \u201cnormalidad\u201d, a las personas que consumen. Como si el consumo, en algunos casos, no fuese una respuesta que ofrece el propio contexto ante el sufrimiento, el dolor, la inestabilidad y la incertidumbre. La representaci\u00f3n de la persona que consume como un delincuente, la estigmatiza en la sociedad y la absorbe dentro del sistema penal, excluy\u00e9ndola del sistema social y sanitario, sum\u00e1ndole antecedentes penales que obstaculizar\u00e1n posibles salidas laborales y su reinserci\u00f3n a los v\u00ednculos con la realidad de la cual quiz\u00e1 intentaba escapar.\u00a0\u00a0<\/span><\/p>\n

El sistema penal, no solo condena a quienes tienen contacto con las drogas, por el solo hecho de tenerlas para uso personal, sino tambi\u00e9n a aquellxs que padecen ese consumo, oblig\u00e1ndolxs a someterse a medidas de \u201cseguridad curativa\u201d que plantean un aluvi\u00f3n de tratamientos compulsivos donde la persona usuaria accede al \u00e1mbito asistencial desde una escena judicial; dispositivos que terminan empuj\u00e1ndolxs a ingresar en ellos. Dichas intervenciones judiciales expulsan al sujeto en vez de alojarlo, alejan al colectivo de personas usuarias del sistema de asistencia e impone a los profesionales de salud un rol de control social y judicial.<\/span><\/p>\n

Los tratamientos que surgen de la l\u00ednea terap\u00e9utica, que acompa\u00f1an lo expresado en la Ley N\u00b0 23.737, se encuentran sostenidos por un modelo abstencionista. Los dispositivos terap\u00e9uticos m\u00e1s afines fueron, en principio, las comunidades terap\u00e9uticas y\/o granjas comunitarias. Ellas, en parte, continuaron con la justificaci\u00f3n de \u201crehabilitaci\u00f3n de adictos\u201d desde la \u201ctolerancia cero\u201d y con el fin \u00fanico de la abstinencia.\u00a0<\/span><\/p>\n

De este modo, la abstinencia es impuesta sin que realmente se llegue a una pregunta subjetiva o a un tiempo de comprensi\u00f3n de la situaci\u00f3n, lo cual quiz\u00e1s funciona al principio, pero ante alg\u00fan evento que conmueva dicho ideal de abstinencia o su identificaci\u00f3n de \u201cex adicto\u201d, se renueva el consumo, muchas veces desde la misma posici\u00f3n en la que se lo hab\u00eda abandonado. A estos episodios, dentro de este modelo, se los llama \u201creca\u00eddas\u201d justamente porque el eje est\u00e1 localizado en la sustancia y no en el sujeto ni en el contexto, como un todo, que lleva a la situaci\u00f3n de consumo.\u00a0<\/span><\/p>\n

Como fue mencionado al inicio del texto, existe otra l\u00ednea de pensamiento al respecto de pol\u00edtica de drogas y modos de intervenci\u00f3n. Un modelo, de derechos humanos y reducci\u00f3n de riesgos\/da\u00f1os, el cual se sostiene por un lado desde la l\u00ednea de fundamentaci\u00f3n jur\u00eddica, basada en los derechos de toda persona -conforme la Constituci\u00f3n Nacional y la Ley Nacional de Salud Mental-\u00a0 y, por otro lado, en su l\u00ednea terap\u00e9utica, un modelo de intervenci\u00f3n primaria y de asistencia, basado en la alternativa m\u00e1s conveniente para cada persona, que no restrinja sus derechos y libertades y promueva la integraci\u00f3n familiar, laboral, comunitaria y el acceso al sistema de salud.\u00a0<\/span><\/p>\n

La Ley Nacional de Salud Mental tiene por objeto asegurar el derecho a la protecci\u00f3n de la salud mental de todas las personas y el pleno goce de los derechos humanos. Esta ley reconoce que la salud mental es \u201cun proceso determinado por componentes hist\u00f3ricos, socio-econ\u00f3micos, culturales, biol\u00f3gicos y psicol\u00f3gicos\u2026\u201d (Cfr. art. 3\u00ba). En su art\u00edculo 4\u00ba establece que las personas con uso problem\u00e1tico de drogas, legales o ilegales, tienen los mismos derechos y garant\u00edas reconocidos en la ley. Entre ellos, el derecho a no ser identificado ni discriminado por un padecimiento mental actual o pasado; derecho a poder tomar decisiones relacionadas con su atenci\u00f3n y su tratamiento; derecho a recibir un tratamiento personalizado en un ambiente apto con resguardo de su intimidad, siendo reconocido siempre como sujeto de derecho con el pleno respeto de su vida privada y libertad de comunicaci\u00f3n; derecho a que el padecimiento mental no sea considerado un estado inmodificable. Plantea una modalidad de abordaje interdisciplinario e intersectorial, basado en los principios de la atenci\u00f3n primaria de la salud, sistema de atenci\u00f3n de las personas y del conjunto social, que se pueden sintetizar en cuatro principales principios: universalidad, equidad, integralidad y continuidad.<\/span><\/p>\n

Para pensar las contradicciones entre la ley penal de estupefacientes y el modelo de derechos humanos, resaltamos que la Ley de Salud Mental hace \u00e9nfasis en el derecho a no ser discriminado ni identificado bajo un r\u00f3tulo o etiqueta que represente al padecimiento subjetivo actual o pasado de una persona con consumos problem\u00e1ticos, como \u201cadicto-delincuente\u201d. El peso de dichas identificaciones discursivas pasa luego a las pr\u00e1cticas policiales y asistenciales, las cuales generan en la vida de una persona limitaciones, estigmatizaci\u00f3n y discriminaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

Tambi\u00e9n exalta el derecho a que su situaci\u00f3n de padecimiento no se considere como un estado inmodificable, apostando all\u00ed al sujeto y a la posibilidad de evoluci\u00f3n en su salud. A tal fin, resulta imprescindible que las pol\u00edticas de drogas se desarrollen desde un abordaje jur\u00eddico y terap\u00e9utico que considere a las personas que usan drogas como sujetos de derechos, y que se priorice el eje sanitario en los casos que resulte necesario.\u00a0<\/span><\/p>\n

Desde el abordaje terap\u00e9utico, se considera una problem\u00e1tica donde predomina la heterogeneidad, ya que tiene presente como componentes del tema, tanto la sustancia o droga, como el sujeto y el contexto. Las sustancias, afectan de distintas maneras a las personas, que generan diferentes lazos con ella; luego, se presentan diversas demandas en tiempos y momentos distintos. Adem\u00e1s, debe tenerse en cuenta tambi\u00e9n que a menudo aparecen nuevas sustancias y formas de consumo. Por ende, pensar un objetivo \u00fanico de intervenci\u00f3n y estrategia, deja por fuera a muchas personas del sistema sanitario.\u00a0<\/span><\/p>\n

El modelo que llamo de derechos humanos comprende el uso de drogas como un asunto de salud p\u00fablica y, en particular, de salud mental. Propone dos estrategias fundamentales: la atenci\u00f3n primaria de la salud (sistema nacional de salud que presenta el primer contacto de las personas, la familia y la comunidad con el sistema de salud) y la regionalizaci\u00f3n (sistema de atenci\u00f3n destinado a dar respuestas a las diversas necesidades y demandas de servicios que expresa la poblaci\u00f3n).<\/span><\/p>\n

A su vez, debe resaltarse la importancia de una estrategia o pol\u00edtica sanitaria de intervenci\u00f3n general, llamada \u201creducci\u00f3n de riesgos y da\u00f1os\u201d, que interviene para facilitar la atenci\u00f3n y alojar las demandas provenientes de la poblaci\u00f3n en general; fundamentalmente de las personas que desarrollan un consumo problem\u00e1tico. Dicha estrategia est\u00e1 sostenida por una filosof\u00eda de acci\u00f3n sanitaria, educativa y social, no guiada por est\u00e1ndares morales predeterminados, y por la accesibilidad, el acercamiento y la participaci\u00f3n de la comunidad, para contactar a las personas que consumen con el sistema sanitario.<\/span><\/p>\n

Posee, adem\u00e1s, tres objetivos: disminuir el ingreso a consumos adictivos, acotar los riesgos y da\u00f1os asociados, y favorecer las acciones que propendan a superar la adicci\u00f3n. Para ello es importante mantener el contacto y la comunicaci\u00f3n indispensables con el m\u00e1ximo n\u00famero de personas que consumen, para poder brindar la informaci\u00f3n que sea relevante seg\u00fan la oferta asistencial m\u00e1s adecuada.<\/span><\/p>\n

A modo de conclusi\u00f3n, considero que pensar en las personas que usan drogas, debe evitar etiquetamientos, especialmente aquellos que las vinculan con la figura del delincuente, o el agente de contagio de enfermedades, o el responsable de la inseguridad ciudadana; y al mismo tiempo se le debe garantizar activamente el respeto pleno de sus derechos humanos.<\/span><\/p>\n

A tal fin, las pol\u00edticas de drogas deben despenalizar conductas asociadas al consumo (delitos de tenencia, autocultivo, consumo ostentoso, entre otros), implementar estrategias de reducci\u00f3n de da\u00f1os, desestigmatizar el imaginario impuesto sobre las personas que consumen y garantizar que puedan acceder a los dispositivos sanitarios que necesiten en cada momento, respetando la subjetividad.<\/span><\/p>\n

El empleo del control penal no debiera causar mayores da\u00f1os que aquellos que intenta controlar, y lxs agentes de salud p\u00fablica debieran ubicarse en roles que favorezcan a la promoci\u00f3n de la salud, prevenci\u00f3n de la problem\u00e1tica, asistencia terap\u00e9utica, educaci\u00f3n e investigaci\u00f3n cient\u00edfica, desde un abordaje de los derechos humanos.\u00a0<\/span><\/p>\n

En la actualidad, la norma penal criminaliza a las personas que consumen drogas, mientras convive con la ley de salud mental que afianza sus derechos. Estos paradigmas opuestos no pueden sostenerse bajo un m\u00ednimo criterio de coherencia y humanidad.\u00a0<\/span><\/p>\n

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Bibliograf\u00eda<\/span><\/p>\n