{"id":215,"date":"2019-07-07T17:34:58","date_gmt":"2019-07-07T20:34:58","guid":{"rendered":"http:\/\/resetdrogas.com.ar\/?page_id=215"},"modified":"2019-08-17T18:43:27","modified_gmt":"2019-08-17T21:43:27","slug":"objetivos","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/resetdrogas.com.ar\/index.php\/objetivos\/","title":{"rendered":"OBJETIVOS"},"content":{"rendered":"\t\t
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PRESENTACI\u00d3N<\/span><\/span><\/h6>\n

En el a\u00f1o 2009 la Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n resolvi\u00f3 por unanimidad, en el precedente conocido como el fallo \u201cArriola\u201d, la inconstitucionalidad de la criminalizaci\u00f3n de las personas usuarias de drogas prohibidas. Para ello se bas\u00f3 en el an\u00e1lisis de la figura de \u201ctenencia para consumo personal<\/i>\u201d contenida en la actual ley de estupefacientes, que en el presente 2019 cumple treinta a\u00f1os de vigencia (Ley 23.737 de 1989).<\/p>\n

La norma es una de las leyes m\u00e1s vetustas de la regi\u00f3n y el mundo. Su aplicaci\u00f3n ha tra\u00eddo innumerables violaciones a los derechos humanos de las personas usuarias y ha propiciado hechos de violencia institucional incompatibles con nuestra democracia. Su vigencia vulnera el derecho a la salud de quienes precisan atenci\u00f3n sanitaria ante eventuales consumos problem\u00e1ticos y no demandan asistencia ante el temor de ser criminalizados\/as.<\/p>\n

Asimismo produce un dispendio irracional de los recursos de fuerzas de seguridad, fiscal\u00edas y juzgados al perseguir conductas insignificantes relacionadas al consumo. Cuantiosos presupuestos destinados a causas que en la mayor\u00eda de los casos no prosperan, precisamente por la insignificancia e inconstitucionalidad de los delitos que se pretenden reprimir. Todo ello en desmedro de la seguridad urbana en general y de la persecuci\u00f3n de conductas de verdadera gravedad social relacionadas al crimen organizado, el lavado de activos y la corrupci\u00f3n institucional.<\/p>\n

Desde aquella declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad de 2009, se han presentado m\u00e1s de veinticinco proyectos de ley ante el Congreso Nacional provenientes de las m\u00e1s diversas bancadas pol\u00edticas. El fin \u00faltimo de estos proyectos ha sido reformar la ley vigente, acabar con la criminalizaci\u00f3n selectiva de las personas que consumen y reasignar esos recursos a la prevenci\u00f3n\/tratamiento de las adicciones como a la persecuci\u00f3n del crimen organizado. Ninguno de ellos prosper\u00f3.\u00a0<\/p>\n

Decenas de organismos internacionales recomiendan un abordaje no punitivo para con las personas consumidoras y tambi\u00e9n respecto de los delitos de menor cuant\u00eda -como es el caso de la venta minorista de sustancias o de la modalidad de tr\u00e1fico realizada por las mal llamadas \u201cmulas\u201d-. Sobre estos \u00faltimos se afirma la conveniencia de establecer medidas alternativas a la prisi\u00f3n. Asimismo, han proclamado la necesidad de abolir los tratamientos compulsivos, en beneficio de los abordajes relacionados con la gesti\u00f3n de riesgos y reducci\u00f3n de da\u00f1os de la poblaci\u00f3n usuaria de drogas. Nuestro pa\u00eds desoy\u00f3 buena parte de las recomendaciones, al priorizar una mirada b\u00e9lica, represiva y abstencionista que fracas\u00f3 en cada lugar en la que fue implementada durante d\u00e9cadas de prohibici\u00f3n.<\/p>\n

Por otra parte, es alarmante la afectaci\u00f3n diferenciada que el impacto en la aplicaci\u00f3n de estas medidas produce en mujeres e identidades disidentes; especialmente en lo que refiere a los \u00edndices de criminalizaci\u00f3n, prisionizaci\u00f3n y niveles de estigmatizaci\u00f3n. Estas personas suelen ser utilizadas por las redes criminales para desarrollar las tareas menos redituables, m\u00e1s riesgosas y de mayor exposici\u00f3n ante el sistema punitivo, al aprovecharse de una mayor vulnerabilidad socioecon\u00f3mica en un contexto de feminizaci\u00f3n de la pobreza en alza. En el caso de las personas detenidas que son madres, el aislamiento se vuelve m\u00e1s grave tanto para ellas como para sus hijos e hijas. La destrucci\u00f3n del v\u00ednculo materno-filial constituye una pena a\u00f1adida a la condena, que adem\u00e1s les trasciende. En caso de ser personas de origen extranjero, tales circunstancias se agravan por tratarse de los eslabones m\u00e1s d\u00e9biles, fungibles y desechables del mercado ilegal.<\/p>\n

Miles de personas aguardan acceder legalmente a sustancias con fines terap\u00e9uticos\/medicinales, entre ellas el cannabis. La ley 27.350 ha ignorado la principal demanda de esta poblaci\u00f3n: el acceso democr\u00e1tico a la sustancia, incluyendo el autocultivo. Conducta que hoy en d\u00eda se encuentra penalizada con sanciones absolutamente desproporcionadas e inhumanas (4 a 15 a\u00f1os de prisi\u00f3n), comparables, por ejemplo, con el delito de violaci\u00f3n. Tanto a nivel nacional como provincial, no se ha avanzado en materia de regulaciones que brinden cierta tranquilidad y protecci\u00f3n a las personas que acceden a la sustancia en su estado vegetal. Asimismo, el programa de investigaci\u00f3n establecido en aquella norma se encuentra claramente desvirtuado, desfinanciado y paralizado. \u201cEl dolor no puede esperar<\/i>\u201d es una demanda que urge internalizar. El acceso a los usos medicinales, terap\u00e9uticos y paliativos de las sustancias actualmente prohibidas, debe ser materia impostergable de las pol\u00edticas p\u00fablicas.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p>\n

Todo ello, en palabras de un ex Secretario General de la OEA, \u201csignifica interrogarse hasta qu\u00e9 punto las pol\u00edticas vigentes hasta ahora, bajo el paradigma de la penalizaci\u00f3n y criminalizaci\u00f3n, reducen m\u00e1s da\u00f1os de los que precipitan<\/i>\u201d (Insulza, 2013). Ante este escenario, un grupo amplio de pa\u00edses y estados han comenzado hace tiempo a replantear sus pol\u00edticas de drogas, avanzando en la despenalizaci\u00f3n de delitos de consumo, alternativas a la prisi\u00f3n de delitos menores no violentos, regulaci\u00f3n controlada de sustancias, gesti\u00f3n de riesgos y reducci\u00f3n de da\u00f1os, campa\u00f1as de prevenci\u00f3n y tratamientos humanitarios basados en la evidencia cient\u00edfica, amnist\u00edas e indultos de personas injusta e innecesariamente prisionizadas, democratizaci\u00f3n en el acceso a sustancias con fines terap\u00e9uticos, entre otras medidas que se advierten como m\u00e1s humanas y eficaces para abordar el fen\u00f3meno creciente de consumo de sustancias prohibidas.<\/p>\n

Es por ello que en este contexto en el que se cumplen diez a\u00f1os de una sentencia deso\u00edda y treinta a\u00f1os de una ley anacr\u00f3nica en nuestro pa\u00eds, un grupo de voluntades complementarias conformamos RESET, como organizaci\u00f3n interdisciplinaria e intergeneracional, aportando humildemente nuestro compromiso y militancia en la construcci\u00f3n de una pol\u00edtica de drogas eficaz, sensata, humanitaria y respetuosa de los derechos humanos.<\/p>\n

Nos vemos en esa lucha, como en tantas otras.\u00a0<\/p>\n

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OBJETIVOS<\/span><\/span><\/h6>\n

Desde RESET – Pol\u00edtica de Drogas y Derechos Humanos nos propusimos los siguientes objetivos para llevar a cabo nuestro trabajo:<\/p>\n